Centros de primera infancia: que el parche no sea la solución

En el año 2009 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del decreto 306/09, creó el Programa Centros de Primera Infancia (CPI) con el objetivo de "garantizar el crecimiento y el desarrollo saludable de los niños y las niñas de 45 días a 4 años, en situación de vulnerabilidad social, habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, brindando atención integral". Atención que, según el mismo decreto, debía incluir controles de salud, estimulación temprana, educación y asistencia nutricional.

El programa, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad, surgió como una necesidad de contención para aliviar una situación crítica frente a problemas de vulnerabilidad, desnutrición y de un sistema educativo que no daba (ni aún da) abasto para absorber la matrícula de chicos menores de 5 años. En este sentido, los CPI se constituyeron como una buena medida complementaria ante una situación de emergencia. Sobre todo porque el programa se diseñó para articular con el trabajo que ya estaban realizando organizaciones sociales de cada barrio, facilitándoles metodologías y recursos económicos.

Sin embargo, existe una serie de cuestiones críticas entorno a esta política que es necesario resolver. En primer lugar, los CPI no disponen de estándares de calidad, supervisión y auditoría pertinentes, cuestión que es fundamental en toda institución o programa que apunta a generar mayores niveles de igualdad. ¿Cómo podemos saber si los niños de todos los barrios que asisten a estos centros están recibiendo la misma calidad de atención? Hoy es imposible y eso es una falencia muy grave.

Por eso, desde ECO presentamos un proyecto que busca regular y auditar los centros de primera infancia, ya que consideramos que para cumplir las normativas internacionales, nacionales y locales resulta necesario establecer una regulación sobre su funcionamiento y fijar criterios de calidad para la organización, tanto a nivel edilicio como pedagógico.

De esta manera, buscamos eliminar el doble estándar que existe hoy. Ocurre que actualmente sólo algunas pocas instituciones realizan una verdadera labor educativa, mientras que las otras hacen una tarea exclusivamente asistencial. El hecho de que la mayoría de las instituciones a las que acuden los niños de los sectores más vulnerables de la Ciudad tenga un perfil más bien asistencialista se vuelve en sí mismo un hecho discriminatorio, que va en contra del espíritu del programa. Se produce, de este modo, una gran distancia entre las escuelas y los centros de primera infancia, y entre a quienes acceden a unas y otras instituciones.

Al respecto, un interesante análisis sobre los centros de primera infancia publicado en conjunto por Cippec, Unicef y Flacso asegura: "Se observa una marcada heterogeneidad entre las organizaciones que gestionan los CPI, puede ser conveniente avanzar en la definición de claros estándares de calidad. Estos permitirían asegurar que todos los niños que asisten a los CPI reciben un servicio de equivalente calidad".

Todas las tendencias regionales y mundiales al respecto recomiendan reforzar la oferta de instituciones educativo-asistenciales de alta calidad pedagógica desde los 45 días y ofrecer una regulación homogénea que garantice el derecho a la educación y al cuidado desde los primeros días de vida. En ese sentido, asegurar la homogeneidad de los derechos que debe resguardar el Estado no es sólo una cuestión de forma, sino una obligación de fondo.

En segundo lugar, y a pesar de que sea necesario trabajar para mejorar los estándares de calidad, en especial los vinculados con los programas educativos, no podemos dejar de realizar una importantísima salvedad: esta política de ninguna manera puede reemplazar a un jardín de infantes oficial del sistema educativo.

Nos preocupa que el Gobierno de la Ciudad por momentos entienda a esta medida de emergencia buena, pero de emergencia al fin, como una medida suficiente y que, a la vez, sea utilizada para tapar la grave problemática que existe en la Ciudad en relación con la falta de vacantes, especialmente crítica en el grupo etario de menores de 5 años. Nadie puede cuestionar que los servicios ofrecidos en los centros de primera infancia son preferibles a la desatención a la que muchos chicos se verían expuestos de no contar con este recurso, pero bajo ningún punto de vista puede ser considerado como una vacante oficial. Mucho menos como una solución ideal al problema de integración social, desarrollo y equiparación de derechos de los más chicos. Es por ello que es importante dejar claro que potenciar los CPI no puede implicar jamás quitarle prioridad a la construcción de más y mejores jardines de infantes.

La autora es diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ECO).