La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en primer debate dos proyectos de ley que buscan modernizar el sistema de medición, calidad y normalización en el país.
Esta decisión representa un paso clave para que Panamá avance en la integración con organismos internacionales de metrología y fortalezca su infraestructura nacional en este campo.
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El proyecto de ley 620 propone la aprobación de la Convención del Metro, firmada en París en 1875 y modificada en 1921.
Este instrumento internacional es la base del Sistema Internacional de Unidades (SI) y garantiza la uniformidad y comparabilidad de las mediciones a nivel global.
La adhesión a este convenio permitirá a Panamá mejorar la trazabilidad de sus mediciones y adecuar sus estándares a los exigidos por la ciencia, la industria y el comercio mundial.
La aprobación de estos proyectos implica que Panamá se compromete a adoptar normativas y estándares internacionales en materia de medición y metrología legal.
De este modo, las distintas áreas económicas del país, como la industria, la salud, la energía y la protección al consumidor, podrán beneficiarse de una mayor competitividad y confianza internacional.
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La medida facilitará la integración de Panamá a los mercados internacionales y asegurará que las mediciones sean precisas y confiables.
El segundo proyecto, la ley 621, contempla la adopción del Convenio que establece la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), organismo fundado en 1955 y modificado en 1968.
La OIML es reconocida por la Organización Mundial del Comercio como ente de normalización internacional y sus publicaciones deben ser consideradas por todos los países firmantes del Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio al momento de desarrollar regulaciones técnicas.
Es una entidad intergubernamental que desarrolla normas modelo, estándares y documentos relacionados que sientan las bases para las autoridades de metrología legal y la industria, proporcionando sistemas de reconocimiento mutuo para regular el comercio y el mercado global.
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La Organización Internacional de Metrología Legal está instituida por un tratado y constituida por Estados miembros y miembros correspondientes para unificar los procedimientos de metrología legal a nivel internacional.
La misión de la OIML es permitir que las economías implanten infraestructuras de metrología jurídica efectivas que sean mutuamente compatibles y reconocidas internacionalmente, para todas las áreas en las que los gobiernos asumen responsabilidad, como aquellas que facilitan el comercio, establecen confianza mutua y armonizan el nivel de protección del consumidor a nivel mundial.
Este convenio, indicaron los proponentes, permitirá a Panamá pasar de ser miembro correspondiente a miembro pleno de la Organización Internacional de Metrología Legal, lo que ampliará su capacidad de participación en la elaboración de normas y reglamentos técnicos internacionales.
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La metrología legal, que es la regulación de las mediciones y los instrumentos de medición, es fundamental para evitar errores que puedan tener consecuencias económicas negativas para el consumidor y el comercio.
La adopción de estos marcos regulatorios tendrá efectos directos en el fortalecimiento del sistema metrológico nacional.
Entidades como la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial podrán contar con herramientas y lineamientos internacionales para su labor diaria.
Durante la sesión ordinaria celebrada en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), los proyectos recibieron el respaldo unánime de los integrantes de la comisión.
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Los proyectos de ley 620 y 621 fueron remitidos al pleno de la Asamblea Nacional para su segundo debate, donde continuarán su trámite legislativo.
El objetivo final es que Panamá consolide su papel en la comunidad internacional en materia de medición y calidad, asegurando protección y transparencia para la ciudadanía y el sector productivo.
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