El golpe de Estado y la independencia judicial en Turquía

El viernes 15 de julio asistimos al dantesco espectáculo de un nuevo intento de golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente lo cual, a pesar de que la nación afectada no fue una república latinoamericana, sino Turquía, tuvo una profusa difusión en nuestros medios de comunicación. La condena de los países occidentales no se hizo esperar y el fracaso de la intentona parece tranquilizar el espíritu democrático occidental, a pesar del reguero de sangre. Rememorando a un ex mandatario argentino, el presidente Recep Tayyip Erdogan  podría decir que la casa está en orden. Sin embargo, cabe preguntarse si efectivamente ello es así. Si la democracia en Turquía está a salvo o, más precisamente si efectivamente el pueblo turco vive en una democracia asegurada. El repaso de algunos acontecimientos recientes y otros posteriores al golpe frustrado permite, al menos, oponer algunos reparos a una respuesta positiva a esos interrogantes.

Recordemos entonces que, mientras el humo y el desconcierto causado por un atentado terrorista ocurrido en Estambul no se habían disipado, el 30 de junio de 2016 el parlamento de Turquía aprobó un paquete de medidas para reestructurar los altos tribunales turcos con claro debilitamiento de la independencia judicial y contra los planteos de la Unión Europea que una y otra vez expresó su preocupación por la erosión de la independencia del poder judicial en Turquía lo que, si bien no se arguye como un obstáculo, debilita las posibilidades de adhesión del país euroasiático en la UE. Y esto se dio en un contexto en el que el presidente Erdogan busca establecer un sistema presidencialista en el país turco.

Este cambio normativo supuso una victoria para el partido presidencial (AKP) puesto que le permite al poder ejecutivo desplazar jueces prácticamente a su antojo y tener un mayor control sobre todo el poder judicial. Pero, como cabía esperar, las voces favorables a una judicatura independiente se hicieron sentir. Así lograron que el principal partido de la oposición, el CHP, asegurara la impugnación de la nueva ley ante el Tribunal Constitucional, puesto que se esperaba que con esta reforma judicial, la mayoría de los más de setecientos jueces que conforman los dos principales tribunales, el Consejo de Estado (para los casos de los ciudadanos contra el gobierno) y el Tribunal Supremo de Apelación, serían apartados y el nombramiento de los magistrados en lo sucesivo se llevará a cabo por medio del Consejo Superior de Jueces y Fiscales, institución bajo el control del poder ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Luego del fallido intento de golpe de estado, Erdogán fue por todo: han detenido a una treintena de magistrados y desplazado en total a dos mil setecientos cuarenta y cinco jueces de todas las instancias. Curiosamente, o no, la idea de estas purgas a gran escala en el poder judicial turco tuvieron su génesis en diciembre de 2013, momento en el que salió a la luz un caso de corrupción que afectaba a miembros del gobierno del AKP y al propio hijo del presidente Erdogan.

Como los fines no justifican los medios, no cabe más que adherir a la repulsa del intento de derrocar a un gobierno electo democráticamente por la fuerza. No obstante, no puede dejar de observarse con preocupación republicana el futuro de la justicia turca. Esta cuestión explica mucho, aunque no del todo ya que quedan de lado otros factores, la iniciativa de los militares sublevados, especialmente teniendo en cuenta que las fuerzas armadas, herederas del espíritu de Atatürk, se consideran a sí mismas las garantes de la estabilidad y el laicismo. Como bien señala Federico Gaon, "tras experimentar cuatro golpes de Estado, la historia contemporánea de Turquía está marcada por una tensión permanente entre el aparato civil y el castrense. Ya en términos más concretos, las vicisitudes de Erdogan en el escenario regional, su política perjudicialmente ambivalente con relación al Estado Islámico (ISIS), y la consecución de su agenda islamista en el plano doméstico, son factores que posiblemente expliquen parte de la motivación de los generales rebeldes".

Desde la óptica de la independencia judicial Turquía vive una situación crítica y el porvenir es bastante oscuro. Todo indica  que a partir de ahora el poder de Erdogan se incrementará notablemente en detrimento del Poder Judicial, por lo que es de esperar que la tendencia totalitaria del Gobierno aumente.

Es de desear que no sea ese el destino del pueblo turco. La independencia del poder judicial es una garantía de los ciudadanos para que quienes tienen a su cargo la tarea diaria de impartir justicia en los casos sometidos a su examen, lo hagan de conformidad con el derecho aplicable, impávidamente, razonablemente, racionalmente y sobre todo, libres de influjos externos, significando un límite concreto a los demás poderes del Estado, frenando una intromisión indebida, y por cualquier medio, de estos en las decisiones jurisdiccionales y soberanas de los magistrados.

*El Dr. Javier López Biscayart es juez nacional en los Penal Tributario, tarea por la que fue reconocido con el premio Konex y el premio Universidad de Belgrano en 2008 y 2009 respectivamente. Se desempeña como profesor en universidades públicas y privadas. Disertó en decenas de eventos académicos en el país y en el exterior, y publicó artículos relacionados con las disciplinas de su especialidad. Por el libro "Derecho Penal Tributario – Cuestiones Críticas", del que es coautor, obtuvo Mención de Honor otorgada por el Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Tiene estudios de posgrado en instituciones argentinas y extranjeras.