El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución que solicita suspender el acuerdo comercial con Nicaragua como respuesta a la persistencia de la represión estatal en ese país.
La iniciativa, que fue respaldada por aclamación a mano alzada, demanda la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y Nicaragua y propone sanciones más severas contra el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y su círculo cercano, a quienes responsabilizan de crímenes de lesa humanidad.
Según reportó Despacho 505, la resolución también incluye el llamado a una revisión profunda de las relaciones financieras del bloque con el régimen nicaragüense.
La resolución fue aprobada en el pleno del Parlamento Europeo en medio de un consenso transversal entre los principales grupos políticos, que consideran insuficiente la presión diplomática ejercida hasta la fecha.
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De acuerdo con Despacho 505, el documento exige a la Comisión Europea y al Consejo de la UE la adopción de medidas que aseguren que “ningún fondo de la UE o multilateral fortalezca al régimen” de Ortega-Murillo.
Además, los eurodiputados reclaman la “expansión de sanciones selectivas contra los perpetradores”, especificando entre ellos a Ortega y altos funcionarios del gobierno.
El detonante inmediato para la votación fue la muerte bajo custodia del líder indígena Brooklyn Rivera el 30 de mayo, quien había permanecido en situación de desaparición forzada.
El Parlamento solicitó una investigación inmediata sobre este hecho, la devolución de los restos a la familia y la liberación de los allegados que desaparecieron al intentar recuperar el cuerpo, según informó Despacho 505.
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El debate que precedió la aprobación de la resolución se desarrolló el miércoles 17 de junio y giró en torno a la búsqueda de una postura común para enfrentar la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Durante la sesión, siete propuestas de resolución fueron discutidas, centradas en los casos de presos políticos, entre quienes figuran Carlos Brenes y Salvadora del Socorro Martínez Aburto. Ambos fueron arrestados en agosto del año pasado y condenados a 15 años de prisión por “traición a la patria” en juicios calificados como irregulares.
La Eurocámara advirtió que Brenes, quien requiere medicación para la diabetes, no ha recibido atención médica adecuada, y exigió la “liberación inmediata e incondicional” de ambos y del resto de los presos políticos.
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Entre las medidas discutidas, destacó la propuesta de activar la jurisdicción universal y los mecanismos de justicia internacional para perseguir penalmente a los responsables de violaciones de derechos humanos.
El Grupo del Partido Popular Europeo, mayoría en el Parlamento, instó a los gobiernos de la UE a respaldar la rendición de cuentas “incluso mediante la jurisdicción universal y los mecanismos de justicia internacional”, según la información recogida por Despacho 505.
El grupo Patriotas por Europa fue más allá y pidió que los 27 Estados miembros “abran investigaciones contra el régimen de Ortega-Murillo por crímenes de lesa humanidad”.
La estrategia del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas llevó el debate al plano multilateral, solicitando que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mantenga la vigilancia sobre la situación en Nicaragua y “considere la remisión del caso a la Corte Penal Internacional (CPI)”. Según los informes citados por Despacho 505, la represión documentada incluye vigilancia y denegación sistemática de pasaportes a nicaragüenses en el extranjero.
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La resolución también condenaba la represión y expresaba preocupación por los hechos recientes, especialmente por la muerte de Brooklyn Rivera. El grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos sumó una dimensión geopolítica al señalar el “alineamiento estratégico político y militar con Rusia y China” por parte del régimen de Ortega-Murillo.
Otra de las demandas principales fue la detención de la asignación de fondos europeos, incluso a través de instituciones multilaterales y financieras, para evitar que estos recursos fortalezcan al gobierno nicaragüense.
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