El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua reclamó este miércoles a la dictadura de Nicaragua información sobre el paradero de Santos Ariel Rodríguez, empresario detenido el 2 de junio de 2024. Según EFE, las autoridades no informaron sobre su ubicación, salud ni situación jurídica.
Rodríguez forma parte de un grupo de al menos 58 opositores y críticos que permanecen privados de libertad, de los cuales 22 figuran bajo condición de desaparición forzada, según declaró la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ) a EFE. La AMJ ha documentado un patrón sistemático de desapariciones y detenciones sin garantías procesales, lo que ha sido señalado por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos.
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La organización, conformada principalmente por activistas nicaragüenses en el exilio y con sede en San José, Costa Rica, dirigió su reclamo a Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes comparten la presidencia del país. El colectivo preguntó públicamente: “¿Dónde está Santos Ariel Rodríguez?”, según detalló EFE.
La detención y posterior desaparición del empresario ocurre en un contexto de represión y consolidación de poder por parte del régimen nicaragüense. El colectivo denunció que se cumplen 800 días de desaparición forzada, una práctica que, junto con las detenciones arbitrarias y torturas, califica como crimen de lesa humanidad.
La crisis que se abrió en 2018
La situación de los desaparecidos en Nicaragua se inscribe en una crisis política y social que inició en abril de 2018, cuando manifestaciones masivas contra la dictadura derivaron en una respuesta estatal caracterizada por el uso de la fuerza y la persecución. Las protestas de 2018 marcaron el comienzo de la represión.
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Desde entonces, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han documentado cientos de detenciones arbitrarias y desapariciones temporales, así como el uso de la tortura y la negación de información a familiares.
Las elecciones de noviembre de 2021 profundizaron la crisis. Daniel Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato consecutivo en medio de denuncias por la falta de transparencia y la exclusión de candidatos opositores. EFE informó que la nueva administración intensificó la persecución contra opositores y defensores de derechos humanos. Informes de la AMJ y del Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua señalan que la práctica de la desaparición forzada es sistemática.
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Cuántas personas siguen desaparecidas
De acuerdo con datos de la AMJ, al menos 22 personas permanecen sin paradero conocido tras su detención. Las familias denuncian obstáculos para recibir información verídica sobre sus seres queridos y denuncian condiciones de incomunicación y aislamiento. EFE reportó que los afectados incluyen líderes sociales, empresarios, periodistas y activistas, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional.
La reacción del régimen de Nicaragua ante estos señalamientos ha sido negar la existencia de desapariciones forzadas, atribuyendo las denuncias a una supuesta campaña de desprestigio. Sin embargo, la CIDH y la OACNUDH han reiterado que la obligación de los Estados es informar sobre el paradero de las personas detenidas y garantizar el acceso a la justicia.
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La expansión de la represión y el exilio
En los últimos años, la represión se ha extendido a la expulsión y desnacionalización de opositores, así como a reformas constitucionales que han reforzado el control estatal. EFE detalló que, solo en 2023, decenas de personas fueron despojadas de su nacionalidad y forzadas al exilio, mientras que organizaciones de la sociedad civil han sido ilegalizadas y sus bienes confiscados.
La Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua sostiene que la práctica de la desaparición forzada constituye un crimen imprescriptible y reclama la intervención de mecanismos internacionales para investigar y sancionar a los responsables.
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