Estados Unidos vincula la minería china en Nicaragua con presión fronteriza sobre Costa Rica

La Embajada de Estados Unidos en San José afirmó este viernes que las prácticas de empresas mineras chinas en Nicaragua están empujando a mineros artesanales a cruzar hacia Costa Rica, donde realizan extracción ilegal de oro en la zona fronteriza norte.

La representación diplomática sostuvo, en una publicación en redes sociales, que esas compañías suelen aplicar métodos coercitivos contra pequeños productores nicaragüenses, entre ellos la compra de mineral a valores inferiores a los del mercado. Según la embajada, esa situación ha incentivado el traslado de trabajadores hacia territorio costarricense.

“Cada vez más mineros nicaragüenses cruzan la frontera para ingresar ilegalmente y extraer oro ilegalmente”, señaló la sede diplomática estadounidense. La publicación no precisó la cantidad de personas que habría atravesado la frontera ni identificó a las compañías vinculadas con esas denuncias.

El mensaje añadió que la actividad ejerce una presión creciente sobre la frontera norte de Costa Rica. Estados Unidos, de acuerdo con la embajada, respalda al país centroamericano en las tareas de protección fronteriza y en la lucha contra la minería ilegal y otros delitos asociados al tránsito transfronterizo.

El señalamiento ocurre después de una expansión de las concesiones mineras entregadas por el Gobierno de Nicaragua a empresas de capital chino. Una publicación de Forbes Centroamérica indica que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “ha otorgado entre 2021 y junio de 2026 concesiones mineras en 84 lotes a 22 empresas chinas que ocupan 1,277,389.38 hectáreas, lo que representa el 10% del territorio nicaragüense, que incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y/o afrodescendientes”.

Los datos están basados en registros de la oenegé ambientalista Fundación del Río.

Según una publicación de octubre de 2025 de la agencia EFE, las autorizaciones abarcan áreas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, el denominado Triángulo Minero y departamentos del centro, norte y sur del país. Entre las zonas incluidas figuran municipios de Nueva Segovia, Boaco, Chontales, Estelí y las regiones del Caribe.

Las concesiones autorizan el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos, bajo modalidades que incluyen la minería a cielo abierto. Parte de los lotes se ubica en zonas cercanas a territorios indígenas y reservas ambientales, según las resoluciones oficiales citadas por medios independientes y agencias internacionales.

Un informe de la Fundación Andrés Bello, difundido en octubre de 2025 y basado en datos oficiales analizados por el medio nicaragüense Confidencial, estimó que ocho empresas chinas acumulaban 503,562 hectáreas en concesiones mineras entre 2023 y 2025.

Brother Metal, Zhong Fu y Thomas Metal concentran parte de los lotes

Entre las compañías que han recibido mayores extensiones figura Zhong Fu Development S.A., que en mayo de 2024 acumulaba ocho lotes con alrededor de 181 mil hectáreas, de acuerdo con un análisis de Confidencial sobre publicaciones de La Gaceta, el diario oficial nicaragüense.

A esa firma se sumaron Thomas Metal S.A., Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., Brother Metal S.A., Waslala Mine S.A., Three Gold Coins Company S.A. y Little Stone Mine S.A. Las licencias suelen tener una vigencia de 25 años e incluyen derechos para la exploración, la explotación y la instalación de plantas destinadas al procesamiento de minerales.

En junio de 2025, el Ministerio de Energía y Minas concedió dos nuevos lotes a Brother Metal y Thomas Metal, con una extensión conjunta de 29,613,96 hectáreas en municipios de la Costa Caribe Norte. Con esas resoluciones, el número de concesiones otorgadas a firmas chinas había ascendido a 21, por un total de 196,640.35 hectáreas, según EFE.

El crecimiento de las áreas bajo control de estas empresas coincide con el aumento del peso del oro dentro de las exportaciones nicaragüenses. También ha elevado la preocupación por los efectos sobre la minería artesanal, las comunidades asentadas en las áreas concesionadas y los ecosistemas cercanos a las zonas de extracción.