
Nicaragua continúa siendo el país de la región donde la represión contra la prensa ha alcanzado su nivel más extremo, según el informe “Libertad de Expresión y Periodismo en Centroamérica, 2025”, que documenta cómo el ejercicio del periodismo independiente ha sido prácticamente anulado dentro del territorio nicaragüense, resultado de una política sistemática de represión impulsada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Durante una entrevista en Radio YSUCA, la docente universitaria Johanna Rodríguez, coautora del informe, apuntó que Nicaragua es el país centroamericano que más periodistas ha expulsado en los últimos años. Rodríguez explicó que más de 250 periodistas han debido abandonar el país por amenazas directas, hostigamiento y persecución. “Nicaragua ha sido el país que más ha expulsado periodistas. Más de 250 periodistas han tenido que abandonar su país, ese desplazamiento forzado”, afirmó.
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El informe documenta que, a diferencia de otros países centroamericanos donde aún persisten ciertos márgenes de acción, en Nicaragua el periodismo independiente solo sobrevive desde el exilio. La mayoría de la información crítica sobre el régimen proviene de medios y reporteros que operan fuera del país. El reporte califica esta situación como un dato clave para dimensionar la magnitud de las restricciones y el cierre del espacio cívico.
La falta de contrapesos institucionales, la ausencia de mecanismos independientes de supervisión y la inacción de la comunidad internacional han permitido la consolidación de este escenario. El informe señala que la reversión de las restricciones a la prensa y la libertad de expresión no parece posible a corto plazo.
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El desplazamiento forzado de periodistas nicaragüenses ha cobrado un carácter estructural. Organizaciones de prensa en el exilio y entidades internacionales estiman que entre 280 y 300 periodistas han tenido que abandonar Nicaragua en los últimos años. Sin embargo, el informe advierte que la cifra real podría ser mayor, ya que el temor a represalias contra familiares, la precariedad migratoria y la desconfianza institucional dificultan el registro de todas las personas desplazadas. “En muchos casos las personas vienen acá a Costa Rica, a veces en un inicio, viene una persona, luego viene su pareja, luego tratan de traerse a sus hijos, pero la mayoría de la familia queda en Nicaragua”, indicó Rodríguez.
Costa Rica se ha convertido en el principal país receptor de periodistas nicaragüenses desplazados. Allí operan redes de apoyo como la Casa de Periodismo Libre, que brinda asistencia temporal a quienes se ven obligados a salir del país; sin embargo, la situación de los periodistas exiliados es compleja. Muchos enfrentan dificultades económicas, deben desempeñar otros trabajos o viven separados de sus familias por tiempo indefinido. “Romper lazos familiares, romper lazos con amigos, amigas o colegas, dejar tu trabajo, dejar tu casa, es un duelo muy grande que tiene que trabajarlo en otros países lejos”, relató la coinvestigadora.
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El informe también advierte sobre la transnacionalización de la represión. Durante el último año se documentaron casos de intimidación y amenazas contra periodistas exiliados, así como el asesinato del exmilitar sandinista Roberto Samcam en Costa Rica. El documento señala indicios de la existencia de redes de vigilancia y hostigamiento internacional que combinan espionaje digital, seguimiento físico y acciones dirigidas a opositores en países como Costa Rica, Estados Unidos, México, España y Panamá.

El desplazamiento forzado y la persecución han generado zonas silenciadas y vacíos informativos dentro de Nicaragua. Rodríguez destacó que las fuentes locales temen colaborar con periodistas, lo que limita el acceso a información sobre la situación interna. “Tenemos un gran vacío de información de ciertos temas en Nicaragua, porque no se puede acceder al país. Desde Costa Rica hay que hacer entrevistas, pero ya ha habido problemas para acceder a esas personas y, por lo tanto, a esa información”, describió Rodríguez.
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El informe concluye que la anulación del periodismo independiente y la expulsión masiva de periodistas en Nicaragua representan la manifestación más grave de cierre del espacio cívico en la región centroamericana.
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