El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert R. Ramdin, afirmó el 2 de octubre de 2026 que la resolución sobre Nicaragua aprobada por los Estados Miembros abre un proceso diplomático con plazos definidos para impulsar condiciones democráticas, proteger los derechos de la población y permitir elecciones libres, justas e inclusivas.
La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores permanecerá formalmente abierta y podrá ser convocada otra vez dentro de los 90 días posteriores al primer encuentro del grupo creado para seguir la situación nicaragüense. La Presidencia también podrá reunirla antes si las circunstancias lo requieren.
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Ramdin sostuvo que los países de las Américas acordaron un mecanismo para promover el diálogo diplomático, evaluar avances y definir nuevas medidas. La Secretaría General de la OEA deberá aportar sus capacidades técnicas a ese trabajo.
La liberación de presos políticos y el retorno sin represalias
La resolución exige a las autoridades nicaragüenses la liberación incondicional de todas las personas encarceladas por razones políticas y la divulgación del paradero y el estado de quienes fueron sometidos a desaparición forzada.
También reclama la restitución de la nacionalidad y de los derechos vinculados a ella para quienes hayan sido privados arbitrariamente de esos reconocimientos. El retorno de esas personas deberá ser seguro, voluntario y sin temor a represalias.
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El acuerdo plantea además el restablecimiento del espacio cívico y de las libertades fundamentales para que los medios de comunicación independientes, la sociedad civil, las instituciones religiosas, las universidades y las empresas puedan desarrollar sus actividades sin restricciones.
La recuperación institucional incluye la independencia de los poderes del Estado, la separación de poderes, el pluralismo político y la existencia de autoridades electorales confiables con observación electoral internacional. Según el secretario general, esas condiciones permitirían que la ciudadanía participe en la vida pública, recupere la confianza en las instituciones y defina el futuro político del país.
Un grupo ministerial con plazos de 30 y 60 días
La resolución creó un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, que deberá iniciar sus actividades dentro de los 30 días posteriores a la adopción del acuerdo. Su tarea será procurar un diálogo directo con las autoridades nicaragüenses y realizar una visita al país, preferentemente encabezada por ministros de Relaciones Exteriores.
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El grupo también deberá reunirse con sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales, incluida la oposición, organizaciones de la sociedad civil y comunidades nicaragüenses en el exilio. Ramdin señaló que la región reconoce por primera vez a esos actores como interlocutores legítimos en la definición del futuro democrático de Nicaragua, en un escenario de restricciones al espacio cívico dentro del país.
Dentro de los 60 días siguientes a la aprobación de la resolución, el grupo tendrá que presentar recomendaciones a la Reunión de Consulta. Esas propuestas podrán incluir acciones diplomáticas y jurídicas concretas, sin uso de la fuerza y compatibles con el derecho internacional.
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La OEA también alentó el respaldo a las investigaciones y a la documentación de violaciones graves de derechos humanos, así como a la preservación de pruebas. La rendición de cuentas, afirmó Ramdin, es necesaria para una recuperación democrática duradera.
El apoyo técnico de la Secretaría General
La Secretaría General de la OEA continuará con sus mandatos vigentes respecto de Nicaragua y pondrá a disposición del proceso su experiencia diplomática, conocimientos especializados y continuidad institucional. El objetivo será convertir las decisiones aprobadas en una labor diplomática sostenida.
Ramdin reconoció que el avance dependerá de cambios concretos dentro de Nicaragua y de la voluntad de los Estados Miembros de mantener el seguimiento acordado. La resolución fija una responsabilidad compartida para buscar soluciones pacíficas y mantener los derechos democráticos de la población nicaragüense como eje de las gestiones regionales.
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