El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU ha registrado un agravamiento en la represión estatal en Nicaragua, señalando que los abusos no solo persisten, sino que han adquirido nuevas formas y se extienden más allá de las fronteras nacionales, destaca una nota de la agencia EFE.
El organismo -citado por EFE-sostiene que estos actos son financiados a través del desvío de fondos públicos originalmente asignados a servicios sociales básicos.
Según la documentación presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el grupo ha reunido pruebas materiales como registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos que reflejan la existencia de una estructura paralela vinculada al partido Sandinista.
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Jan-Michael Simon, presidente del grupo, subrayó que la corrupción en Nicaragua se ha convertido en una herramienta institucional para financiar graves violaciones de los derechos humanos.
El informe afirma que las víctimas de la represión han aumentado y ahora incluyen desde estudiantes hasta miembros de comunidades indígenas y religiosas, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas políticos. Esta ampliación en el espectro de afectados revela, según Simon, la magnitud del aparato represivo estatal.
Medidas de control y castigo a disidentes y sus familias
Uno de los focos del grupo de expertos es la situación de los nicaragüenses en el extranjero y el impacto que las medidas represivas ejercen sobre ellos y sus familias. El informe sostiene que el gobierno utiliza detenciones arbitrarias, confiscación de bienes y restricciones de salida del país contra los familiares que permanecen en Nicaragua. Estas acciones buscan fomentar la autocensura y el aislamiento social, dificultando la organización de la oposición política.
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El grupo sostiene que el aparato estatal ha elaborado este patrón de violaciones para disuadir y castigar tanto a quienes alzan la voz desde el exilio como a sus allegados, estableciendo un clima de miedo y represión extendida.
Demandas de acceso y respuesta internacional
Durante la presentación del informe, Simon exigió al Gobierno de Nicaragua que desmantele el sistema represivo y autorice el ingreso sin restricciones a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. La delegación diplomática nicaragüense acreditada ante la ONU en Ginebra no se presentó a la sesión; por eso, no hubo respuesta oficial a las acusaciones.
En la fase de comentarios, un representante de la Unión Interparlamentaria expresó preocupación por la situación del congresista y líder indígena Brooklyn Rivera Bryan y su suplente Nancy Henríquez James. Sobre Rivera Bryan, la organización remarcó la gravedad de la falta de información oficial sobre su paradero y estado físico. Respecto a Henríquez, la inquietud tiene que ver con su privación de libertad, las condiciones de detención y su salud delicada.
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Prácticas de detención y denuncias de desapariciones
Reed Brody, integrante del Grupo de Expertos, sostuvo que las detenciones arbitrarias constituyen un método central de control político en Nicaragua. Explicó que las víctimas suelen encontrarse en aislamiento, incomunicadas y sin acceso a atención médica, circunstancias que a menudo se consideran tratos crueles y degradantes y pueden clasificarse como tortura.
Brody también denunció la existencia de desapariciones forzadas, aludiendo a la falta de información sobre el destino de once personas detenidas arbitrariamente. Reclamó a las autoridades nicaragüenses que presenten pruebas fehacientes sobre el estado de Rivera Bryan.
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