El gobierno de Nicaragua incrementa concesiones mineras en zonas ecológicas y territorios indígenas

La expansión de la minería a gran escala en Nicaragua gana velocidad y despierta alarma ante la creciente presencia de capital extranjero en zonas ambientales y territorios indígenas.

Al cierre de 2023, el país había concedido 299 licencias mineras —172 para metales y 127 para otros minerales—, mientras el valor de sus exportaciones mineras alcanzaba USD 1.391,6 millones, lo que representa un aumento del 20.1 % en comparación con el año anterior, según los registros del Banco Central nicaragüense.

Estas cifras económicas coexisten con denuncias de afectaciones sobre la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, que funciona como pulmón biológico y hábitat clave para especies y recursos hídricos, en medio de cuestionamientos a la protección legal de estos territorios.

En este contexto, el Gobierno de Nicaragua avanza con su estrategia de apertura a la inversión internacional en el sector extractivo, habilitando un flujo constante de concesiones a empresas chinas.

Según el Diario Oficial La Gaceta, la multinacional Nicaragua XinXin Linze Minería Group S.A. obtuvo dos nuevos permisos para explotar minas a cielo abierto.

Estas concesiones cubren 39,946.06 hectáreas y abarcan zonas del departamento de Jinotega y las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. Así, el área total bajo control de la compañía china asciende a 131.622,07 hectáreas, con operaciones tanto en minerales metálicos como no metálicos. El conjunto de zonas entregadas incluye el lote Victoria, en Bluefields (33.910 hectáreas), y La diabla-Cerro Kum, que suma 6.036,06 hectáreas entre San José de Bocay y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

En los últimos dos años, las autoridades lideradas por Daniel Ortega y Rosario Murillo han concedido más de 30 concesiones mineras a firmas chinas, superando las 800,000 hectáreas autorizadas para exploración y explotación, parte importante de las cuales corresponde a áreas ambientalmente delicadas como la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

Entidades como la Fundación del Río advierten que la entrega de estos títulos vulnera la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica. La situación se intensificó después de que la Asamblea derogase, el 6 de mayo, la normativa que regulaba las áreas protegidas bajo la Ley de áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible.

El avance extractivo suscita la oposición de organizaciones ambientalistas e indígenas. Desde la Fundación del Río sostienen que, además de consolidar la minería industrial, "se estaría legalizando la actividad minera en esa zona de conservación“, con riesgos para los ecosistemas y la autonomía local.

La organización también ha identificado el crecimiento de la minería artesanal ilegal dentro de la reserva, lo que incrementa el estrés sobre los territorios protegidos.

En el plano político, agrupaciones opositoras en el exilio, articuladas bajo la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude), han definido la política actual de concesiones como un "ecocidio" y han exigido la "anulación inmediata" de todas las licencias autorizadas dentro de territorios indígenas. El conflicto entre los intereses económicos, la legalidad nacional y los derechos colectivos se agrava por la ausencia de mecanismos de consulta y la falta de garantías ambientales robustas.

La entrega sistemática de licencias en áreas ecológicas críticas intensifica el debate sobre la sostenibilidad, la vigencia del marco normativo y la supervivencia de los derechos indígenas frente a la expansión de la actividad minera en Nicaragua.