
Bolivia inició una nueva etapa en el abastecimiento de combustibles después de eliminar la subvención al diésel y elevar su precio de 9,80 a 17,95 bolivianos por litro, un incremento superior al 80% que comenzó a repercutir sobre los costos del transporte y abrió negociaciones para actualizar los fletes.
El cambio adquiere especial relevancia para la logística boliviana porque el país importa alrededor del 95% del diésel que consume y arrastra dificultades de abastecimiento desde 2024. La reacción alcanzó rápidamente al transporte de combustibles: los cisterneros anunciaron inicialmente la suspensión de las operaciones, aunque posteriormente acordaron mantenerlas mientras continúan las conversaciones con el Gobierno sobre los nuevos costos.
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Un nuevo precio atado al costo de importación
El cambio quedó establecido mediante el Decreto Supremo 5716, aprobado el 18 de septiembre, que fijó inicialmente el precio final regulado del diésel en 17,95 bolivianos por litro, IVA incluido. Hasta entonces, los pequeños consumidores accedían al combustible por 9,80 bolivianos.
La medida también modifica el mecanismo utilizado para determinar su valor. El nuevo esquema toma como referencia el Precio de Paridad de Importación (PPI), que incorpora componentes como el costo del combustible importado, el transporte nacional e internacional, el almacenamiento, la inspección, los costos financieros y los tributos aduaneros.
El precio podrá modificarse en función de las referencias internacionales, a partir de un sistema de bandas previsto en la nueva normativa. De esta manera, el valor interno deja de permanecer fijo y queda más directamente relacionado con el costo de abastecimiento externo.
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La decisión se produce en un escenario marcado por una fuerte dependencia de las compras internacionales. Según los datos difundidos, Bolivia importa cerca del 95% del diésel y el 60% de la gasolina que consume, con un desembolso aproximado de US$90 millones semanales para la adquisición de combustibles.
El Gobierno boliviano sostiene que la eliminación de la subvención permitirá garantizar el abastecimiento y reducir un gasto que estimó en alrededor de US$2.600 millones anuales. Junto con la modificación anunció créditos en condiciones preferenciales para determinados sectores productivos y otras medidas económicas.

Los nuevos costos llegan al transporte de cargas
El impacto sobre la logística apareció inmediatamente después de conocerse el nuevo precio. La Cámara Nacional de Cisterneros había comunicado la suspensión del traslado de carburantes mientras reclamaba una adecuación de los fletes frente al aumento del principal insumo de su actividad.
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El sector señaló que el cambio modifica directamente su estructura de costos y planteó la necesidad de alcanzar un nuevo esquema tarifario que permita sostener las operaciones.
La situación también adquirió una dimensión vinculada con los corredores internacionales de abastecimiento. Representantes del transporte cisterna informaron inicialmente que había cargas detenidas en distintos puntos de ingreso y mencionaron operaciones vinculadas con puertos del Pacífico, Paraguay y Argentina.
Sin embargo, tras reuniones con autoridades nacionales, este lunes los cisterneros acordaron mantener con normalidad el transporte de combustibles mientras continúan las conversaciones sobre los costos operativos y los fletes. El entendimiento dejó sin efecto la suspensión de carga y descarga que había sido anunciada previamente.
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La presión sobre el transporte no se limita a las cisternas. Organizaciones de choferes también rechazaron el nuevo esquema y comenzaron a evaluar medidas, mientras diferentes segmentos del transporte reclaman revisar sus estructuras tarifarias.
En Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, representantes del transporte urbano señalaron que el nuevo valor del combustible obliga a recalcular costos vinculados no solo al diésel, sino también a mantenimiento, repuestos y neumáticos.
Una dependencia que condiciona el abastecimiento
El cambio en el precio del diésel se inserta en un problema energético de mayor alcance. La producción boliviana de gas natural pasó de alrededor de 61 millones de metros cúbicos diarios en 2014 a unos 27 millones, una caída que redujo los ingresos provenientes de sus exportaciones y limitó la disponibilidad de recursos para financiar las importaciones de combustibles.
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Como parte de las medidas para modificar esa estructura, el Gobierno había habilitado previamente la importación privada de combustibles y autorizó a refinerías locales a adquirir petróleo crudo del exterior para procesarlo en Bolivia.
Las plantas Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell procesaban en conjunto 24.067 barriles diarios, cerca del 38% de su capacidad de diseño, según la información difundida por la petrolera estatal. El plan contempla incorporar entre 5.000 y 7.000 barriles diarios adicionales en una primera etapa.
También se flexibilizaron procedimientos aduaneros para facilitar el almacenamiento, la transferencia y la comercialización de combustibles importados, con el objetivo de reducir tiempos administrativos y aportar mayor trazabilidad a las operaciones.
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Así, el salto en el precio del diésel abre un período de ajuste para una cadena logística fuertemente dependiente del abastecimiento externo. La revisión de los fletes, la continuidad del transporte de combustibles y el funcionamiento de los corredores de importación aparecen ahora entre los principales puntos a seguir mientras el nuevo esquema comienza a trasladarse a la operación cotidiana.
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