Más de 557 mil menores de edad viven en pobreza en Costa Rica

Costa Rica mantiene una deuda histórica con su población menor de edad. Así lo concluye una investigación de la Universidad Nacional (UNA), que documenta que 557,000 niños, niñas y adolescentes viven en condición de pobreza básica o extrema, mientras que la cobertura de la Red Nacional de Cuido alcanza apenas al 12 % de quienes requieren ese servicio.

Los hallazgos forman parte de la publicación La deuda de Costa Rica con sus niños, niñas y adolescentes, elaborada por la académica jubilada de la UNA Ana Teresa León Sáenz y presentada en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina-UNA).

El estudio, resultado de dos años de investigación, recopila información de las siete provincias del país y analiza indicadores relacionados con pobreza, violencia, salud, educación, protección social y primera infancia. Además del diagnóstico, la publicación propone una serie de acciones orientadas a reducir las brechas sociales que afectan a esta población.

“Esta publicación es un esfuerzo por sintetizar la información principal sobre la situación de la niñez por provincias. La idea es motivar a las municipalidades, las instituciones y a toda la sociedad a hacer un esfuerzo colectivo, porque ignorar esta deuda es una apuesta contra todos nosotros”, afirmó León Sáenz.

La investigadora, quien además fue la primera directora del Ineina y expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), advirtió que la falta de inversión en la niñez no solo afecta el bienestar de miles de menores de edad, sino que también genera consecuencias sociales y económicas que se prolongan durante toda la vida y resultan más costosas de atender en la adultez.

Menos nacimientos y mayores desafíos

El análisis también evidencia cambios demográficos que podrían transformar la composición de la población costarricense durante la próxima década.

Según la investigación, los nacimientos en el país se redujeron en más de un 35 % durante los últimos diez años. De mantenerse esa tendencia, para 2034 las personas menores de edad representarían únicamente el 11.6 % de la población nacional.

A este panorama se suma otra preocupación: la limitada disponibilidad de información oficial actualizada sobre niñez y adolescencia, así como los recortes presupuestarios que, según la autora, dificultan la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas y responder oportunamente a las necesidades de esta población.

El documento sostiene que la ausencia de datos oportunos limita la toma de decisiones y dificulta la identificación de las comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad.

Propuestas para reducir la brecha social

Como parte de las recomendaciones, la investigación plantea fortalecer los programas preventivos dirigidos a familias en condición de vulnerabilidad, ampliar los servicios de protección para niños y adolescentes y desarrollar estrategias comunitarias que permitan atender de forma integral las principales problemáticas sociales.

Para alcanzar estos objetivos, la publicación estima necesaria una inversión cercana a los ₡40,000 millones (USD 90 mil) anuales durante un periodo de cinco años, recursos que permitirían ampliar la cobertura de programas de atención y reforzar las acciones de prevención en distintas regiones del país.

La autora sostiene que invertir durante los primeros años de vida genera beneficios sociales y económicos de largo plazo, al disminuir factores asociados con la pobreza, la violencia, la exclusión y el rezago educativo.