
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció este martes sanciones contra cinco entidades cubanas que generan ingresos para el régimen, incluidas tres asociadas con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), previamente sancionado, y un miembro de la familia Castro, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Donald Trump, del pasado 1 de mayo, que impone sanciones a los responsables de la represión en la isla y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
A través de un comunicado del Departamento de Estado, Rubio indicó que “GAESA continúa operando como el brazo financiero del aparato de seguridad represivo del régimen cubano”; al tiempo que detalló: “Dos de las entidades designadas son instituciones financieras vinculadas a GAESA, asociadas con el movimiento de dinero en nombre del régimen, y una es una empresa de logística vinculada a GAESA que ejecuta las órdenes del régimen en toda la isla".
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“También estoy designando a otras dos entidades que generan ingresos para Cuba mediante la explotación de las reservas minerales y metálicas de la isla, incluida la empresa estatal cubana GeoMinera”, agregó.
Por último, indicó: “Estoy designando a la esposa de Alejandro Castro Espín, quien ya había sido designado previamente en virtud de la Orden Ejecutiva 14404. Estas entidades y actores financian, facilitan o se benefician de las actividades perniciosas del régimen, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”, completó.

En diálogo con Infobae, Emilio Morales, consultor de empresas y experto en la economía cubana, destacó que las nuevas sanciones aplicadas a empresas de GAESA o relacionadas con ella “van dirigidas a anular el motor financiero y logístico de la joya de la corona de la familia Castro”.
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Y explicó: “El golpe dirigido a RAFIN S.A. y el banco BFI S.A., dos de las principales entidades financieras de GAESA, tiene como objetivo asfixiar financieramente al holding de la familia Castro. A partir de ahora, las entidades extranjeras que canalizan transacciones comerciales con estas dos entidades de GAESA estarán expuestas a millonarias multas. Esto puede significar una nueva oleada de rupturas de contratos que tienen estas entidades con empresas de terceros países. Este golpe afecta a todos los suministradores internacionales que proveen mercancías a las entidades de GAESA por medio de cartas de créditos emitidas por el BFI. Por otra parte, las transacciones financieras entre el BFI y entidades bancarias de terceros países también quedan afectadas bajo estas sanciones, por lo que el BFI verá afectada su actividad financiera considerablemente".

Morales, quien es presidente y CEO de Havana Consulting Group, también detalló que las sanciones dirigidas a ALMACENES UNIVERSALES S.A. (AUSA) tienen el objetivo de “cortar los servicios de logística y almacenamiento que esta entidad provee a diversas empresas de GAESA y de entidades extranjeras asentadas en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM) que tienen relaciones con ella, así como otras que comercializan bienes con entidades de GAESA. De esta manera, todo el manejo del tráfico de contenedores en la ZEDM y los servicios que esta entidad ofrece con el depósito, almacenamiento y transporte de mercancías, incluidas las actividades portuarias de la ZEDM".
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Por último, el experto subrayó que estas nuevas sanciones son la “respuesta de Estados Unidos a las 176 medidas anunciadas por el gobierno cubano, que dejó intacta a GAESA y todas sus afiliadas”.
Por su parte, el líder opositor y ex preso político José Daniel Ferrer, también en diálogo con Infobae, destacó que las nuevas medidas “deben ser entendidas por lo que realmente son: reforzamiento de la política de máxima presión contra una dictadura criminal que lleva más de seis décadas en el poder, persiguiendo a quienes disienten, encarcelando, negando libertades básicas y condenando al pueblo a la miseria más extrema”.
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Ferrer subrayó que, durante este año, “Washington ha incrementado de manera significativa la presión sobre la dictadura. El 29 de enero, la Casa Blanca declaró una emergencia nacional relacionada con las amenazas atribuidas al régimen castrocomunista. Luego, el 1 de mayo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amplió las posibilidades de sancionar a personas, entidades y familiares vinculados con la represión, la corrupción, el aparato militar, el sector energético, la seguridad y el financiamiento del régimen. En junio, Estados Unidos aplicó nuevas sanciones contra actores del aparato represivo y contra estructuras vinculadas con actividades antiamericanas. También sancionó a CUPET, la empresa estatal cubana de petróleo y gas. Estas medidas golpean directamente una fuente esencial de recursos para la maquinaria de control, vigilancia y represión de la dictadura“, remarcó el disidente.
Luego recordó que, antes de este año, “la política estadounidense ya había dado pasos relevantes”. Y mencionó: “La Administración Trump reactivó en 2019 el Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo demandas contra quienes trafican con propiedades confiscadas por el régimen. En 2025, Washington endureció nuevamente su política hacia Cuba, mantuvo a la isla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, reforzó restricciones a transacciones con GAESA y sus empresas afiliadas, y reafirmó las limitaciones al turismo estadounidense que alimenta al aparato militar cubano”.
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Y siguió: “Quienes critican estas medidas suelen repetir que las sanciones perjudican al pueblo, y es cierto. Afectan como afecta un medicamento fuerte e indispensable para poner fin a una grave enfermedad. La quimioterapia produce fuertes reacciones adversas, pero aplicada a tiempo puede curar el cáncer. No hacer nada contra la grave enfermedad o sólo realizar su diagnóstico o aplicar remedio insuficiente, alarga el sufrimiento del paciente y lleva irremediablemente a la muerte. Los responsables de la tragedia cubana son los dirigentes que monopolizan el poder, controlan las empresas estatales, administran el turismo, acaparan las divisas y utilizan los recursos del país para sostener un sistema de dominación”.
El ex preso político luego destacó que “la verdadera solidaridad con los cubanos” no consiste en financiar al régimen ni en facilitarle recursos para prolongar su existencia. “Consiste en privarlo de los medios con los que reprime, corrompe y compra lealtades. La presión máxima no es un castigo contra Cuba: es una herramienta para abrir caminos hacia la libertad, la liberación de todos los presos políticos, el respeto de los derechos humanos y la transición democrática“, completó.
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Por último, indicó que Estados Unidos, en la medida en que “castiga al régimen opresor, envía ayuda directa al pueblo cubano y ofrece aumentar la asistencia por vías directas que no pasen por las manos de la dictadura corrupta. Sancionar a la dictadura y apoyar directamente al pueblo, hasta alcanzar la democratización de la Mayor de las Antillas, es lo que debieran hacer también la Unión Europea y la mayoría de los países del continente americano”.
“Cada sanción bien dirigida, cada demanda por propiedades robadas y cada restricción contra las empresas de la dictadura acerca el día en que Cuba deje de ser rehén de una élite comunista y vuelva a pertenecer a todos los cubanos”, concluyó.
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