Los hechos son porfiados, así también los estadistas

Deseamos ver al frente de los destinos de la república hombres patriotas, liberales, progresistas, que imprimiendo a la marcha del país un derrotero nuevo, lo aparten de la senda trillada por los Gobiernos obcecados, vengativos, inertes para el bien, ocupados sólo de satisfacer ambiciones ilegítimas, y que lo mantienen como el Prometeo de la fábula, amarrado a la roca de sus viejas desgracias.

José Hernández

Fue Benjamin Disraeli, el gran primer ministro de la reina Victoria, quien inspiró en Winston Churchill el sentido del realismo y la predestinación. La historia reivindica la porfía de Churchill de jamás negociar bajo amenaza. Lo cierto es que, de 1939 a 1942, el Gobierno de coalición pendía de un hilo. Gran Bretaña sufría una derrota tras otra, Londres soportaba bombardeos masivos y varios ministros urgían al rey Jorge a negociar con Adolf Hitler.

El gran capital político del Gobierno argentino es haber llegado al poder por la vía democrática. Por más urgencias que haya, debe mantener el ímpetu democrático a rajatabla y profundizarlo lo más posible. El desafío histórico que enfrenta —sentar bases sólidas para un país en desarrollo acelerado— requiere claridad de ideas, capacidad de acción y una fuerza de voluntad inquebrantable. De lo que se trata es de lograr los equilibrios fundamentales "¡y dejarse de Bolsa, Tesoros, bimetalismo y música celestial!", como quería Carlos Pellegrini.

La mayoría de los argentinos sabe que nuestros esfuerzos por constituir un régimen económico eficaz no van a servir de nada si en el trámite perdemos la democracia política y la libertad individual. Hemos aprendido, a través de un duro proceso colectivo de prueba y error, que el primer mandato del Estado es consolidar la paz interior. Y que el principio ordenador de las naciones civilizadas es la garantía de libertad responsable y justicia que da la aplicación pareja de una misma ley para todos. Claro que el derecho por sí solo no puede salvarnos de nuestros fantasmas. Por ejemplo, la introducción de instituciones de tradición parlamentarista, como el jefe de gabinete de ministros o la consulta y la iniciativa populares de la reforma constitucional de 1994, debió favorecer la conformación de alianzas, que siguen siendo tan trabajosas como siempre.

A pesar de todo, la mayoría de los argentinos ha vivido la mayor parte de sus vidas en la legalidad democrática, y la legitimidad electoral es la regla. Se trata de la noción intuitiva de justicia como regularidad, consolidada en la psique social por el acostumbramiento. Esto no quiere decir que no haya abusos y fraudes, pero lo que hay que hacer para corregirlos es claro. Porque la mayoría de los problemas son acuciantes, la discusión ahora se concentra en la capacidad del sistema de gobierno de cumplir con los mandatos prácticos del electorado. Se trata de una legitimidad funcional, porque la de los votos no alcanza, muy parecida a la capacidad de respuesta del sector privado en la provisión de bienes y servicios a precios y calidades competitivos. Es la noción intuitiva de justicia como predictibilidad, el motor de la automaticidad y aceleración de las transacciones económicas. En este campo la Argentina tiene mucho camino por recorrer pero hay evidencia de progreso.

Hay otro nivel de legitimidad que es más arduo de alcanzar. La distribución de la riqueza en la Argentina —la incidencia de las crisis financieras, de los ajustes estructurales, de la carga tributaria, el acceso a los bienes públicos— es demasiado regresiva para un país de desarrollo intermedio. Se trata de la noción de justicia como equidad, que rechaza la coerción que resulta de la acción de individuos, grupos o sistemas cuyos privilegios capturan la parte del león del producto social en desmedro de los que están al borde del abismo. Como a menudo ese estado de cosas resulta de la corrupción política y la ineficiencia administrativa, es difícil prever que, sin una legitimidad más tolerable, se pueda alcanzar la estabilidad de largo plazo. La solución es más acceso a la información para que los electores puedan optar según su mejor entender. Y, en lo institucional, incrementar la transparencia, porque "la luz del Sol es el mejor de los desinfectantes", como advertía el ministro de la Corte Suprema estadounidense Louis Brandeis.

La marea democratizadora debería llegar a todos los ámbitos, incluidas todas las funciones de conducción de todas las autoridades de todas las actividades que producen bienes públicos, como la representación sindical, el gobierno de las profesiones, los partidos políticos o la organización del fútbol profesional. Pero no mediante votaciones en ámbitos herméticos, a mano alzada y sin periodicidad preordenada. Por el contrario, toda autoridad debe resultar del voto secreto de los miembros de base legalmente habilitados por actividad, asegurando un debido proceso legal y reglamentario (registro abierto al público de miembros, veedores comiciales, financiación abierta de las campañas, auditorías independientes). La representación debe tener un término taxativo (máximo cinco años) y también la reelección (máximo tres períodos).

Quienes promuevan la supremacía de la ley, la gobernanza ética y la rendición de cuentas por los actos de Gobierno pasarán a la historia como estadistas dedicados a "la obra interminable de nuestro edificio político", como quería Juan B. Alberdi. Si no, habremos perdido una nueva oportunidad histórica, atendiendo meramente "las necesidades del día presente".

El autor es profesor de Economía y Gobernanza Internacionales de la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de Ginebra.