La nicaragüense Jennyfer Elizabeth Reyes Castro murió el 27 de mayo tras una cirugía estética realizada en Managua y su familia señaló por presunta mala praxis al médico Livang Clifford Argüello Molina y a la doctora Karla Ramos. El caso reactivó el debate sobre controles sanitarios y procedimientos promocionados en redes sociales.
Reyes, oriunda de Matagalpa, viajó a la capital para someterse a una liposucción de espalda y una transferencia de grasa a los glúteos. Según relató su esposo, Kevin Molinares, la gestión se hizo por una cuenta de Instagram llamada “Amate” y la intervención se concretó con aval médico.
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El documento de atención médica indica que la paciente recibió el alta el mismo día. Horas después, ya en Matagalpa, presentó dolor intenso, dificultad respiratoria y visión borrosa, por lo que su familia la llevó de urgencia a un hospital local.
Los médicos que la atendieron en Matagalpa detectaron un cuadro grave: perforación de un pulmón, hemorragia interna e infección generalizada, de acuerdo con el testimonio familiar.
La evolución derivó en una embolia grasa y un hemotórax, y la paciente permaneció en cuidados intensivos e intubada antes de fallecer, según confirmaron allegados.
Cambios en la defensa y proceso judicial contra Livang Argüello
Tras la muerte de Reyes, su familia responsabilizó al doctor Argüello y a la doctora Ramos por el desenlace. Argüello designó un nuevo abogado, Gabriel Díaz, quien presentó un recurso de nulidad del fallo en un proceso previo.
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La defensa sostuvo que ya existía un expediente abierto por los mismos hechos en otro juzgado, lo que, según su planteo, podría afectar la validez del proceso en curso.
En el antecedente judicial, el Juzgado Segundo Local Penal declaró culpable a Argüello por lesiones graves imprudentes contra otra paciente, Jhulianov Carolina Samayoa Morales, durante un procedimiento estético. En ese caso, el Ministerio Público y la representación legal de la víctima afirmaron que el médico actuó fuera de los estándares exigidos.
La Fiscalía pidió tres años de prisión e inhabilitación profesional. La jueza debe resolver si admite la solicitud luego de la presentación del incidente de nulidad, según consta en el expediente citado por la defensa.
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Debate público y cuestionamientos sobre fiscalización sanitaria
El caso impulsó discusiones en redes sociales, donde el médico se presenta como “Dr. Livan” y reúne decenas de miles de seguidores en TikTok. En publicaciones y comentarios, usuarios lo defendieron y cuestionaron las denuncias, mientras otros exigieron mayor fiscalización de clínicas y profesionales.
Parte del debate se concentró en la supervisión del Ministerio de Salud de Nicaragua. Denuncias previas apuntaron a que el establecimiento donde se hicieron procedimientos estéticos no contaba con habilitación ni autorización sanitaria, lo que reabrió dudas sobre controles y permisos en centros similares.
Otro proceso por lesiones imprudentes y polémica en redes
En un caso anterior, el 25 de noviembre de 2024, en la clínica AMATE de Managua, Argüello fue acusado de realizar una lipopapada a una paciente de 39 años sin contar, presuntamente, con la especialidad y los permisos requeridos. El expediente judicial señaló quemaduras, perforaciones, inflamación y una deformidad visible, y la jueza María José Morales dictó medidas cautelares, según registros del proceso.
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La controversia también se trasladó a redes sociales. Keren Itamar, esposa del médico, afirmó que Argüello tiene un código del Ministerio de Salud y una maestría cursada en México, aunque reconoció que no se presenta como cirujano plástico. También cuestionó los motivos económicos de la denuncia, según publicó en sus cuentas.
Regulación de las cirugías estéticas en Nicaragua
La muerte de Reyes y los antecedentes judiciales contra Argüello volvieron a poner el foco en la regulación de las cirugías estéticas y en la habilitación de clínicas y profesionales.
El debate se amplificó por la oferta de procedimientos promocionados en redes sociales, donde la captación de pacientes no siempre permite verificar credenciales y autorizaciones.
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En paralelo al caso, usuarios y familiares reclamaron que las autoridades sanitarias refuercen controles sobre centros privados y sobre la acreditación de quienes realizan intervenciones. La investigación por la muerte de Jennyfer Reyes y las actuaciones judiciales vinculadas al médico continúan en curso en Nicaragua.
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