Estados Unidos sancionó a los hijos de Daniel Ortega y golpeó una red de oro del régimen de Nicaragua

Washington asestó este 16 de abril uno de los golpes más amplios contra la estructura económica del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua al sancionar a cinco individuos y siete empresas vinculadas al sector del oro, una industria que Estados Unidos identifica como clave para sostener financieramente a la dictadura.

La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, incluye un elemento políticamente sensible: la designación de dos hijos de la pareja gobernante, señalados por Washington como parte del engranaje estatal que mantiene el control político y económico del país.

“El régimen de Murillo-Ortega ha buscado llenar sus propias arcas mediante el uso de estas empresas auríferas y de sus co-conspiradores, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y usándolas para generar fondos con los que mantener su poder político”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos de propiedad estadounidense y seguirá apuntando contra las fuentes de ingresos que fortalecen al corrupto régimen Murillo-Ortega”, agregó.

La sanción coloca en el centro del debate el papel del oro nicaragüense como sostén económico del régimen. Según el Tesoro, desde al menos 2020 el gobierno ha reorganizado ese sector en una “compleja red de empresas fachada y testaferros diseñada para generar divisas, lavar activos sancionados y reforzar el control político”.

En ese esquema, Washington señala directamente a figuras ya sancionadas, como Laureano Ortega Murillo —quien ya había sido sancionado en 2019— y al ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, como operadores clave de un sistema que canaliza ingresos hacia el núcleo del poder.

El nuevo paquete de sanciones amplía ese cerco al incluir a otros dos hijos del mandatario. Maurice Facundo Ortega Murillo, delegado presidencial para deportes, y Daniel Edmundo Ortega Murillo, jefe del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, fueron designados por “ser funcionarios del Gobierno de Nicaragua o haber servido como tales en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007”.

“La dictadura ha convertido al Estado en un instrumento familiar y ha concentrado aún más el poder en la pareja”, señala la nota oficial, que describe una dinámica de nepotismo en la que los hijos del matrimonio ocupan posiciones estratégicas.

Pero el núcleo de la ofensiva está en el oro.

La empresa estatal Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), ya sancionada desde 2022, aparece como eje de ese sistema. Según Washington, esta entidad controla qué compañías operan en el sector y canaliza las ganancias hacia actores privados aliados y operadores del régimen mediante pagos ilícitos.

El informe sostiene que “altos miembros de la dictadura se han beneficiado del aumento de las exportaciones de oro”, en un contexto en el que ese mineral se ha convertido en una de las principales fuentes de divisas del país.

Entre las empresas ahora sancionadas figura Exportadora de Metales S.A. (EMSA), descrita como una compañía que compra oro en distintas regiones del país, lo procesa en Managua y lo vende en el mercado internacional, incluyendo Estados Unidos.

Según el Tesoro, las ganancias obtenidas “fueron transferidas electrónicamente a una cuenta bancaria en Managua” y “posiblemente se utilizaron para equipar, entrenar y pagar los salarios de grupos paramilitares subordinados al gobierno nicaragüense”.

Otra de las piezas clave es Grupo Minero Xiloá S.A., señalada por operar como intermediaria en la compra de oro artesanal en efectivo, procesarlo y exportarlo mediante una red de empresas. Ese circuito, afirma Washington, permite “utilizar el sistema financiero de Estados Unidos para legitimar fondos ilícitos”, que luego son reinvertidos en el sostenimiento del aparato político.

La lista incluye además a Thomas Metal S.A., Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. y Brother Metal S.A., todas beneficiadas —según el Tesoro— con amplias concesiones mineras otorgadas por el régimen, pese a cuestionamientos sobre su trayectoria o capacidad técnica.

En paralelo, la acción apunta a empresas e individuos involucrados en la confiscación de activos de inversionistas estadounidenses, una práctica que Washington identifica como parte del mismo esquema.

El caso más emblemático es el de BHMB Mining Nicaragua S.A., cuya planta fue ocupada en 2025 por actores vinculados al régimen. “Los individuos irrumpieron en las instalaciones, expulsaron al personal de seguridad y asumieron el control físico de la propiedad”, detalla la nota. La empresa, añade, “no ha recibido compensación alguna”.

Entre los señalados por ese episodio figuran Zhong Fu Development S.A. y Santa Rita Mining Company S.A., así como el empresario Feiwu Bian y el representante legal Aníbal Vladimir Matus Buitrago, acusados de participar directamente en la toma.

La red se extiende a operadores administrativos y legales. El viceministro de Energía y Minas, Santiago Hernán Bermúdez Tapia, fue sancionado como funcionario del gobierno, mientras que Nelson Francisco Sobalvarro y el abogado Lester Matus Tamariz fueron señalados por facilitar transferencias de concesiones y trámites notariales vinculados al sector.

El Departamento del Tesoro también describe una reconfiguración empresarial para evadir sanciones. Según la investigación, concesiones mineras fueron transferidas entre compañías antes y después de designaciones previas, en un intento de mantener operativas las actividades extractivas.

Las implicaciones de la medida son amplias. Todos los bienes e intereses de los sancionados en territorio estadounidense quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y entidades de ese país realizar transacciones con ellos. Además, cualquier empresa en la que estas personas posean, directa o indirectamente, el 50% o más, también queda sujeta a las restricciones.

El Tesoro advierte que incluso actores extranjeros pueden verse afectados. Instituciones financieras que “faciliten una transacción significativa” con los sancionados podrían enfrentar sanciones secundarias, incluyendo restricciones para operar en el sistema bancario estadounidense.

La medida refuerza una estrategia sostenida de presión sobre Managua que se intensificó tras la represión de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018. Washington recuerda que, en los días posteriores a esas manifestaciones, “la dictadura fue responsable de la muerte violenta de casi 30 civiles nicaragüenses”, en el inicio de una crisis que se ha prolongado durante años.

A casi ocho años de ese punto de quiebre, el gobierno estadounidense sostiene que el régimen ha respondido con “persistente intransigencia y nuevos esfuerzos por suprimir los derechos de su población”.

El propio Tesoro lo deja claro al subrayar que el objetivo final de las sanciones “no es castigar, sino provocar un cambio positivo de comportamiento”. Pero en la práctica, el mensaje es directo: el sector aurífero, convertido en una de las principales cajas del régimen, está ahora en la mira.

“Mensaje de abril a la dictadura: Dept del Tesoro sanciona a Maurice y Daniel Edmundo Ortega, al vice Ministro de Minas y a dos testaferros. Igualmente al entramado de 7 empresas mineras beneficiadas por las confiscaciones recientes, estos casos han sido destapados recientemente”, reaccionó en X el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro.