86 de 959 denuncias por robo de combustible llegaron a sentencia en Costa Rica

Únicamente 86 de las 959 denuncias por robo de combustible presentadas desde junio de 2020 en Costa Rica concluyeron con una sentencia, de acuerdo con la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). La cifra equivale al 8.96% de los expedientes interpuestos bajo la Ley 9852.

El 91.04% de las denuncias restantes aún no derivó en una resolución judicial. Del total de casos, 673 permanecen activos y continúan bajo investigación para establecer responsabilidades por la extracción, el transporte, el almacenamiento y la distribución ilícita de derivados del petróleo.

Los registros abarcan los primeros seis años de vigencia de la Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas. La normativa castiga las conexiones clandestinas al poliducto y otras etapas vinculadas con el comercio ilegal del producto.

Recope informó que sus denuncias no se limitan a los puntos donde se extrae el combustible. Los expedientes también incluyen posibles responsabilidades relacionadas con el traslado del producto, los lugares donde se almacena y los mecanismos empleados para distribuirlo.

Cada proceso requiere identificar a quienes intervienen en las distintas fases de la operación. Las diligencias pueden incluir inspecciones técnicas en el sitio de la toma clandestina, análisis del combustible decomisado y revisiones de vehículos, inmuebles y equipos presuntamente usados para cometer el delito.

El objetivo consiste en acreditar ante la justicia que los hechos responden a una estructura y no a episodios aislados. La información reunida en un caso también puede aportar elementos para vincular a personas, rutas, vehículos o métodos que aparezcan en otras investigaciones.

Recope reclama investigaciones que lleguen hasta las redes de distribución ilegal

La presidenta de Recope, Karla Montero, sostuvo que clausurar una conexión ilegal resulta insuficiente si el grupo responsable conserva la capacidad de instalar otra. “El verdadero golpe contra el robo de combustible no ocurre cuando se clausura una toma ilegal, sino cuando se logra desarticular toda la red que está detrás de ella”, afirmó.

Recope señala que fortaleció su participación en las investigaciones desde 2022. La entidad indicó que amplió la coordinación con cuerpos policiales y judiciales, con aportes técnicos, presencia en diligencias y entrega de elementos para sustentar los expedientes.

Montero señaló que la refinadora cambió su forma de intervenir en los casos. “En los últimos años entendimos que denunciar no era suficiente. Decidimos involucrarnos mucho más en cada investigación, aportar nuestra experiencia técnica y trabajar de la mano con las autoridades”, dijo.

Según la institución, los métodos utilizados para el robo de combustible han evolucionado. Las conexiones improvisadas dieron paso, en algunos casos, al uso de mangueras industriales de alta presión, sistemas de almacenamiento clandestino y una logística destinada a extraer, movilizar y vender mayores volúmenes de producto.

Por ende, la entidad exige probar el funcionamiento completo de la operación para obtener sentencias. Las autoridades deben determinar la participación de quienes perforan el poliducto, transportan el combustible, lo almacenan o lo incorporan a circuitos de distribución ilegal.

Para Recope, reducir la distancia entre los casos denunciados y las condenas requiere sostener las investigaciones hasta identificar a quienes integran las redes y acreditar su participación. La institución considera que estas estructuras encuentran en el robo de combustible una fuente de financiamiento.