La CIDH exige a Nicaragua proteger los derechos y la salud del joven Beyker Ferreti atrapado en una condena arbitraria

En un contexto de continua preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el pasado 5 de junio de 2026 la Resolución 42/2026. A través de este mecanismo, el organismo internacional otorgó medidas cautelares urgentes en beneficio del joven nicaragüense Beyker Enrique Ferreti Hernández.

La decisión se tomó tras determinar que Ferreti se encuentra en una situación de extrema gravedad y urgencia, con un riesgo inminente de sufrir daños irreparables a su vida, integridad personal y salud dentro del sistema penitenciario del país centroamericano.

La CIDH, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), basó su resolución en el artículo 25 de su Reglamento. Según los informes recibidos por la Comisión, el joven padece condiciones de:

• Detención profundamente inadecuadas
• Sufre agresiones físicas
• Amenazas y malos tratos
• Carece por completo de acceso a una atención médica oportuna y especializada para tratar los problemas de salud que ha desarrollado y visto deteriorarse durante su reclusión.

Frente a la gravedad de las denuncias, la Comisión solicitó formalmente al Estado de Nicaragua que adopte de manera inmediata todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la salud del beneficiario.

Esto incluye garantizar que sus condiciones de reclusión se alineen con los estándares internacionales, asegurar que no vuelva a ser víctima de violencia o intimidación, proveerle alimentación y agua potable de calidad, y realizar una valoración médica integral e inmediata.

Asimismo, la CIDH instó a las autoridades nicaragüenses a informar sobre las acciones tomadas para investigar los hechos que motivaron esta resolución.

¿Por qué está en la cárcel Beyker Ferreti? El trasfondo de su detención

El origen de la persecución en su contra se remonta al año 2018, cuando Nicaragua se vio sacudida por una oleada de protestas sociales generalizadas contra el régimen de Daniel Ortega. El joven participó de forma activa en estas manifestaciones ciudadanas.

Como miles de jóvenes que se involucraron en el movimiento de protesta, Beyker se convirtió en el blanco de las fuerzas de seguridad y de grupos civiles progubernamentales. Debido al acoso constante y al temor fundado de ser arrestado de manera arbitraria, se vio obligado a abandonar su país y refugiarse en el exilio.

Tras pasar un tiempo fuera de Nicaragua, la situación de vulnerabilidad en el exterior lo llevó a intentar un desplazamiento. En octubre de 2022, mientras intentaba cruzar la frontera hacia Honduras de manera irregular, Ferreti fue interceptado y detenido por las autoridades nicaragüenses.

Una vez bajo custodia del Estado, se inició un proceso judicial en su contra que ha sido catalogado por diversos sectores como una farsa judicial. El joven fue acusado del asesinato del niño Taylor Lorío, un menor de edad que perdió la vida en el contexto de la represión violenta de las protestas de 2018. Tras un juicio cuestionado por la falta de garantías procesales, Ferreti fue condenado a cumplir una pena de 15 años de prisión.

Sin embargo, el caso penal carece de legitimidad a los ojos de la comunidad civil y de derechos humanos. Diversas organizaciones locales e internacionales han denunciado formalmente que la acusación penal es un montaje político estructurado con el único fin de castigar su activismo del año 2018.

El cuestionamiento más contundente al fallo judicial proviene, de manera sorprendente, del propio padre del niño fallecido. El progenitor de la víctima ha declarado públicamente que el caso contra el joven nicaragüense es una manipulación de la justicia y un claro ejemplo de criminalización arbitraria, desvinculando por completo a Ferreti del crimen.

La resolución internacional busca visibilizar y frenar los abusos que sufre en “La Modelo”, un penal donde los estándares de dignidad humana parecen haber sido suspendidos para los prisioneros considerados opositores políticos.