La presidenta de la Corte Suprema de Nicaragua reivindicó su pasado de “asaltabancos”

“A mí me da un poco de risa cuando los golpistas dicen ‘traficante’ y ‘asaltabancos’”, dijo Ana Julia Guido Ochoa, 67 años, pocos días después de asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua.

Guido no negó el señalamiento. Por el contrario, reivindicó aquellas acciones de su adolescencia guerrillera y explicó que formaban parte de las tareas que los militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) realizaban para financiar la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle.

“Entonces, realmente a mí en lo personal cualquier cosa que digan me da risa”, continuó Guido en una entrevista transmitida el sábado 5 de septiembre de 2026 por Canal 8, TN8, en el programa oficialista La Notificación.

“Eso son asuntos que ya todos lo teníamos que hacer para poder sobrevivir. En aquellos momentos de lucha contra el somocismo nosotros trabajamos en función de ¿qué? De sostener la organización, las armas (...), teníamos que a veces hacer recuperaciones económicas”.

“Recuperación” es el eufemismo con que el Frente Sandinista llamaba a los asaltos y robos, que además de sucursales bancarias incluyeron negocios privados y secuestros.

Cuatro días antes de las declaraciones de Guido, el martes 1 de septiembre, la Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, había elegido y juramentado por unanimidad a Guido como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Como vicepresidente fue escogido José Manuel Fuertes Toledo, ex militar y ex secretario político del FSLN en Boaco.

Las candidaturas de ambos fueron presentadas directamente por la Presidencia de la República, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Guido había llegado a la Corte apenas nueve meses antes, el 26 de noviembre de 2025, cuando fue electa magistrada junto con Shura Bonilyn Welcome Crawford, José Manuel Fuertes Toledo, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Ernesto Rothschuh Andino.

Su ascenso a la presidencia de la CSJ culminó una trayectoria de más de cinco décadas que comenzó en la guerrilla sandinista, continuó durante 27 años en la Policía, la llevó posteriormente a la Fiscalía General de la República y terminó colocándola al frente de un Poder Judicial profundamente transformado por las purgas internas y las reformas impulsadas por Ortega y Murillo.

Guido nació el 16 de febrero de 1959 en Matagalpa, en una familia campesina vinculada tempranamente con el FSLN. Sus padres, Julio César Guido y María Ochoa, colaboraron con la guerrilla y su casa funcionó como refugio para combatientes sandinistas. Dos hermanos suyos, Julio José y Leonel Guido Ochoa, murieron a manos de la Guardia Nacional en 1977 y 1979, respectivamente.

Ella también se incorporó muy joven al Frente Sandinista. Según su propio relato, fue reclutada por René Núñez y Juan de Dios Muñoz y en 1977 estuvo presa en las cárceles somocistas. Antes, cuando tenía apenas 15 años, ya había participado en una de las llamadas “recuperaciones económicas” de la guerrilla.

Una de esas acciones ocurrió el 18 de diciembre de 1974 contra una sucursal del Banco Nacional de Nicaragua en Abisinia, El Cuá, Jinotega. Según la reconstrucción histórica, Guido participó junto con Juan de Dios Muñoz, Aurelio Carrasco, Inés Hernández, René Núñez y Carlos Agüero. El comando se llevó 41,972 córdobas de la época, unos seis mil dólares actuales.

Durante los años sesenta y comienzos de los setenta, el FSLN desarrolló una ola de asaltos a bancos, casas comerciales y vehículos de distribución para obtener dinero con el cual comprar armas, vehículos y avituallamiento para sus estructuras urbanas y guerrilleras. En septiembre de 1968, La Prensa contabilizaba diez asaltos atribuidos al Frente Sandinista que habían dejado tres muertos y varios heridos.

El propio Daniel Ortega fue uno de aquellos asaltantes.

El 21 de julio de 1967 participó en el robo de la sucursal Kennedy del Banco de Londres, en Managua, junto con Selim Shible, Axel Somarriba y otros integrantes de la organización. Los asaltantes encerraron a los empleados, obligaron al gerente a abrir la caja fuerte y huyeron con 225,100 córdobas (unos 32,200 dólares). Ortega admitiría después que había recibido la tarea de obtener fondos mediante lo que entonces denominaban “golpes económicos”.

Fue capturado el 18 de noviembre de 1967. Un jurado lo declaró culpable en marzo de 1969 y fue condenado a 14 años de prisión. Solo cumplió siete. En diciembre de 1974 salió de la cárcel junto con otros 13 presos sandinistas como resultado del asalto a la casa del ministro somocista José María “Chema” Castillo. En 1987, siendo ya presidente de Nicaragua, Ortega confirmó a la revista Playboy su participación en el robo: “Sí. Fui sentenciado a 14 años de cárcel”.

