La deportación de una madre hondureña reaviva el debate sobre las expulsiones de familias militares

“No es una amenaza para nadie. Solo intentamos mantener a nuestra familia unida”. La frase del sargento del Ejército Hedar Leonel Turcios Juárez, recogida por ABC News, quedó suspendida entre dos vuelos: el que no logró impedir y el que terminó por separar a su familia.

La deportación sin aviso que partió a una familia militar

A las 3:40 de la madrugada del martes, el teléfono sonó en la casa de Turcios. Su esposa, Cristy Maryori Villafranca Trejo, madre de su hija de seis años, estaba a bordo de un avión rumbo a Honduras.

Era la segunda vez que intentaban deportarla. El 17 de agosto, Turcios aún pudo frenar la expulsión con documentos que mostraban que el caso migratorio de su esposa seguía abierto.

El 24 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó por escrito la expulsión: “Cristy Maryori Villafranca-Trejo fue removida de los Estados Unidos conforme a nuestras leyes”. Según una nota publicada en ABC News precisó que Villafranca había ingresado de forma irregular en 2016, a los dieciocho años, y fue liberada entonces bajo la administración Obama.

Había una orden de deportación emitida en 2017 por un juez de inmigración, consecuencia de una audiencia a la que la pareja nunca fue notificada.

Turcios asegura que ambos supieron de esa orden recién en 2022, cuando iniciaron el trámite de residencia permanente tras casarse.

La moción para reabrir el caso fue denegada en mayo. Una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración seguía pendiente. Villafranca esperaba hacía un año una respuesta sobre su solicitud de parole militar, el mecanismo para regularizar a familiares directos de militares en activo.

Turcios quedó al frente de su hija de seis años, quien presenció la detención de su madre el 11 de julio frente a un Walmart cerca de la base de Fort Bliss, Texas.

El contexto legal y el cambio de política migratoria

La expulsión de Villafranca Trejo ocurrió bajo una política vigente desde abril de 2025: el servicio militar de un familiar no exime de las consecuencias por violar las leyes migratorias. Consultado por ABC News un caso similar, el DHS respondió: “Tener un familiar en el Ejército no es un pase libre para violar las leyes de la nación”.

Entre el 20 de enero de 2025 y el 26 de enero de 2026, las autoridades migratorias detuvieron a 125 veteranos militares y más de 150 familiares directos, según una carta interna del DHS dirigida a senadores demócratas. El gobierno federal no lleva un registro sistemático de familias de militares en activo afectadas.

Un soldado que siguió la vía que el Ejército promovía

Turcios llegó a Estados Unidos en 2014, escapando de la violencia en Honduras. Se alistó en las Fuerzas Armadas, cumplió nueve meses de despliegue en Oriente Medio y obtuvo la ciudadanía en 2024, un año después del mínimo exigido para la naturalización por servicio honorable, incentivo vigente desde la Guerra Civil. Desde entonces, gestionaba la residencia de su esposa.

ABC News revisó los antecedentes penales de Villafranca y Turcios: ninguno registraba delitos.

Villafranca pasó semanas detenida en el Campo Este de Montana, el mayor centro de detención del país. Usó la misma ropa durante casi cuatro días. La situación cambió cuando Turcios contactó a la representante Veronica Escobar, demócrata de Texas, quien elevó una consulta formal al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Familias militares bajo presión y una práctica en revisión

La Asociación Nacional de Familias Militares, citada por ABC News, recordó que hasta el segundo mandato de Trump, tanto demócratas como republicanos, en general, protegieron a padres y cónyuges indocumentados de militares. Esa tradición coexistía con la política de reclutamiento que ofrecía el servicio militar como vía para que los soldados pudieran legalizar a sus familias.

Según datos internos del Ejército revisados por ABC News, los reclutas hispanos aumentaron del 19% de los nuevos alistados en 2020 al 27% en el último año. Las naturalizaciones por vía militar pasaron de unas 4,500 en 2020 a 16,000 en 2024, según cifras del DHS.

La investigación de The Associated Press identificó 52 casos de padres o cónyuges de militares en activo detenidos desde el inicio del segundo mandato de Trump. Danitza James, directora de Repatriate Our Patriots, ya asistía a ocho militares en activo y a un veterano con familiares detenidos al 20 de agosto. “Hay tantas familias militares de miembros en servicio activo que viven en las sombras de esta maquinaria migratoria”, dijo James a ABC News, “con miedo de buscar recursos y pedir ayuda, mientras su militar sirve activamente a este país”.