
Dos nicaragüenses quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en operativos separados: Fernando Sinar Tercero-López, de 33 años, y Jimmy Alberto Castro-Rodríguez, de 46.
El primero tenía un cargo pendiente por violencia doméstica y el segundo fue condenado en 2021 por abuso sexual infantil en segundo grado en Providence, Rhode Island.
El arresto de Tercero-López ocurrió el 7 de julio en el área de Paterson, Nueva Jersey, un día después de que fuera fichado en el condado de Passaic. La oficina de Operaciones de Detención y Deportación de Newark lo mantiene detenido mientras un juez de inmigración resuelve su situación.
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Castro-Rodríguez figura en el registro de delincuentes sexuales como ofensor de nivel 2, una categoría que identifica a personas con riesgo moderado de reincidencia, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Arrestos en Nueva Jersey y cifras nacionales
Ambos casos se inscriben en la política de la administración Trump de detener a extranjeros con antecedentes penales o procesos criminales abiertos.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional citados por Fox News, cerca del 70% de los arrestos de ICE corresponde a personas con cargos o condenas previas en territorio estadounidense.
La presión sobre las comunidades inmigrantes en Nueva Jersey aumentó en las últimas semanas. La oficina ERO de Newark ejecutó al menos tres operativos entre fines de junio y comienzos de julio: el 30 de junio detuvo al guatemalteco Antonio Ventura-Pérez, acusado de agresión doméstica agravada en Plainfield; el 1 de julio arrestó al mexicano Jorge Vega-Meza, con condenas por tráfico de cocaína y fentanilo; y ese mismo día capturó al cubano Fidel Rodríguez Lemus, quien había cumplido 180 meses de prisión federal por producción de pornografía infantil, según informó Shore News Network.
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Operativos simultáneos y balance de mayo
El fin de semana del 4 de julio, ICE anunció una ronda de detenciones a escala nacional que incluyó a personas condenadas por homicidio, tráfico sexual de menores y abuso sexual.
Entre los arrestados figuraron ciudadanos de Panamá, México, Brasil y Colombia, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional.
En mayo, la oficina de Houston registró 735 arrestos de extranjeros con antecedentes penales en un solo mes, con un acumulado de 1,711 condenas entre todos los detenidos, entre ellas 13 por delitos sexuales contra menores y cinco por homicidio, de acuerdo con cifras publicadas por Civic Intelligence News.
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Cuestionamientos por detenciones de víctimas
La expansión de los acuerdos 287(g), que permiten a policías locales participar en operaciones migratorias, generó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos.
Human Rights Watch y la Alianza de Sobrevivientes Inmigrantes presentaron el 10 de julio un informe ante el Congreso en el que documentaron casos de mujeres detenidas por ICE después de llamar a la policía por situaciones de violencia doméstica.
El informe advirtió que, desde que Trump asumió la presidencia hasta marzo de 2026, el 66% de los arrestados por ICE no tenía ninguna condena y el 38% carecía incluso de cargos pendientes.
La organización alertó que el temor a la deportación desincentiva las denuncias y, en la práctica, protege a los agresores.
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