Inyectaron fondos estatales al INSS y aun así acumuló déficit en Nicaragua

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) acumuló transferencias estatales por 16,029.7 millones de córdobas desde 2022 para evitar el colapso del sistema de pensiones, pero aun así mantuvo sus cuentas en déficit y, según el análisis publicado por Confidencial Nicaragua, el problema de fondo persiste: hay cada vez menos cotizantes para sostener a un número creciente de pensionados.

La presión seguirá en aumento en 2026. El Presupuesto General de la República de este año prevé transferir 5,179.7 millones de córdobas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, casi un tercio de todo lo inyectado desde 2022 y más de seis veces la cifra desembolsada en ese primer año.

La secuencia oficial de aportes muestra el crecimiento de ese auxilio: 800 millones de córdobas en 2022, 3,350 millones en 2023, 2,900 millones en 2024, 3,800 millones en 2025 y 5,179.7 millones en 2026. Solo en 2024 la transferencia no aumentó respecto del año anterior.

Ese refuerzo no alcanzó para revertir los números en rojo. Entre 2022 y 2024, el INSS acumuló un déficit de 5,507.8 millones de córdobas, pese a que en 2023 registró un superávit leve de 137,4 millones que, según la publicación, fue posible mayoritariamente gracias a las transferencias estatales.

El sistema recibe más dinero público, pero pierde capacidad de sostenerse

El deterioro financiero coincide con un cambio en la relación entre aportantes y jubilados. Enrique Sáenz, de la Fundación Puentes para el Desarrollo, dijo al medio que en 2008 había 5,71 cotizantes por cada pensionado ordinario y que en 2024 esa proporción cayó a 2,5 por uno. “Esto es dramático”, afirmó.

Marco Aurelio Peña, investigador externo del CETCAM, añadió que menos de tres de cada diez trabajadores cotiza al Seguro Social. Para el especialista, eso obliga a aplicar una política estricta contra la informalidad laboral y a ampliar el empleo formal, porque hay trabajo que existe pero no está formalizado y, por lo tanto, no genera aportes para la institución.

Peña también vinculó la fragilidad del sistema con la salida de población joven. Advirtió que Nicaragua sigue expulsando talento en edad productiva y que ese flujo reduce la base de contribuyentes que el esquema de reparto necesita para sostenerse.

Sáenz coincidió en ese punto y sostuvo que los centenares de miles de jóvenes que abandonan el país dejan de cotizar justo en la etapa en que más aportarían al sistema. A esa presión demográfica se suma el envejecimiento de la población mayor.

Los expertos apuntan a corrupción, informalidad y reformas insuficientes

Según Confidencial Nicaragua, los dos especialistas consultados sostienen que las transferencias solo mantienen al INSS “artificialmente vivo” porque no corrigen las causas estructurales. Sáenz reclamó “auditorías a fondo” para detectar y sancionar el robo de recursos de pensionados y cotizantes, además de recuperar lo que aún pueda rescatarse. “Los pensionados pagan por ese despilfarro, con hambre, muerte, y sufrimiento”, señaló.

El exfuncionario ubicó el origen del deterioro en el modelo económico impuesto por el régimen y en prácticas de corrupción y gasto desordenado. Recordó que cuando Daniel Ortega volvió al Gobierno en enero de 2007, el instituto tenía superávit operativo, con ingresos superiores a sus egresos, y que en pocos años esa situación se transformó en déficit por el aumento desproporcionado de salarios, la expansión de personal, la creación de un decimocuarto mes y la pérdida de rendimientos de inversiones y reservas técnicas.

Entre los casos mencionados por Sáenz figuran la construcción de la Torre Norte en Managua, un préstamo de casi USD 1,7 millones para que Desarrollos Inmobiliarios S. A. construyera el condominio Apartamentos Planes de Altamira, y los proyectos residenciales San Sebastián y Pinares de Santo Domingo, valorados en más de USD 14,5 millones y ejecutados con fondos del INSS por una empresa ligada a Tirso Celedón Lacayo.

Peña sostuvo que la estabilización también exige mejorar la economía para elevar producción, productividad y salarios. Para eso, planteó la necesidad de atraer inversión, crear un entorno institucional atractivo y cimentar un Estado de derecho, condiciones que, a su juicio, hoy no existen en Nicaragua.

La edad de retiro y los aportes vuelven al centro del debate

Los expertos también consideran inevitables nuevas reformas paramétricas. Peña afirmó que “sí o sí, se tiene que revisar la edad de retiro” porque Nicaragua tiene una de las edades de jubilación más bajas y la expectativa de vida ya supera los 70 años.

Entre las medidas que mencionó aparecen elevar la edad de jubilación hasta 65 años, revisar las tasas de reemplazo, la fórmula de cálculo, las pensiones reducidas y las pensiones especiales. También defendió la posibilidad de que, junto a la seguridad social pública, la población tenga acceso a sistemas privados.

El diagnóstico sobre la fragilidad del instituto no es nuevo. Desde principios de siglo, según el reporte, ya se conocía que el INSS enfrentaba una quiebra técnica. Aunque en 2012 contaba con reservas equivalentes a 618,2 millones de dólares, el envejecimiento poblacional y la estructura de la economía nicaragüense permitían prever que, sin cambios, la quiebra llegaría alrededor de 2017.

En 2013 se aprobó un paquete de reformas que elevó en tres puntos porcentuales el aporte patronal y redujo la tasa de retorno de las nuevas pensiones. La intención era alejar el problema durante varias décadas, pero el alivio fue breve.

En abril de 2018, el Ejecutivo impuso de manera unilateral la Resolución 1-317, que aumentaba las cotizaciones empresariales y de los trabajadores e imponía un 5% de impuesto sobre las pensiones. Las protestas de asegurados y empresas obligaron a Ortega a retroceder cinco días después, aunque en febrero de 2019 aprobó la Resolución 1-325, que revivía y ampliaba el esquema anterior.

Alejandro Arauz, economista y autor del blog EconomistVision, sostuvo en su informe “Seguridad Social en Centroamérica (2025-2026): un análisis regional de su sostenibilidad, cobertura y desafíos estructurales” que la reforma de 2019 encareció la contratación formal, incentivó la informalidad y la subdeclaración laboral en micro, pequeñas y medianas empresas, y limitó la capacidad del INSS para atraer nuevos cotizantes.

Arauz añadió que la migración de cientos de miles de nicaragüenses en edad productiva hacia Estados Unidos, Costa Rica y España vacía la base de aportantes jóvenes que el sistema necesita con urgencia y acelera el envejecimiento demográfico de la población que permanece en el país.