Lumberto Campbell, el hombre que Estados Unidos coloca en el centro del escándalo por la muerte de Brooklyn Rivera

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue directo y sin eufemismos en su declaración de prensa del 8 de junio de 2026: “Lumberto Campbell Hooker, sancionado por Estados Unidos, participó directamente en la denegación de asistencia médica a Brooklyn Rivera e impidió que su familia enterrara sus restos”.

El comunicado, emitido junto con el anuncio de restricciones de visa contra más de cien funcionarios nicaragüenses y sus familiares por su “complicidad” con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sitúa a Campbell como una pieza activa en la cadena de acontecimientos que culminó con la muerte de uno de los líderes indígenas más reconocidos de Nicaragua.

“Estados Unidos no ignorará la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la terrible muerte del preso político Brooklyn Rivera”, advirtió Rubio.

Brooklyn Rivera Bryan, presidente nacional del partido indígena YATAMA y líder histórico del pueblo miskito, falleció el 30 de mayo de 2026 a las 8:30 de la noche, a los 73 años, tras más de 970 días de encierro ilegal.

La cadena de acontecimientos que condujo a su arresto comenzó cuando participó en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, celebrado en Nueva York entre el 18 y el 28 de abril de 2023. Allí denunció la invasión de colonos en territorios indígenas de Nicaragua y la falta de respuesta estatal para proteger los derechos de sus legítimos propietarios.

Agonía de Rivera

Rivera fue detenido el 29 de septiembre de 2023 y desde entonces la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó que había sido “detenido y posteriormente desaparecido por miembros de la Policía Nacional de Nicaragua”. Amnistía Internacional lo declaró “preso de conciencia” del Estado nicaragüense.

La dictadura ocultó la muerte del líder indígena durante más de quince horas. No fue sino hasta el mediodía del 31 de mayo de 2026 cuando reconoció oficialmente el fallecimiento. No mencionó que se trataba de un preso político ni que había permanecido en desaparición forzada durante casi tres años.

Solo en los últimos días de vida de Rivera, a partir del 27 de mayo de 2026, el régimen divulgó fotografías y reportes médicos que lo mostraban en condición crítica, conectado a ventilación mecánica y con severas afectaciones en varios órganos.

Ante el deterioro respiratorio, los médicos le practicaron una traqueotomía y lo colocaron en ventilación mecánica invasiva. Una tomografía abdominal realizada el 15 de mayo reveló la presencia de líquido libre intraabdominal y una laparoscopía diagnosticó cirrosis hepática con lesiones macronodulares.

Un comunicado conjunto del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Salud, fechado el 27 de mayo de 2026, cuando el régimen admitió por primera vez —casi tres años después de la detención— la existencia y el estado crítico del preso, puso en escena a Lumberto Campbell al señalar que “la compañera Nancy Elizabeth Henríquez y el comandante Lumberto Campbell le han visitado semanalmente”.

Asimismo, Rosario Murillo repitió en varias ocasiones el “acompañamiento” que Campbell brindaba al “hermano Brooklyn Rivera”, como comenzó a llamarlo desde entonces.

Murillo volvió a mencionarlo en su comunicación radial del 1 de junio de 2026, presentándolo como el hombre que estuvo presente durante los últimos momentos de vida y en la sepultura de Rivera.

“Por la noche de ayer domingo 31 se realizó un acto religioso, solemne y digno, para despedirlo, con la participación de familiares, diputados de la Asamblea Nacional que habían compartido con él trabajos legislativos, y la directiva encabezada por el doctor Gustavo Porras, su presidente, además, por supuesto, de la cercana y cuidada atención del comandante Lumberto Campbell, secretario de la Costa Caribe de Nicaragua y líder histórico allí en nuestra Costa Caribe”, dijo.

Campbell Hooker también apareció en las fotografías divulgadas por el régimen el 27 de mayo de 2026 para informar sobre el “grave” estado de salud del líder indígena. En las imágenes se observa al magistrado costeño junto a Brooklyn Rivera mientras este permanecía postrado en una cama de hospital.

El Gobierno no permitió la presencia de la familia de Brooklyn Rivera en el funeral. Gustavo Porras y Lumberto Campbell encabezaron el cortejo fúnebre. La hija del líder miskito, Tininiska Rivera, denunció que su padre no estuvo acompañado por sus familiares en el lecho de muerte y advirtió públicamente que “aún después de muerto, mi padre sigue secuestrado”.

Amistad con Brooklyn Rivera

La reelección de Lumberto Campbell como magistrado del Consejo Supremo Electoral, en mayo de 2021, provocó una inesperada controversia alrededor de Brooklyn Rivera. Aunque YATAMA formaba parte entonces de la opositora Coalición Nacional, Rivera votó a favor de la continuidad del histórico dirigente sandinista en el órgano electoral, una decisión que numerosos sectores opositores interpretaron como un respaldo a una de las figuras más cuestionadas del sistema político controlado por Daniel Ortega.

