Caso Triple A en Ecuador: investigan transferencias de propiedades y empresas a familiares de alcalde de Guayaquil

La Fiscalía de Ecuador detalló en la audiencia de vinculación del caso Goleada una serie de bienes y transacciones que, según su teoría, habrían sido transferidos a familiares y personas cercanas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, para resguardar activos ante la investigación del caso Triple A. El fiscal Dennis Villavicencio sostuvo que la madre y primos del alcalde recibieron acciones, capitales y bienes de empresas investigadas por presunta comercialización ilegal de combustibles, mientras que a su esposa se la señaló como beneficiaria de negocios vinculados a Álvarez.

La diligencia se realizó el 29 de mayo de 2026, en el Complejo Judicial Norte de Quito. En esa audiencia la Fiscalía vinculó a Gioconda Henriques, madre del alcalde; Fiorella Icaza, su esposa; Fernando y Andrés Viteri Henriques, primos del funcionario; y Érika Vélez O., contadora relacionada con sus empresas. También fueron vinculadas nueve personas jurídicas, entre ellas Grupo Alva3 S.A., Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., Corpalubri S.A., Indudiesel S.A., Copedesa S.A., Inmobiliaria Fiorema S.A., Inmobiliaria Álvarez Hache S.A., Operoil S.A. y CHN S.A.

Según Ecuavisa, la Fiscalía expuso que Gioconda Henriques, en representación de Inmobiliaria Fiorema S.A., adquirió vehículos valorados en USD 325.000, USD 120.000 y USD 63.000, cuyos vendedores habrían sido Aquiles Álvarez y Fiorella Icaza. También se mencionó la transferencia de una vivienda valorada en USD 1,2 millones, un terreno de USD 162.000 y un departamento de USD 120.000. En esos casos, los vendedores habrían sido Inmobiliaria Álvarez H S.A. y Corpalubri, compañías relacionadas con los Álvarez, según la misma fuente.

La Fiscalía también señaló operaciones atribuidas a Fiorella Icaza. Según la televisora ecuatoriana, Icaza, como representante de Inmobiliaria Fiorema S.A., compró dos departamentos en Blue Bay, en Isla Mocolí, valorados en USD 304.000 y USD 335.000. Además, habría suscrito una promesa de compraventa de la gasolinera Petroquil por USD 4 millones, con un anticipo de USD 1 millón pagado mediante cheque.

El Ministerio Público también mencionó a Fernando Viteri Henriques. De acuerdo con Ecuavisa, la Fiscalía lo identificó como una persona clave en el traspaso de bienes de Xavier y Mario Álvarez a Inmobiliaria Fiorema S.A., debido a que actuó como apoderado de ambos. En esa línea, se informó que Xavier Álvarez vendió un solar en Isla Mocolí por USD 397.000, mientras que Antonio Álvarez transfirió dos vehículos valorados en USD 104.000 y USD 71.000. También se registraron otros vehículos de Xavier Álvarez por USD 41.000, USD 52.000 y USD 9.000. Andrés Viteri, otro primo del alcalde, aparece con la compra de un departamento de USD 250.000 en La Puntilla.

La teoría fiscal sostiene que los procesados habrían conformado una estructura empresarial para introducir en el sistema financiero recursos obtenidos de la venta irregular de combustibles subsidiados. La Fiscalía indicó que el grupo habría adquirido diésel subsidiado destinado a embarcaciones de bandera nacional, pero presuntamente lo habría desviado a otros segmentos para obtener ganancias.

El caso Goleada se inició el 10 de febrero de 2026 con allanamientos a residencias vinculadas al entorno de Álvarez. Inicialmente se investigó delincuencia organizada y, desde el 14 de mayo, la causa pasó a lavado de activos. La instrucción fiscal está prevista hasta el 11 de junio de 2026.

La Fiscalía solicitó medidas cautelares diferenciadas. Según Primicias, para Gioconda Henriques pidió presentación periódica ante el consulado ecuatoriano en Miami, donde reside; para Fiorella Icaza, prohibición de salida del país y presentaciones periódicas; y para Fernando Viteri, Andrés Viteri y Érika Vélez, prisión preventiva.

La defensa rechazó la tesis fiscal. El abogado Ramiro García aseguró que la Fiscalía no cuenta con pruebas sólidas ni elementos suficientes para sostener la existencia del delito. Ecuavisa también recogió que los abogados de los vinculados sostienen que las operaciones señaladas no corresponden a lavado de activos, sino a transacciones societarias lícitas.