La expansión de la represión estatal en Nicaragua ha generado una alerta internacional sin precedentes, al documentarse una maquinaria de persecución sostenida y financiada desde el propio Estado.
El informe presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU este 10 de marzo de 2026 y al que Infobae tuvo acceso revela que fondos públicos desviados sostienen un aparato de control que impacta tanto en el país como en el exilio.
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En ese contexto, el informe sostiene que el desvío de recursos públicos, originalmente asignados a asistencia social y servicios urbanos, permitió fortalecer una estructura paralela de vigilancia y control político.
El documento de 26 páginas detalla que funcionarios, empleados estatales y empresas vinculadas al poder participaron en la ingeniería financiera que respalda las operaciones represivas, utilizando conceptos como “bonos económicos” o “asistencia humanitaria” para encubrir el destino de los fondos.
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La “Operación Limpieza”, desarrollada desde 2018, se señala como un hito en la represión. El informe explica que se trató de una serie de acciones violentas para desmantelar protestas opositoras y afianzar la autoridad gubernamental, marcando un punto de inflexión en la intensidad de las violaciones a los derechos humanos.
Fases y evolución de la represión estatal
Los expertos en derechos humanos a través de una investigación exhaustiva detectaron que la represión tomó un curso escalonado a partir de 2018.
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Inicialmente, el Estado enfrentó las protestas con fuerza excesiva y violencia sistemática. Desde 2021, la persecución se tornó más selectiva, centrada en líderes opositores, periodistas, estudiantes y críticos dentro del propio sandinismo, recurriendo a detenciones arbitrarias y campañas de hostigamiento.
El incremento del control se consolidó a partir de 2022, con la persecución de sectores como la Iglesia católica y la erradicación de cualquier forma de disidencia dentro del Estado y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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Desde 2023, el informe afirma que la represión también se dirigió a quienes están en el exilio, extendiendo los ataques y la vigilancia fuera de las fronteras nacionales.
El Grupo de Expertos describió una ampliación del universo de víctimas: activistas, periodistas, campesinos, indígenas, líderes religiosos y funcionarios críticos fueron blanco de nuevas formas de hostilidad, incluidas la vigilancia digital y agresiones físicas en países vecinos.
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Entre las situaciones descritas en el informe, se señala que el aparato represivo nicaragüense intensificó ataques transnacionales en el último año.
Dimensión de género y represión diferenciada
El análisis del informe identifica una dimensión de género en las violaciones de derechos humanos, subrayando un patrón dirigido contra mujeres y personas LGBTIQ+.
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El documento menciona la existencia de campañas de estigmatización, violencia sexual, detenciones arbitrarias y amenazas orientadas a castigar la identidad o el liderazgo social.
Las defensoras indígenas y afrodescendientes sufrieron ataques como desplazamientos forzados y humillaciones tanto en espacios públicos como durante la detención. Además, el exilio representa un riesgo adicional para mujeres y personas LGBTIQ+, pues limita su acceso a empleo, vivienda y servicios básicos y las expone a nuevos episodios de hostilidad.
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Mecanismos de persecución y redes transnacionales
La represión y el control estatal involucran a todas las ramas de gobierno, con participación coordinada del FSLN, la policía, el ejército, instituciones civiles, la Cancillería y redes de informantes.
El informe presentado este martes identifica dos niveles de acción: uno político, estructurado desde la presidencia y el círculo de confianza, y otro operativo, responsable de ejecutar tareas de vigilancia, acoso y represión, tanto dentro como fuera de Nicaragua.
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A partir de 2023, explica el documento, los mecanismos trascienden las fronteras nacionales. Se documentan casos de persecución transnacional mediante el uso de INTERPOL, la aplicación de normativas anti-lavado y la privación de la nacionalidad como instrumentos para hostigar a exiliados y opositores.
Asimismo, la confiscación de propiedades, cuentas y empresas afecta a víctimas y familiares, incluidos menores de edad, como método de castigo y disuasión.
Crímenes de lesa humanidad y responsabilidades
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos atribuye los hechos documentados a crímenes de lesa humanidad: asesinato, encarcelamiento, tortura, desaparición forzada, deportación y persecución política por motivos de género.
El informe hace hincapié en la sexualización de la violencia y en la estigmatización de mujeres y movimientos feministas como características de la persecución política.
La responsabilidad fijada señala directamente al Estado nicaragüense, con efectos más allá del territorio nacional. El documento identifica como responsables a los Co-Presidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como al menos a 52 altos funcionarios y cuadros del FSLN, todos sujetos a sanciones internacionales y a potencial jurisdicción universal por su rol en la política represiva.
Sanciones, recomendaciones y respuesta internacional
Como respuesta, la comunidad internacional ha impuesto sanciones financieras y de movilidad contra individuos y entidades oficiales, principalmente por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Reino Unido.
También, dice el grupo de expertos, se iniciaron investigaciones y medidas cautelares desde organizaciones multilaterales, e instan a fortalecer la jurisdicción universal para procesar estos crímenes.
Entre las recomendaciones más destacadas figuran: la liberación inmediata de personas detenidas arbitrariamente, la revelación del paradero de desaparecidos, la suspensión integral de la persecución política, la restitución de derechos a víctimas y exiliados, la abolición de reformas legales incompatibles con los tratados internacionales y la implementación de reparaciones con enfoque de género.
De acuerdo al Grupo de Expertos, urge una respuesta internacional coordinada y sostenida en los planos político, judicial y humanitario para enfrentar el modelo represivo estatal y limitar el avance del control absoluto sobre la sociedad nicaragüense.
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