Nicaragua es el único país de Centroamérica que no divulga desde 2021 los anuarios de la Policía Nacional y el Ejército con cifras actualizadas sobre violencia y crimen organizado, una ausencia que impide contrastar la seguridad interna, evaluar políticas públicas y coordinar respuestas regionales frente al narcotráfico.
La percepción ciudadana contrasta con la falta de registros oficiales disponibles. Un sondeo de Hagamos Democracia, presentado el 21 de abril de 2026, indicó que el 76.1% de los nicaragüenses considera que la criminalidad aumentó en el país.
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Antes de las protestas ciudadanas de 2018, la Policía procesaba los datos del año anterior durante el primer trimestre y difundía sus estadísticas entre marzo y julio. Tras las manifestaciones, las publicaciones comenzaron a demorarse hasta que dejaron de aparecer, según CONFIDENCIAL.
El Ejército continúa entregando públicamente sus memorias anuales a Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero esos compendios ya no están disponibles para la población en su sitio web. La última memoria fue entregada el 2 de septiembre de 2026 por el general de Ejército Julio César Avilés, jefe de las Fuerzas Armadas, durante el acto por el 47.º aniversario de la institución.
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Un punto ciego para la seguridad centroamericana
La falta de datos elimina la posibilidad de comparar tendencias delictivas, prioridades estatales y prácticas de seguridad entre los países de la región. También deja sin información verificable a organizaciones independientes que estudian las rutas del narcotráfico, las armas y la trata de personas.
La criminóloga costarricense Tania Molina describió la consecuencia regional: “Desaparecen las comparaciones regionales porque no hay cómo identificar tendencias, prioridades, buenas prácticas. Es un punto ciego en el mapa del crimen organizado de Centroamérica, que es exactamente uno de los corredores más activos del hemisferio”.
El gobierno de Ortega y Murillo sostiene que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica y que su estrategia constituye un muro de contención frente al narcotráfico, pese a los decomisos de cargamentos de droga procedentes del país que han reportado naciones vecinas.
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El Ejército afirmó en un comunicado de enero de 2026: “Reiteramos que somos el país más seguro de la región y uno de los más seguros del continente. No somos puente del narcotráfico, tenemos fronteras seguras y nuestras tropas con sus patrullajes continuos evitan el ingreso de migrantes ilegales, mareros, pandillas y terroristas, no existiendo estas expresiones en nuestro país. No existe el sicariato; no somos bodega del narcotráfico, no tenemos pistas clandestinas”.
La Policía y las Fuerzas Armadas difunden de manera esporádica comunicados con algunos datos sobre decomisos de drogas, accidentes de tránsito y homicidios. Las cifras de siniestros viales, que antes se comunicaban semanalmente, pasaron a expresarse como aumentos o descensos porcentuales y en 2026 dejaron de incluir cantidades absolutas.
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La opacidad coincide con la liberación de más de 69,000 reos comunes entre 2014 y septiembre de 2026. Organizaciones feministas han cuestionado las excarcelaciones antes del cumplimiento de las penas porque vinculan esa política con el incremento de femicidios y de la delincuencia general.
Más presupuesto y menos información pública
Un especialista nicaragüense en seguridad, consultado bajo reserva de identidad, atribuyó la falta de anuarios a dos factores: la reducción de la cooperación externa que financiaba su publicación y la decisión política de ocultar información sobre escenarios negativos.
“La mayoría de los anuarios estadísticos se publicaban con fondos de cooperación externa y contraparte nacional. Es probable que hayan recortado la publicación como un efecto de la reducción de la cooperación externa. Otra razón puede ser la política gubernamental de ocultar la información que presente escenarios negativos”, señaló.
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Las partidas asignadas a ambas instituciones crecieron durante ese período. La Policía pasó de recibir 3.654,7 millones de córdobas en 2018 a 5.622,3 millones en 2026, mientras que el Ejército elevó su presupuesto de 2.577,6 millones a 5.322,8 millones de córdobas.
La ausencia de estadísticas se extendió a otras entidades estatales. El Instituto Nacional de Información del Desarrollo, conocido como Inide, incorporaba cifras policiales sobre violencia en sus anuarios y compendios de estadísticas vitales, pero sus publicaciones más recientes datan de 2023.
El Banco Central de Nicaragua también dejó de publicar ese año su anuario estadístico de cooperación externa, sin una explicación pública. La legislación nicaragüense obliga a las instituciones a sistematizar y divulgar información: el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que “cada entidad pública deberá sistematizar la información para facilitar el acceso de las personas a la misma, así como su publicación a través de los medios disponibles utilizando sistemas computacionales e información en línea en Internet”.
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Obstáculos para la cooperación y las investigaciones regionales
Los organismos internacionales necesitan estadísticas públicas, desagregadas y comparables para identificar necesidades y financiar programas de seguridad. Molina explicó que “la información verificable es una condición para operar, no una preferencia”.
Los fondos multilaterales destinados a seguridad ciudadana dependen de diagnósticos sobre homicidios, violencia contra las mujeres, robos, violaciones y mercados internos de drogas. Sin esos parámetros, los financiadores no pueden comprobar la dimensión de los problemas ni justificar proyectos específicos.
El experto nicaragüense indicó que el régimen tampoco entrega esos datos a organismos multilaterales. Nicaragua mantiene desde 2020 la misma tasa de siete homicidios por cada 100 mil habitantes, sin información pública sobre otros delitos.
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El país figura junto a Venezuela y Haití entre los tres más corruptos y opacos del continente americano, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Para la especialista costarricense, la ausencia de estadísticas suele coincidir con el uso excesivo de la fuerza o la militarización de la seguridad ciudadana.
La falta de transparencia también dificulta operativos coordinados, como el que permitió capturar a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, el narcotraficante más buscado de Costa Rica. Molina sostuvo que el acusado entró y salió de Nicaragua durante una década y que, según sus propios dichos, pagaba a policías y militares nicaragüenses: “Cuando hay un sistema donde no hay transparencia, eso incentiva la corrupción. Entonces, eso literalmente se vuelve tierra de nadie”.
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