El fallecimiento reciente del líder indígena Brooklyn Rivera bajo custodia del Estado ha reavivado las denuncias sobre una serie de muertes de presos políticos en Nicaragua, atribuibles a un patrón sistemático de represión y negligencia por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según reportes de Artículo 66 y la agencia EFE, familiares y organizaciones de derechos humanos identifican al menos ocho casos de opositores que perdieron la vida tras permanecer detenidos en condiciones consideradas ilegales y degradantes.
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Expertos advierten que estas muertes, lejos de ser incidentes aislados, evidencian la persistencia de políticas estatales que atentan contra la vida y la integridad de los prisioneros.
El caso de Brooklyn Rivera, líder misquito de 73 años y referente histórico de la defensa de los derechos indígenas, se convirtió en el más reciente decesos bajo custodia estatal.
El régimen mantuvo a Rivera en privación de libertad, con acceso limitado a atención médica y sin contacto regular con su comunidad. Tras su muerte, sus restos fueron enterrados de forma inmediata y sin los rituales ancestrales que había solicitado, según informaron medios nicaragüenses y la agencia EFE.
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Rivera se suma así a una lista de víctimas que incluye a dirigentes políticos, activistas y exfuncionarios, todos fallecidos en circunstancias que organizaciones de derechos humanos califican como crimen de lesa humanidad.
De acuerdo con Artículo 66, los antecedentes de muertes bajo custodia estatal en Nicaragua se extienden al menos desde 2019, cuando el preso político Eddy Montes, de 57 años, murió por un disparo de fusil AK-47 durante una confrontación en el penal. La impunidad persiste en ese caso, sin investigaciones independientes ni sanciones para los responsables.
En febrero de 2023, el general en retiro Hugo Torres, de 73 años, falleció tras pasar meses en prisión con atención médica insuficiente. La versión oficial atribuyó el deceso a causas naturales, omitiendo los antecedentes de deterioro por las condiciones de detención.
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En agosto de 2025, el opositor Mauricio Alonso y el doctor Carlos Cárdenas Zepeda murieron poco después de ser detenidos. Ambos casos siguieron un patrón similar: la entrega inmediata de los cuerpos a las familias con la instrucción expresa de no realizar preguntas, mientras se aceleraban los sepelios lejos de la exposición pública. L
Otro caso emblemático es el de Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente y exjefe del ejército. Ortega Saavedra, de 77 años, fue detenido en mayo de 2024 tras emitir declaraciones críticas al régimen y falleció bajo vigilancia estatal en septiembre del mismo año.
Organizaciones y familias reclaman la liberación de presos políticos
A raíz de estos hechos, diferentes organizaciones humanitarias y agrupaciones de la sociedad civil han intensificado sus llamados a la comunidad internacional para exigir la liberación inmediata de quienes permanecen en cárceles nicaragüenses por motivos políticos.
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La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), cuyo secretario ejecutivo Álvaro Leiva Sánchez permanece exiliado y desnacionalizado, sostiene que estas muertes configuran un quiebre irreversible del pacto fundamental entre el Estado y la población. Leiva Sánchez declaró en entrevista con Artículo 66: “Ocho muertes bajo custodia del Estado no son estadística. Son la evidencia más cruda de que en Nicaragua se ha roto el pacto fundamental entre un Estado y su población”.
El régimen que encabezan Ortega y Murillo ha respondido con secretismo, negando acceso a la información sobre la salud y paradero de los reos políticos y evitando la apertura de investigaciones independientes.
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