Asamblea Nacional de Nicaragua iniciará reformas para cumplir el mandato de Daniel Ortega contra las elecciones

La Asamblea Nacional de Nicaragua informó este martes, a través de un comunicado, que está iniciando los análisis necesarios para elaborar un plan de trabajo que cumpla con las orientaciones presidenciales emitidas por Daniel Ortega.

El Parlamento, controlado en su totalidad por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), anunció que realizará sesiones especiales junto al Consejo Supremo Electoral para definir los pasos constitucionales, legales y formales que sustentarán las reformas anunciadas por el mandatario.

Ortega hizo estas declaraciones el pasado domingo 19 de julio, durante el acto por el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, celebrado en la Plaza de la Fe, en Managua, tras 61 días sin apariciones públicas.

“Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos, la oposición, atrapar el gobierno, atrapar el poder”, afirmó el mandatario ante miles de simpatizantes. Agregó que trabajará junto a la Asamblea Nacional para aprobar leyes que impidan cualquier posibilidad de que la oposición en el exilio regrese al poder por la vía electoral.

“Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las obligaciones correspondientes, a hacer las leyes para que les pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, para que por mucha plata que les den los yanquis”, no puedan volver al Gobierno, subrayó Ortega en su discurso.

En su comunicado, titulado “Nicaragua Triunfa en Paz y Unidad”, la Asamblea Nacional indicó que se está convocando “para cumplir los mandatos recibidos el 19 de Julio, aniversario 47 del triunfo de la democracia y la libertad en Nicaragua”.

Una fuente del Parlamento consultada por el diario La Prensa indicó que el régimen prepara una reforma constitucional que aboliría la Asamblea Nacional y el Estado tal como funciona en la actualidad.

Según esta fuente, se elegirían 1,500 diputados que actuarían en sus municipios o zonas de origen y se reunirían una sola vez al año, en pleno, para elegir, cuando corresponda, al presidente por un período de diez años.

De forma paralela, funcionaría un órgano ejecutivo de veinte miembros, que sería el encargado de reunirse periódicamente. De acuerdo con la misma fuente, esta reforma se refrendaría en enero próximo, de manera que las elecciones bajo este nuevo esquema, denominado “Pueblo Presidente”, se realizarían en noviembre de 2027.

El abogado constitucionalista Juan Diego Barberena consideró que la narrativa política del régimen “es evidente”: buscan cerrar cualquier posibilidad o espacio de disputa donde el poder pueda ponerse en riesgo, “por mínimo que sea”.

Según Barberena, esto responde “al miedo y a la necesidad de garantizar, a toda costa, incluso mediante el establecimiento de un régimen cuasi monárquico y absolutista, la sucesión”.

El jurista señaló además que el anuncio de revisar “absolutamente todo el sistema electoral”, incluidas las elecciones nacionales, locales y de todos los niveles, “puede indicar por dónde vienen los cambios”.

Consultado sobre la posibilidad de que el régimen adopte un modelo similar al cubano, con asambleas populares de alrededor de 1,500 diputados, Barberena dijo que esa versión, aunque “al principio podría parecer exagerada”, cobra sentido “con todo lo que está ocurriendo” y coincide con información que ha circulado por otras fuentes.

Señaló, sin embargo, una contradicción: “Cuba no es un régimen parlamentario, sino presidencialista”, por lo que consideró más probable que el Gobierno mantenga el presidencialismo y que esas nuevas estructuras sirvan “únicamente para ratificar decisiones ya tomadas”.

Barberena planteó que la copresidenta Rosario Murillo “considera que ya superaron la crisis iniciada de enero pasado. Que Trump se empantanó en Irán, que lo de Cuba no ha pasado, que Trump pierde las elecciones en noviembre y que ellos pasan la crisis y van de viaje”. Indicó también que existen quienes sostienen que el régimen “en realidad está elevando la apuesta para negociar”.

El anuncio de Ortega sobre eliminar las elecciones como forma de gobierno en Nicaragua causó estupor y condenas de personalidades, organismos y Estados.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó las declaraciones de Ortega como una muestra de su “verdadera naturaleza autoritaria”. En un comunicado del Departamento de Estado, sostuvo que Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, “abandonaron incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular” y afirmó que los nicaragüenses “tienen derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas”.

En un mensaje posterior en su cuenta de X, advirtió que “la Administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión en el país”, y agregó que “el compromiso de Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua demuestra su cobardía y su miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense”.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó que el régimen nicaragüense “ha hecho ahora explícito lo que sus acciones venían demostrando desde hace tiempo: ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella”. La declaración se produjo luego de que sectores opositores en el exilio expresaran su esperanza de que la presión internacional condujera a una transición o a comicios libres en el país.

El gobierno de Costa Rica, a través de su Cancillería, condenó las declaraciones de Ortega y reiteró su “profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes” en Nicaragua.

El comunicado recordó que Costa Rica no reconoció el proceso electoral nicaragüense de 2021 y reafirmó su respaldo a “unas elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales” en el país vecino.

El régimen de Ortega y Murillo respondió que Nicaragua “no es una provincia” de Costa Rica y rechazó cualquier cuestionamiento a sus decisiones internas, invocando el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.

Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en el exilio también reaccionaron. El colectivo Nicaragua Nunca Más denunció que el Gobierno “ha despojado a la sociedad civil de todos sus derechos” y advirtió que el FSLN “se ha convertido prácticamente en un partido único, sin oposición real dentro de Nicaragua”. Legisladores costarricenses, como el diputado José Miguel Villalobos, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, calificaron las palabras de Ortega como un “descaro”.