El Índice Global de Tortura 2026 clasifica a Nicaragua entre los países de riesgo muy alto de tortura y malos tratos, reflejando un patrón grave y sistemático por la represión del régimen.
La situación, documentada por diversos organismos, revela la persistencia de prácticas que incluyen violencia sexual, descargas eléctricas e incluso aislamiento prolongado en centros de detención como El Chipote y La Modelo.
Según el informe, realizado por Organización Mundial contra la Tortura (OMT), el país ocupa la categoría de máxima alerta en cuatro de los siete pilares analizados: compromiso político contra la tortura, lucha contra la impunidad, derechos de las víctimas y derecho a la defensa y espacio cívico.
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La información, sustentada por más de 250 testimonios recogidos por el Colectivo Nicaragua Nunca Más, señala que estas prácticas alcanzan niveles de sistematicidad que han motivado la intervención de instancias internacionales.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua concluyó que las autoridades han incurrido en crímenes de lesa humanidad y, en 2025, identificó a 54 funcionarios en una cadena de mando responsable de estos delitos.
Represión, presos políticos y cierre al monitoreo internacional
Hasta mayo de 2026, al menos 46 personas consideradas presas políticas permanecían encarceladas, y desde 2019 se ha reportado la muerte de al menos ocho bajo custodia. El proceso de represión institucional también ha impactado el tejido social mediante la cancelación de más de 5,600 organizaciones civiles y la privación de nacionalidad a más de 300 personas, conforme a datos recogidos por organismos de derechos humanos.
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El régimen de Nicaragua rechazó el examen del Comité contra la Tortura en 2022 y ha desestimado la implementación de sus recomendaciones. La reforma constitucional de 2025 consolidó la concentración de poder en el Ejecutivo, eliminando los controles institucionales y debilitando los contrapesos democráticos.
Ningún mecanismo internacional de monitoreo ha logrado acceso al país desde 2018, lo que ha dificultado la verificación independiente de las condiciones de detención y el trato a las personas privadas de libertad.
De acuerdo con la evaluación temática ilustrada en el Índice Global de Tortura, Nicaragua muestra riesgo muy alto en compromiso político contra la tortura, acabar con la impunidad, derechos de las víctimas y derecho a la defensa y espacio cívico. El riesgo se mantiene alto en los aspectos de protección para todos, libertad frente a la tortura estando privado de libertad y poner fin a la brutalidad policial y la violencia institucional.
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Resiliencia de defensores y periodistas frente a la represión en Nicaragua
En el ámbito del derecho a la defensa y el espacio cívico, el informe señala la resiliencia y la capacidad de incidencia de los defensores de derechos humanos y periodistas independientes. A pesar del exilio forzoso y las restricciones, estas personas siguen documentando violaciones y acompañando a las víctimas.
El Observatorio Nicaragüense contra la Tortura ha desempeñado un papel clave en visibilizar la práctica sistemática de la tortura y dar voz a quienes han sobrevivido a estos tratos.
El testimonio de una persona que permaneció desaparecida e incomunicada durante diez meses bajo custodia estatal ilustra la dimensión humana de la crisis: “Pensé mucho en mi familia. No saber nada... no te imaginas lo horrible que se siente. No sabes si saldrás con vida, si volverás a ver a tu familia... Te sientes abandonado, con una incertidumbre constante, sin saber si regresarás; si mueres, no sabes si le entregarán tu cuerpo a tu familia o te arrojarán a una fosa común. Es un vacío horrible. Es como estar en el desierto, preguntándote si te han abandonado o si alguien afuera está intercediendo por ti. La soledad es enloquecedora; era como la película Náufrago”, relató la víctima al colectivo de defensa de derechos humanos.
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El Índice Global de Tortura 2026 destaca la falta de voluntad para erradicar la tortura, la persistencia de la impunidad y la ausencia de garantías para las víctimas. El documento concluye que la ausencia de mecanismos de control y la represión instituida desde el poder configuran un panorama de alto riesgo para los derechos humanos en el país.
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