Reforma constitucional en Nicaragua enciende las alertas por un posible blindaje ante sanciones internacionales

La reciente reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, ha encendido las alertas de expertos en derechos humanos y analistas políticos, quienes advierten que la medida podría acarrear graves consecuencias políticas, diplomáticas y económicas para el país.

La modificación, impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, establece que ninguna ley, reglamento o normativa emitida por otro Estado u organismo internacional tendrá efectos jurídicos en Nicaragua si, a juicio del Gobierno, afecta la independencia, la soberanía o la paz nacional, según se describe en la cobertura de Artículo 66.

Para Álvaro Leiva, defensor de derechos humanos, y Héctor Mairena, abogado y preso político desterrado, la reforma representa una estrategia de blindaje político y jurídico que busca proteger al régimen de futuras acciones internacionales.

Leiva sostiene que el objetivo principal es evitar la aplicación de leyes extranjeras y disposiciones internacionales que puedan derivar en responsabilidades por violaciones de derechos humanos documentadas en los últimos años. “La dictadura Ortega-Murillo busca una sola cosa con esta reforma: blindar su impunidad”, afirmó Leiva, citado por Artículo 66.

Leiva advierte que el régimen intenta utilizar el concepto de soberanía como argumento para desconocer resoluciones internacionales y deslegitimar las críticas de otros países y organismos multilaterales. Según su análisis, la reforma permitirá al Gobierno presentar cualquier señalamiento externo como una supuesta agresión contra Nicaragua, lo que podría servir de justificación para medidas internas como detenciones arbitrarias, desnacionalizaciones y confiscaciones.

“El régimen Ortega-Murillo utiliza la ‘defensa de la soberanía’ como escudo narrativo, no como argumento jurídico”, añadió el defensor de derechos humanos.

Mairena coincide en que el propósito de la reforma es eminentemente político, pues busca dotar al régimen de un blindaje teórico frente a la aplicación de leyes o medidas internacionales.

Recordó que en una reforma anterior ya se habían eliminado referencias constitucionales a compromisos internacionales, como el reconocimiento de la Convención contra la Tortura.

Repercusiones en el aislamiento internacional

El abogado Héctor Mairena advierte que la nueva reforma podría profundizar el aislamiento internacional de Nicaragua y complicar aún más sus relaciones diplomáticas, así como el acceso a financiamiento y cooperación internacional.

Considera que se trata de una acción de tipo político que pretende blindar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y que aísla aún más al país de sus compromisos internacionales, “específicamente en el terreno de los Derechos Humanos”, según declaraciones recogidas por Artículo 66.

Leiva agrega que las medidas internacionales acumuladas en las últimas décadas han reducido el margen de maniobra del régimen, aunque no han logrado modificar su conducta interna.

Menciona que las sanciones individuales y sectoriales, las restricciones financieras y las resoluciones de organismos multilaterales han afectado el acceso de Nicaragua a financiamiento, cooperación y legitimidad diplomática. “Cada resolución internacional se convierte en una pieza más del cerco que limita la capacidad del Estado de actuar sin consecuencias externas”, afirma Leiva.

Una respuesta directa a la OEA

La reforma constitucional fue aprobada días después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) avalara una resolución promovida por Estados Unidos, orientada a convocar a una reunión de cancilleres para analizar posibles acciones frente a la situación en Nicaragua.

Para Leiva, aunque las resoluciones de la OEA no modifican de inmediato las decisiones del régimen dentro del país, sí tienen efectos en el ámbito internacional, ya que “cada resolución es un registro oficial que queda en la historia diplomática del continente”.

Estas decisiones, según el defensor de derechos humanos, pueden incidir en las relaciones bilaterales, la cooperación, el acceso a financiamiento y la percepción de riesgo político y económico. Mairena advierte que la comunidad internacional podría pasar de las declaraciones a la adopción de medidas más contundentes contra el régimen de Ortega-Murillo.

“Creo que estamos en un momento en que la comunidad internacional está diciendo basta y pasará de las declaraciones a las acciones y las medidas”, concluyó Mairena en declaraciones recogidas por Artículo 66.

En suma, la reforma constitucional nicaragüense ha sido interpretada por expertos como un intento del régimen de blindarse frente al escrutinio y las consecuencias del derecho internacional, lo que podría agudizar el aislamiento del país y tener efectos duraderos en su posición internacional.