
La escritora Gioconda Belli y un grupo de nicaragüenses exiliados en España, en su mayoría despojados de su nacionalidad por el actual régimen, solicitaron al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que encabece una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra la dictadura de Nicaragua por apatridia.
En una carta enviada este miércoles, los firmantes propusieron que gobiernos progresistas latinoamericanos y caribeños actúen de manera conjunta para exigir responsabilidades al gobierno nicaragüense por el incumplimiento de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. Según la agencia EFE, los exiliados afirmaron que "452 nicaragüenses los que hemos sido despojados arbitraria e ilegalmente de nuestra nacionalidad".
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Según la misiva, la acción conjunta ante la CIJ fortalecería las banderas de la izquierda democrática en defensa del derecho internacional y los derechos humanos. Los firmantes recordaron que la privación de nacionalidad afecta tanto a escritores como Sergio Ramírez y la propia Gioconda Belli, como a figuras religiosas, entre ellas los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez.
EFE detalló que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado la represión desde febrero de 2023, cuando expulsó a 222 expresos políticos hacia Estados Unidos y posteriormente los despojó de su nacionalidad y bienes. Seis días después, las autoridades privaron de la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, entre ellos el obispo Rolando Álvarez. El 5 de septiembre de 2024, 135 personas más fueron desterradas a Guatemala bajo el mismo procedimiento, totalizando así 452 afectados.
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La carta enviada al mandatario colombiano también solicita que Colombia condene al régimen de Ortega durante la próxima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebrará del 20 al 22 de junio en Panamá. Los firmantes instan a que en ese foro se denuncie la muerte bajo custodia estatal del líder indígena miskito y diputado Brooklyn Rivera Brayan.
Según la carta, Rivera desapareció durante casi tres años antes de que su estado de salud fuera mostrado en videos “ya moribundo”, para luego anunciarse su fallecimiento tres días después. Los exiliados calificaron el hecho como parte de “la práctica fatal de la desaparición forzada seguida de la reaparición de las víctimas ya convertidas en cadáveres”.
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El grupo de opositores alertó que otras personas se encuentran detenidas en condiciones desconocidas, sin cargos ni juicio, y reclamó que “alzar la voz en defensa de la integridad física de estas personas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”. Solicitaron que la OEA declare ilegítimo al actual gobierno nicaragüense, reiterando el llamado para que los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe impulsen una resolución que ratifique la condena adoptada previamente por el Consejo Permanente de la OEA y reconozca la ilegitimidad del régimen encabezado por Ortega y Murillo.
Entre los firmantes de la carta figuran, además de Gioconda Belli, la excomandante guerrillera Dora María Téllez, el exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional Moisés Hassan y el exvicecanciller sandinista disidente Víctor Hugo Tinoco. Todos ellos, según el texto, han sido víctimas de represión, exilio, confiscación de bienes y, en algunos casos, prisión bajo el actual régimen.
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EFE informó que la petición no solo fue dirigida a Colombia, sino que también prevé enviarse a los gobiernos de México, Brasil, Uruguay, República Dominicana, Guatemala y Barbados. Los exiliados sostienen que su acción se enmarca en los valores de la izquierda democrática y que buscan apoyo internacional ante lo que consideran una violación de los derechos humanos y la legalidad internacional.
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