
Walter Mazariegos asumió este 1 de julio su segundo período como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala para el ciclo 2026-2030, en un contexto marcado por impugnaciones judiciales, 17 denuncias penales aún abiertas y cuestionamientos sobre la legitimidad de la votación del 8 de abril que lo declaró reelecto.
En un video difundido en las redes sociales de la universidad, Mazariegos informó que a las 07:30 firmó el acta administrativa con la que comenzó formalmente el nuevo período rectoral. También dijo que juró fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala, a las leyes del país y a la normativa universitaria.
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En su mensaje, Mazariegos anunció que después de la firma del acta comenzaría la primera sesión de julio de 2026 del Honorable Consejo Superior Universitario para nombrar a las autoridades de la Usac a nivel nacional. También agradeció el respaldo del cuerpo electoral universitario y de quienes, según dijo, confiaron en su equipo de trabajo para continuar al frente de la institución.
El rector afirmó: “Hoy hago de su conocimiento que a las siete treinta horas firmé el acta administrativa donde inicio el periodo rectoral 2026-2030, donde juro fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala, a las leyes del país y a la normativa universitaria”. Añadió que su administración continuará con acciones para innovar, tecnificar, modernizar, actualizar, descentralizar y especializar a la universidad, además de respetar y defender su autonomía, su filosofía y su ley orgánica.
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La asunción ocurrió sin que la Corte de Constitucionalidad hubiera programado una audiencia para conocer el recurso de la Procuraduría General de la Nación que buscó anular la elección. La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo ya remitió el informe de actuaciones a la corte, pero la falta de una sesión convocada con anticipación redujo las posibilidades de que los magistrados revisaran el caso antes de la toma de posesión.
Cuatro amparos mantienen abierta la disputa por la reelección
El frente judicial seguía activo al momento de la investidura. La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo admitió para trámite una acción de amparo promovida por el diputado José Chic, del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, contra el Consejo Superior Universitario por la elección de Mazariegos.
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A la vez, permanecían sin resolución otras tres acciones de amparo tramitadas en la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Civil. Ese cuadro dejó abierto el conflicto legal alrededor de la continuidad del rector.
La toma de posesión coincidió con protestas y presencia policial en el campus
La jornada también transcurrió entre movilizaciones en los accesos a la universidad. Asociaciones estudiantiles llamaron a permanecer en los alrededores del campus, mientras otro grupo se concentró en el ingreso por la avenida Petapa para expresar apoyo a la continuidad de Mazariegos.
En ese punto había agentes de la Policía Nacional Civil y personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos con el objetivo de velar por el respeto de los derechos humanos y garantizar que la manifestación se desarrollara de forma pacífica.
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La nueva gestión comenzó además en medio de investigaciones del Ministerio Público que, según una consulta de La Hora, siguen bajo una revisión cauta por parte del fiscal general Gabriel García Luna. De acuerdo con el diario, García Luna sostuvo que las 17 denuncias contra Mazariegos continúan bajo investigación, reconoció que encontró expedientes con escasa actividad al asumir y aseguró que su administración no actuará por presiones externas ni repetirá prácticas del pasado.
El fiscal general también señaló al medio que el rector de la Usac no tiene antejuicio. Por esa razón, si se encontraran elementos jurídicos para avanzar en los casos penales, su procesamiento no dependería del retiro de esa inmunidad.
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La continuidad de Mazariegos al frente de la universidad estatal también está atravesada por sanciones impuestas por Estados Unidos y por la falta de acciones penales a más de 40 días de la llegada de García Luna al cargo, una cuestión que, según La Hora, se convirtió en una de las principales preguntas dirigidas al jefe del Ministerio Público. El fiscal respondió que entiende las expectativas sobre el caso, pero sostuvo que ninguna investigación puede acelerarse para satisfacer reclamos públicos.
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