La asamblea general de la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, acordó este domingo rechazar la convocatoria al diálogo planteada por el Gobierno de Rodrigo Paz y mantener los bloqueos de carreteras que aíslan a La Paz desde hace exactamente un mes. Las organizaciones exigen la renuncia inmediata del mandatario.
Tras varias horas de debate a puerta cerrada, los delegados de los diferentes sectores productivos y sociales determinaron que no existen las garantías políticas mínimas para instalar una mesa de negociación. Los manifestantes acusan a la actual administración de priorizar la represión policial antes que el consenso.
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La postura de las bases fue ratificada por los principales portavoces del movimiento civil. José Luis Álvarez, responsable de Magisterio Urbano de La Paz, confirmó tras la asamblea que las medidas de presión continuarán de forma indefinida en las rutas interdepartamentales. “Se ha decidido mantener las medidas de presión. Hasta ahora no hay posibilidad. Se ha descartado el diálogo”, declaró el dirigente sindical a los medios locales al término del encuentro.
El descontento entre los huelguistas aumentó en los últimos días debido a la estrategia gubernamental para disolver los focos de protesta. Los sindicatos consideran que el Palacio Quemado ha optado por una vía puramente policial y de control territorial para intentar levantar los cortes de ruta de forma forzosa. Esta postura oficial ha cerrado los canales de interlocución que se intentaban trazar a través de mediadores independientes.
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Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fuerza clave en la movilización rural, respaldó el mandato de la asamblea de la COB. Severo Marca, directivo de la confederación, subrayó que los mandos intermedios no tienen margen para desarticular las protestas sin el aval de las asambleas locales. “Nosotros sólo representamos a nuestros hermanos de base”, enfatizó Marca para explicar la rigidez de la postura campesina.
El prolongado asedio a la sede de Gobierno ha generado un escenario crítico de desabastecimiento de insumos básicos, hidrocarburos y alimentos en la región metropolitana paceña. Ante el agravamiento de la situación sanitaria, el dirigente Jaime Solares anunció que el ampliado de la COB autorizó la habilitación excepcional de corredores humanitarios. La medida busca permitir de forma exclusiva el paso de medicinas, provisiones hospitalarias, ambulancias y personal de emergencia.
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A la par de las deliberaciones de la Central Obrera, la combativa Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari sesionó este domingo para coordinar el reforzamiento de los bloqueos en las rutas provinciales. El control de las vías de acceso a los valles y al altiplano por parte de las comunidades originarias constituye el principal factor de asfixia logística para el suministro logístico de La Paz.
La respuesta de las autoridades ante el portazo sindical fue inmediata. La Vicepresidencia del Estado comunicó oficialmente la suspensión por tiempo indefinido de la mesa de concertación nacional programada para este domingo. El Gobierno argumentó que la incomparecencia de las organizaciones convocantes de las movilizaciones invalida cualquier intento de acuerdo institucional, dejando al país en un peligroso vacío de resolución política.
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El origen de la actual crisis se remonta a la acumulación de demandas económicas insatisfechas y reformas de carácter estructural impulsadas por el Ejecutivo. La oposición de los sectores gremiales y agrarios a la gestión del presidente Rodrigo Paz escaló paulatinamente desde huelgas sectoriales hasta un paro generalizado. La falta de respuestas efectivas transformó un reclamo sectorial en una impugnación total a la continuidad del mandato presidencial.
El panorama boliviano ingresa así en una fase de desgaste de desenlace incierto. Con la vía institucional suspendida y el desabastecimiento al límite en los centros urbanos, la persistencia del bloqueo forzará previsiblemente nuevos posicionamientos de las Fuerzas Armadas y de la Defensoría del Pueblo. El conflicto amenaza con desbordarse hacia los departamentos del oriente del país si no se restituyen los canales de mediación internacional.
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