
El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos de Nicaragua (GREX) denunció este 3 de julio una nueva confiscación de tierras y otras represalias contra familiares de Leonardo Urbina en Boaco, en un pronunciamiento que presentó estos hechos como parte de un aumento de la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua desde 2018.
En ese mismo documento, la organización sostuvo que el control estatal no se limita a un caso familiar: aseguró que agentes del régimen vigilan celebraciones religiosas, supervisan homilías y restringen la movilidad de sacerdotes y comunidades parroquiales en todo el país. También advirtió que muchos episodios no se denuncian públicamente por temor a nuevas represalias contra sacerdotes, religiosos y laicos.
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El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos de Nicaragua afirmó que familiares del padre y monseñor Leonardo Urbina, hoy desterrado y residente en el Vaticano, han sido despojados de tierras y sometidos a presiones para vender sus propiedades. La organización dirigió su mensaje a creyentes, organizaciones religiosas y a la comunidad internacional.
“Familiares del Padre y Monseñor Leonardo Urbina, desterrado, actualmente en el Vaticano, han sido víctimas de confiscación de tierras en Boaco”, señaló el pronunciamiento. El texto añadió que también recibieron ofertas de dinero para forzar la venta de las parcelas a “chinos”, en lo que describió como montos irrisorios.
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GREX afirmó que un familiar murió tras el impacto de las presiones
La organización aseguró que uno de los familiares de Urbina murió recientemente después del impacto emocional provocado por la situación. “Uno de ellos murió del susto, como decimos los nicaragüenses; sus funerales fueron hace quince días”, indicó.
El documento también sostuvo que la madre de Urbina atraviesa un cuadro de salud grave por las presiones que enfrenta la familia. “La madre de Monseñor Urbina está sumamente enferma producto de estas presiones”, afirmó el texto.
Para GREX, el caso de la familia del sacerdote forma parte de una secuencia más amplia de acciones contra miembros de la Iglesia Católica. La organización afirmó que la persecución no se ha reducido, sino que se intensificó desde 2018.
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Entre los hechos incluidos en el informe, mencionó la situación del obispo emérito de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata. Según la organización, fue detenido en dos ocasiones después de celebrar una misa en la que pidió oraciones por la Iglesia perseguida, por los sacerdotes desterrados y por monseñor Rolando Álvarez.
Aunque después fue liberado, la agrupación sostuvo que Mata permanece bajo vigilancia policial permanente en su vivienda de Tisma, en el departamento de Masaya. El pronunciamiento ubicó ese episodio dentro de un patrón de control sobre clérigos que continúan en el país.

El pronunciamiento incluyó detenciones, vigilancia y restricciones a sacerdotes
El informe también se refirió al sacerdote Francisco Morales y al diácono Wilfred Arauz Rodríguez, de quienes dijo que fueron arrestados tras participar en la misma celebración religiosa. Según la organización, ambos recuperaron la libertad, pero continúan bajo vigilancia y amenazas.
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A ese cuadro sumó la situación del padre Frutos Constantino Valle, administrador de la Diócesis de Estelí. GREX afirmó que permanece desde hace varios años bajo restricciones que, en su evaluación, equivalen a un arresto domiciliario de hecho y sin proceso judicial conocido.
“La Iglesia Católica, desde el norte al sur del país, se mantiene en estado de persecución”, sostuvo el pronunciamiento. En el cierre de su mensaje, la organización pidió a la comunidad católica, a las iglesias, a las comunidades cristianas y a los organismos internacionales que mantengan la atención sobre la libertad religiosa en Nicaragua y sigan difundiendo estas denuncias.
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