Consultado por medios nacionales e internacionales, Rivera defendió su voto alegando razones personales y comunitarias. “Lumberto es un costeño y tiene una amistad personal, y creemos que es una persona con la que podemos comunicarnos”, declaró a la Voz de América. En declaraciones al diario La Prensa insistió en que, más allá de las diferencias políticas, Campbell era su amigo y un representante de la Costa Caribe.

“La sociedad dominante nicaragüense nunca nos valora a la comunidad indígena y afro”, argumentó Rivera, quien sostuvo que su obligación era respaldar a personas originarias de esas comunidades cuando consideraba que ello favorecía sus intereses y representación.

La explicación no convenció a la Coalición Nacional. El bloque opositor emitió un duro comunicado en el que calificó el voto de Rivera como una “infracción grave” a los estatutos y al código de ética de la organización. Según la Coalición, respaldar la reelección de Campbell equivalía a favorecer “directa o indirectamente a la dictadura”. Incluso se planteó la posibilidad de imponer sanciones internas contra el líder indígena.

Lumberto Ignacio Campbell Hooker nació en Bluefields el 3 de febrero de 1949, hijo de Henry Campbell y Mable Hooker, en una ciudad que él mismo describió en una entrevista de 2023 como un mundo aparte: “no había comunicación por tierra, no había televisión, la radio muy poco se escuchaba... los barcos iban a Miami, venían de Miami”.

En 1968 llegó a León para estudiar Física y Matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Un año después fue reclutado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

En 1977 se incorporó a la guerrilla en las montañas del norte del país y, dos años más tarde, el 19 de julio de 1979, participó en la toma del comando de la Guardia Nacional en Waslala. Fue el único “comandante guerrillero criollo” del FSLN, conocido por el nombre de guerra de “El Negro”. En julio de 1980 recibió oficialmente el grado de comandante guerrillero.

Tras el triunfo sandinista de 1979 fue nombrado viceministro y posteriormente ministro de las instituciones encargadas de la Costa Atlántica. En 1984 asumió como ministro delegado de la Presidencia para la Zona Especial II de la Costa Atlántica, cargo que ocupó hasta la derrota electoral del FSLN en 1990.

Navidad roja

El nombre de Lumberto Campbell también ha estado ligado a uno de los episodios más controvertidos de la guerra de los años ochenta en la Costa Caribe. Diversas organizaciones de derechos humanos lo han señalado como uno de los responsables políticos y militares de la llamada Navidad Roja, una operación ejecutada por el Ejército Popular Sandinista entre diciembre de 1981 y enero de 1982 contra comunidades miskitas asentadas a lo largo del río Coco, en el Caribe Norte de Nicaragua.

La operación implicó el desalojo y traslado forzoso de más de ocho mil indígenas miskitos hacia asentamientos controlados por el Gobierno sandinista. Las autoridades justificaron la medida como una acción de seguridad destinada a impedir que las comunidades brindaran apoyo logístico o territorial a la contrarrevolución que operaba desde Honduras. Sin embargo, para numerosos líderes indígenas y organismos humanitarios, la campaña constituyó una violación masiva de los derechos de los pueblos originarios.

En 2006, la Comisión Permanente de Derechos Humanos presentó una denuncia por los presuntos delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad relacionados con aquellos hechos. Según esa organización, la operación dejó un saldo de 64 civiles asesinados, 13 personas torturadas y 15 desaparecidas, además del desplazamiento forzoso de miles de habitantes de la región.

Procónsul en el Caribe

Cuando Ortega regresó al poder en 2007, Campbell se convirtió en el principal operador político del régimen en la Costa Caribe. Fue secretario para Asuntos de la Costa Caribe hasta 2014 y desempeñó un papel central en la alianza entre el FSLN y YATAMA, consolidada en 2006.

En 2014 fue nombrado magistrado del Consejo Supremo Electoral. Desde 2018 ejerció la presidencia interina del organismo tras la caída y sanción internacional de Roberto Rivas. Desde esa posición encabezó el aparato electoral del régimen y años después participó en el proceso que despojó a YATAMA de su personería jurídica y dejó a Rivera sin su escaño de diputado.

El 7 de noviembre de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su papel en la dirección del Consejo Supremo Electoral, al que acusó de utilizar “tácticas antidemocráticas para garantizar que Ortega y sus aliados ganaran elecciones”. Sus activos en territorio estadounidense fueron congelados y se prohibió a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con él.

Su hermano, Francisco Obadiah Campbell Hooker, se desempeñó durante catorce años como representante diplomático de Nicaragua en Washington, hasta que el régimen lo retiró del cargo el 2 de febrero de 2024 alegando su “jubilación”.

La familia Campbell funciona como una auténtica dinastía política en la Costa Caribe. Sus miembros ocupan diversos cargos en el aparato estatal y judicial. Lumberto Campbell actúa como una especie de “procónsul” del régimen de Ortega y Murillo para la región. Su posición institucional es difusa: el régimen lo presenta como “Coordinador de la Secretaría para Asuntos de la Costa Caribe”, aunque nunca ha sido removido formalmente como magistrado del Consejo Supremo Electoral y continúa apareciendo como tal en la página oficial de ese poder del Estado.