Alba Luz Ramos renunció a la Corte Suprema de Nicaragua tras casi tres años sin funciones

La magistrada Alba Luz Ramos renunció a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua el pasado 25 de agosto, según una certificación de la Asamblea Nacional publicada este viernes en La Gaceta, Diario Oficial.

La noticia pone fin, al menos en el papel, a una situación insólita que se prolongó casi tres años: Ramos permanecía como titular formal del Poder Judicial pese a estar apartada de sus funciones desde octubre de 2023, cuando fue desalojada de su despacho por el asesor presidencial Horacio Rocha.

En la carta publicada en La Gaceta, la magistrada se identifica como militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional y atribuye su salida a motivos de salud. Esta semana el régimen presentó como presidenta “por ley” de la Corte a la exfiscal general Ana Julia Guido Ochoa, sancionada por la Unión Europea en 2021 por su papel en la persecución de opositores.

Alba Luz Ramos Vanegas nació el 3 de junio de 1949 en León y se vinculó al sandinismo desde los años setenta, cuando era estudiante universitaria de Derecho y colaboraba bajo el seudónimo de “Natalia”.

En 1974 tuvo que salir del país luego de que la Guardia Nacional desatara una persecución contra miembros del Frente Sandinista, y aprovechó el exilio para estudiar en Suiza, Inglaterra y Estados Unidos.

Regresó a Nicaragua tras el triunfo de la revolución en 1979 y comenzó una carrera meteórica en el aparato de justicia sandinista: directora nacional de Registros en 1981, procuradora penal en 1983, viceministra de Justicia en 1984 y magistrada de la Corte Suprema desde 1988.

Cuando el sandinismo perdió el poder en 1990, Ramos fue la única magistrada de esa tendencia que no salió de la Corte, y con el paso de las décadas se convirtió en la magistrada más antigua de América Latina.

Su ascenso definitivo llegó de la mano de Daniel Ortega. Fue vicepresidenta de la CSJ entre 1996 y 1999, y entre 2002 y 2003 se convirtió en la primera mujer nicaragüense en presidir el máximo tribunal.

Con el retorno de Ortega al poder en 2007, y su nombramiento como presidenta en 2010, Ramos consolidó lo que analistas y extrabajadores del Poder Judicial describen como la sumisión total de ese poder del Estado al Ejecutivo.

Bajo su gestión se fortalecieron dentro de la Corte los Consejos de Liderazgo Sandinista y estructuras de la Juventud Sandinista, y la institución fue utilizada para respaldar la reelección inconstitucional de Ortega en 2011 y, después de 2018, para criminalizar a la oposición.

En 2021 fue sancionada por el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, que la señaló directamente por instrumentalizar el Poder Judicial en favor del régimen mediante detenciones arbitrarias y persecución selectiva de opositores.

La caída de Ramos llegó cuando dejó de ser útil para el círculo más cercano al poder. Rosario Murillo, que fue ganando control sobre las instituciones del Estado desde alrededor de 2014, mantenía con la magistrada lo que una fuente judicial describió como “un odio recíproco”, alimentado en parte porque Ramos había tenido en el pasado una relación cercana con Ortega.

En octubre de 2023, la vicepresidenta encabezó una purga que golpeó a más de cien colaboradores cercanos a Ramos, entre ellos su vocero y sus asesores, antes de que el propio comisionado Horacio Rocha la sacara de su oficina sin permitirle retirar sus pertenencias.

Desde entonces Ramos quedó recluida en su vivienda, dentro de un residencial militar, bajo custodia policial, mientras el cargo de presidenta seguía formalmente vacante en los registros oficiales.

Según personas cercanas a ella, en más de una ocasión intentó presentar su renuncia a Ortega, quien se negó a aceptarla porque su continuidad nominal le permitía seguir controlando el Poder Judicial a través de una figura leal.

También habría intentado salir del país en al menos dos ocasiones, sin éxito, debido a restricciones migratorias. En mayo de este año circuló una carta atribuida a ella, sin firma y difundida solo por medios oficialistas, en la que reiteraba su lealtad a Ortega y Murillo y negaba haber huido del país o estar bajo investigación.

Un tribunal argentino, además, ordenó en enero de 2025 su captura internacional como presunta cómplice de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de los Ortega Murillo.

La renuncia formalizada esta semana llega después de que, entre noviembre y diciembre de 2025, la Asamblea Nacional juramentara a un nuevo grupo de magistrados leales a Murillo, entre ellos Ana Julia Guido, quien pasó de la Fiscalía General a presidir la Sala Constitucional de la Corte y ahora asume, según el régimen, la presidencia del máximo tribunal.

Con la salida definitiva de Ramos, se cierra formalmente el capítulo de la magistrada que durante trece años fue, en palabras de quienes la conocieron, “la ficha” de Daniel Ortega en el Poder Judicial, hasta que ese mismo papel dejó de garantizarle un lugar en el nuevo esquema de poder de Rosario Murillo.