La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó este lunes que la represión en Nicaragua se profundizó y alcanzó a todos los sectores de la sociedad, ocho años después del inicio de la crisis política que siguió a las protestas de abril de 2018.
El organismo presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe que evalúa la situación de las libertades fundamentales entre junio de 2025 y junio de 2026. El documento concluyó que en el país “ya no existe el pluralismo político” ni en las instituciones nacionales ni en los gobiernos locales.
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La directora de Operaciones Globales de la oficina, Maarit Kohonen, sostuvo que la concentración del poder político se refleja en la ausencia de disidencias dentro de la Asamblea Nacional. Durante el período analizado, las 185 votaciones realizadas en el Parlamento no registraron un solo voto en contra.
Kohonen señaló ante los Estados miembros del Consejo que el control también se extiende a las administraciones municipales. Según expuso, el partido sandinista mantiene el dominio de las 153 municipalidades de Nicaragua.
La delegación nicaragüense no participó de la sesión. El país se retiró del Consejo de Derechos Humanos en 2025, una decisión que también adoptaron Estados Unidos e Israel.
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Las reformas institucionales reforzaron el control del Ejecutivo
La oficina que encabeza el alto comisionado Volker Türk vinculó el deterioro de los derechos políticos con una sucesión de reformas institucionales y legales. Kohonen afirmó que estos cambios redujeron las posibilidades de fiscalización sobre el poder y reforzaron las atribuciones de la Presidencia.
Entre las medidas mencionadas figura una reforma aprobada en 2025 que subordinó los órganos de control y otorgó al régimen la facultad de designar al procurador general de Justicia. La funcionaria alertó que esa reforma avanzó en la misma dirección.
Según Kohonen, esa reforma incluye restricciones amplias a la participación política que podrían excluir aún más a sectores opositores. “La última reforma constitucional propuesta y aprobada el 1 de septiembre profundiza esta tendencia”, afirmó durante la presentación del informe, según informó EFE.
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El reporte expuso además el cierre casi completo del espacio cívico. Desde 2018, las autoridades cancelaron 5,539 organizaciones y clausuraron 56 medios de comunicación, de acuerdo con los datos de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La ONU registró detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia estatal
El informe también consignó incidentes de hostigamiento contra integrantes de la Iglesia católica. Kohonen indicó que más de la mitad de las diócesis del país permanecen sin obispo debido al exilio de sus titulares.
En los 12 meses revisados, la oficina documentó al menos 35 casos de detenciones arbitrarias. La funcionaria consideró especialmente preocupante el incremento de muertes de personas que permanecían bajo custodia estatal.
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El organismo recibió denuncias sobre al menos cuatro muertes de detenidos entre junio de 2025 y junio de 2026. Entre los casos mencionados figura el de Brooklyn Rivera, líder indígena miskito y opositor al régimen, cuya muerte fue denunciada mientras se encontraba privado de libertad.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró su pedido a Nicaragua para que libere a todas las personas detenidas de forma arbitraria, suspenda las prácticas de represión y retome la cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de protección de derechos humanos.
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