Sin embargo, los asaltos no gozaban de aceptación unánime dentro del propio sandinismo. La ex guerrillera Mónica Baltodano ha explicado que Carlos Fonseca Amador, fundador y máximo dirigente del FSLN, “no era muy amigo de los asaltos”. Según Baltodano, esa posición influyó para que disminuyera esa forma de financiamiento, entre otras razones porque las operaciones dejaban muchas víctimas. “Aparte que era una mortandad muy grande”, explicó.

Guido, en cambio, más de medio siglo después sigue justificando aquellas operaciones como una necesidad de la lucha guerrillera.

Después del triunfo de la revolución en julio de 1979, Ana Julia Guido cambió la clandestinidad por el uniforme policial. Se incorporó a la recién creada Policía Sandinista y permaneció en la institución durante aproximadamente 27 años. Fue jefa de Asuntos Internos, directora de Seguridad Pública Nacional, subdirectora general y alcanzó el grado de comisionada general.

A mediados de la década de 2000 estuvo cerca de dirigir la Policía Nacional. La sucesión del entonces director Edwin Cordero terminó concentrándose entre dos comisionadas generales: Guido y Aminta Granera.

Guido contaba con respaldo dentro de la estructura policial, pero su identificación abierta con el sandinismo y su histórica cercanía con Daniel Ortega, entonces líder de la oposición, pesaron en la decisión del gobierno de Enrique Bolaños.

Aunque ella intentó proyectarse como una oficial institucional y aseguró que estaba “apegada completamente a la ley”, Bolaños escogió finalmente a Granera, quien asumió la jefatura policial el 5 de septiembre de 2006. Guido pasó a retiro ese mismo año.

Daniel Ortega regresó a la Presidencia en enero de 2007 y Guido fue incorporada al Ministerio Público como fiscal general adjunta. En abril de 2014, con el oficialismo controlando ya la Asamblea Nacional, fue nombrada fiscal general de la República, la primera mujer que ocupó ese cargo en Nicaragua. En 2023 fue reelegida.

Fue desde la Fiscalía donde Guido se convirtió en una de las funcionarias más cuestionadas internacionalmente del régimen de Ortega y Murillo.

Organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros responsabilizaron al Ministerio Público bajo su dirección de participar en la persecución contra opositores, especialmente después de las protestas de abril de 2018.

Estados Unidos y la Unión Europea señalaron que la Fiscalía creó estructuras para procesar a manifestantes y opositores y promovió acusaciones de motivación política.

En 2021, la institución dirigida por Guido abrió investigaciones contra aspirantes presidenciales y dirigentes opositores utilizando, entre otras normas, la Ley 1055, conocida como Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Varios de los investigados terminaron encarcelados y fuera de la contienda electoral de noviembre de ese año.

Estados Unidos sancionó personalmente a Guido el 9 de octubre de 2020. El Departamento del Tesoro sostuvo que había “permitido y se benefició de las actividades represivas” del gobierno.

La Unión Europea la incluyó en su lista de sancionados el 2 de agosto de 2021 por su papel en la represión contra la sociedad civil y la oposición. Posteriormente también fue sancionada por Reino Unido. En abril de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas la incluyó entre 54 altos funcionarios señalados como responsables de la represión.

Las sanciones no frenaron su ascenso dentro de las estructuras del poder. En febrero de 2023, Ortega y Murillo le otorgaron la Orden Augusto C. Sandino en su máximo grado. Murillo la presentó entonces como una “guerrillera de indudable valentía en toda circunstancia”. Dos años después fue llevada de la Fiscalía a la Corte Suprema.

Su llegada coincidió con una profunda reestructuración del Poder Judicial. En los últimos dos años nueve magistrados han presentado sus renuncias, mientras la reforma constitucional aprobada en 2025 dejó a la Corte formalmente subordinada a la Presidencia de la República.

La principal víctima política de ese proceso fue Alba Luz Ramos, quien durante años había presidido la Corte Suprema. Ramos quedó apartada de facto de sus funciones durante casi tres años hasta que finalmente presentó su renuncia alegando motivos de salud. Fue la novena magistrada en abandonar el tribunal en dos años. Su salida abrió definitivamente el camino para que Guido asumiera la presidencia.

La nueva presidenta llega así a la cabeza del sistema judicial después de haber ocupado posiciones relevantes en tres instituciones fundamentales del Estado: Policía, Fiscalía y Corte Suprema. Su carrera pública también recorre distintas etapas del sandinismo, desde la lucha armada contra Somoza hasta el actual gobierno de Ortega y Murillo.