El Gobierno español concede la nacionalidad a 46 nicaragüenses perseguidos por el régimen de Ortega y Murillo

El Gobierno de España concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza a 46 ciudadanos nicaragüenses, entre ellos líderes campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y presos políticos excarcelados, como medida de protección frente a la persecución política y la pérdida arbitraria de la nacionalidad impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó Despacho 505.

La decisión fue aprobada por el Consejo de Ministros español durante su sesión del martes 20 de octubre de 2026 y quedó formalizada mediante los Reales Decretos 870/2026 al 915/2026.

Los decretos fueron firmados el 21 de octubre por el rey Felipe VI y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La resolución fue publicada este viernes 23 de octubre en el Boletín Oficial del Estado.

Entre los beneficiarios se encuentran el líder campesino y excarcelado político Medardo Mairena Sequeira; la abogada y defensora de derechos humanos María del Socorro Oviedo Delgado; el opositor Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero; el expreso político y miembro de la familia Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios; la activista universitaria Adela Elizabeth Espinoza Tercero, y el opositor Abdul Montoya Vivas.

La concesión se basa en las “circunstancias excepcionales” previstas por la legislación española. La nacionalidad por carta de naturaleza es un procedimiento discrecional regulado en el artículo 21 del Código Civil español.

A diferencia del trámite ordinario por residencia, no exige haber cumplido un periodo mínimo de permanencia legal en España y puede otorgarse mediante una decisión del Consejo de Ministros ante situaciones de persecución o vulnerabilidad.

La medida se produce después de que, en febrero de 2023, el régimen nicaragüense despojara de su nacionalidad a cientos de opositores, periodistas, religiosos y defensores de derechos humanos. Según la información publicada por Despacho 505, las autoridades nicaragüenses también han bloqueado la emisión o renovación de pasaportes en sus sedes consulares, lo que ha dificultado la movilidad y la regularización de las personas afectadas.

Para que la concesión sea efectiva, cada beneficiario deberá completar el trámite de juramento o promesa de fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes españolas, dentro de los plazos establecidos por la legislación de ese país.

La Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo (ACDD) celebró la decisión del Gobierno español. José Denis Cruz, coordinador general de la organización con sede en Madrid, afirmó que la medida representa “un respaldo para quienes han sido despojados de derechos fundamentales y necesitan recuperar la seguridad jurídica y la posibilidad de reconstruir sus vidas”.

Cruz señaló que la apatridia no constituye únicamente un problema documental, porque afecta la identidad, la libertad de movimiento, el ejercicio de derechos y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida. La organización espera que la decisión española permita ampliar la protección a otros nicaragüenses que atraviesen situaciones similares.

De acuerdo con datos de la Oficina de Asilo y Refugio de España, Nicaragua se encuentra entre los tres países con más de beneficiarios de protección internacional en el país europeo. De hecho, entre 2018 y 2025, el país español ha brindado asilo a 5,747 nicaragüenses.

El asilo es concedido por España cuando existen temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política.