Para sostener al Estado necesitamos impuestos, pero además sirven para redistribuir la riqueza que se genera en un país. De esa forma, a los que mejor les va pagan impuestos que llegan a los sectores más vulnerables bajo la forma de políticas sociales. Existe también otra razón para que haya impuestos y es para regular el comportamiento de las personas y orientarlo a desistir de aquellas cosas que perjudican a la sociedad y a encauzarlo en aquellas que la benefician. Las dos primeras razones de los impuestos todos las comprenden y comparten, la tercera es casi ignorada y es justamente la que más contribuye al desarrollo de una sociedad moderna.
Esta tercera lógica apunta a que las personas dejen de hacer determinadas cosas y se esfuercen por hacer otras. Todo comportamiento que beneficia a la sociedad recibe un subsidio y todo comportamiento que la ataca recibe un impuesto alto. Por poner un ejemplo, el uso del automóvil sólo beneficia a su usuario y a nadie más. Con esta lógica impositiva, los autos deberían pagar un impuesto tal que compensara a la sociedad por los daños que su uso ocasiona: uso exclusivo del espacio público (calles), invasión del espacio de los peatones (entradas de garage), uso de espacio privado que podría dedicarse a otra cosa (cocheras), sólo para nombrar algunos. Quien no usa el auto, se vería beneficiado al no pagar el impuesto, pero además, si se moviera en transporte público, sería subsidiado gracias a los impuestos que pagan los automóviles. Esto sin contar que toda la infraestructura (vial, agencias de tránsito, etcétera) necesaria para los autos debería solventarse con otro impuesto adicional que sólo pagan los dueños de los vehículos. Esto, por un lado, compensa a quienes no usan el auto, beneficia a quienes se mueven en transporte público y penaliza a quienes con su auto perjudican a la comunidad. Pero algunos automovilistas generan un daño adicional con la contaminación del aire, con el ruido de sus vehículos y con su comportamiento inadecuado al circular. Para lo último están las multas, pero nada se hace contra la contaminación. Los automovilistas ocasionan un perjuicio a la salud de la comunidad y, sin embargo, no la compensan de ninguna forma. Por eso, adicionalmente es necesario un impuesto más duro, que golpee fuertemente a quienes más gases emiten y a quienes hacen más ruido. Incluso sería correcto prohibir la circulación de los vehículos que pasaran cierto límite.
Esta lógica puede aplicarse a la mayoría de los aspectos de los municipios. Aquellos edificios que tengan sus fachadas limpias y arregladas deberían recibir un subsidio y los que no, deberían pagar un impuesto más alto. De esta forma, se orientaría el comportamiento de las personas a que arreglaran las fachadas. Se podría agregar un impuesto a las grandes superficies comerciales, que son las que afean la ciudad y generan problemas de inseguridad, además de la destrucción del tejido social y urbano. Por el contrario, los comercios de los barrios deberían pagar muy pocos impuestos, porque contribuyen a darle vida a la comunidad en la que están, generan trabajo y sobre todo construyen un tejido social que nos enriquece a todos. De esta forma, las grandes superficies se verían desincentivadas y volveríamos a ver nacer los comercios barriales con mucha más fuerza que nunca. No es necesario grandes inversiones, sólo una decisión y las ganas de hacer las cosas.
Pero esta lógica también se puede aplicar a políticas nacionales. Creo que lo que más necesita un país es tener a su población ocupada, el trabajo no es ya un derecho, sino casi una obligación: todos necesitamos contribuir de alguna forma a la sociedad. Por eso, la prioridad de todo gobierno debe ser la generación de empleo, para así darles dignidad a las personas, para que se ganen su sustento trabajando y no dependan de la limosna de nadie. Es aquí donde todo impuesto vinculado al trabajo se torna una aberración; el empleador debería pagar sólo el sueldo neto a los trabajadores, de esa forma, se abaratarían los costos laborales y se incentivaría el empleo de más personas. Ya se solventará con otros impuestos todo lo que hoy se solventa con lo que el Estado les saca directa e indirectamente a los trabajadores.
Según esta lógica, es irrelevante cuánto gana una persona o una empresa, lo que importa es si su actividad realiza algún aporte a la comunidad. En este sentido, los emprendimientos que utilicen mucha mano de obra se deberían beneficiar, mientras que aquellos que no, deberían pagar mayores impuestos. De esta forma, el foco no está en la riqueza generada, que en el fondo es irrelevante, sino en el empleo generado. Mientras que la generación de riqueza beneficia a los dueños del emprendimiento, la generación de empleo beneficia a la comunidad. Esto implicaría, por ejemplo, que aquellas empresas que tienen mayor cantidad de empleados tributen menos de impuesto a las ganancias que aquellas que tienen menos. De esta forma, se impulsan los negocios que tienen mayor dependencia de mano de obra. Lo importante no es si se gana dinero o no, sino si ese dinero que se gana beneficia al país de alguna forma.
Estos son sólo unos ejemplos de grandes cambios que se pueden generar en el país con sólo implementar una novedosa política tributaria. Pero antes de eso, tenemos que pensar qué país queremos, debate que nuestra sociedad tiene todavía pendiente. Reforzar las políticas con cambios en la estructura tributaria tiene dos beneficios: el primero, que se genera automáticamente el presupuesto para el control y el segundo, que es más fácil controlar la recaudación de un impuesto que el cumplimiento de infinidad de normas.
Por eso es que esta lógica impositiva, en donde se alinea económicamente la actividad privada con el bienestar del país, es la mejor forma de impulsar cambios duraderos y claros. No tiene costos y si los tuviera, se financian con el propio impuesto. Mientras la izquierda obsoleta se ocupa de ponerles más impuestos a los ricos, un verdadero progresismo se ocupa de que aquellos que contribuyen al país paguen menos impuestos y aquellos que sólo se benefician a sí mismos paguen más. No se trata de castigar a nadie, sino sólo de alinear los esfuerzos de todos para construir un país que garantice los derechos de sus ciudadanos.
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