Las recientes sanciones de Estados Unidos han colocado en el centro de la atención internacional a dos de los hijos de la pareja presidencial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
De acuerdo a una nota de la agencia EFE, Daniel Edmundo y Maurice Facundo Ortega Murillo han sido señalados por el Departamento del Tesoro como piezas clave en la estructura de poder de sus padres, acusados de facilitar la permanencia del régimen y de participar en la incautación forzosa de propiedades relacionadas con la minería del oro en Nicaragua.
Los nombres de Daniel Edmundo, de cuarenta y seis años, y Maurice Facundo, de cuarenta, figuran en la lista de sancionados junto a otros cinco individuos y siete empresas mineras, además del viceministro de Energía y Minas.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), citada por EFE, todos estos actores contribuyen a “generar fondos y mantener el control político en Nicaragua”, además de estar “involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua”.
Las sanciones forman parte de una estrategia del gobierno estadounidense para presionar al círculo íntimo de Ortega y Murillo. Los hijos de la pareja presidencial han sido señalados como operadores fundamentales para el funcionamiento y la consolidación del régimen en áreas estratégicas como la comunicación y el deporte.
Daniel Edmundo Ortega Murillo: el comunicador del régimen
Daniel Edmundo Ortega Murillo es el hijo mayor de la pareja presidencial y ocupa el cargo de coordinador del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, una posición que heredó de su madre cuando fue designada vicepresidenta en 2017 y posteriormente copresidenta tras una reforma constitucional en 2025.
Desde ese cargo, Daniel Edmundo controla los principales medios estatales y sandinistas, así como la línea oficial del gobierno. Entre los canales bajo su coordinación se encuentran Canal 6, y los canales privados 2, 4, 8, 13 y 22, gestionados por otros miembros o allegados de la familia Ortega Murillo.
Antes de asumir estas funciones, dirigió Canal 4. Su formación académica es en Sociología por la Universidad Centroamericana (UCA), una institución jesuita cerrada y expropiada por el Estado.
En el ámbito personal, está casado con Mara Vanessa Stotti, quien fue nombrada codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo en 2024, en una muestra del poder familiar en el aparato estatal.
Daniel Edmundo ha defendido leyes como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, y ha calificado a los periodistas críticos como “mercenarios” y “traidores a la patria”, según se ha documentado en declaraciones públicas.
Maurice Facundo Ortega Murillo: el delegado de los deportes
El segundo hijo sancionado, Maurice Facundo Ortega Murillo, ha sido delegado por sus padres como responsable de la política deportiva del país.
En los últimos meses, recibió en Managua al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y fue anfitrión del entrenador Dusty Baker, quien dirigió a la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
Maurice Facundo está casado con Blanca Javiera Díaz Flores, hija del comisionado Francisco Díaz Madriz, codirector de la Policía Nacional y también sancionado por Estados Unidos.
Además, su cuñada, Nahima Janett Díaz Flores, dirige el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), otra funcionaria bajo sanciones de Washington.
Su nombre, como relató el propio Daniel Ortega, rinde homenaje a Maurice Bishop, líder granadino asesinado en 1983. Estudió Comunicación Social en la UCA y Cine y Televisión en la Universidad Veritas, de Costa Rica, junto a su hermano Laureano Facundo. Dirige Canal 13 junto a su hermana Camila Ortega Murillo.
Durante años, Maurice Facundo mantuvo un perfil discreto, pero su papel ha adquirido mayor visibilidad al asumir responsabilidades directas en el ámbito deportivo nacional.
Las medidas tomadas por el Departamento del Tesoro subrayan el papel de los hijos de Ortega y Murillo en la gestión y consolidación del poder familiar, extendiendo la red de control a sectores clave de la vida pública y económica nicaragüense.
Esta estrategia ha sido interpretada como un intento de Washington de limitar la capacidad del régimen para sostenerse financieramente y aislarlo internacionalmente.
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