Reforma en el transporte de cargas: suprimen aranceles y simplifican habilitaciones

El transporte automotor de cargas en la Argentina enfrenta uno de los cambios regulatorios más profundos de las últimas décadas.

El Ministerio de Economía oficializó la Resolución 1878/2025, una medida que elimina por completo el esquema de aranceles que regía desde principios de los años 90 para trámites vinculados al sector. La decisión marca un giro hacia una política de desregulación que busca reducir costos y simplificar procesos.

Durante más de treinta años, las empresas transportistas debieron afrontar pagos obligatorios para obtener, renovar o modificar habilitaciones, permisos de transporte internacional terrestre bajo el ATIT, y altas y bajas de unidades. Estos aranceles surgieron de un entramado normativo consolidado entre 1992 y 2001, que la CNRT aplicó en forma ininterrumpida.

La nueva resolución pone fin a ese sistema. La cartera económica dispuso la derogación de la resolución que originó el régimen arancelario y eliminó también disposiciones posteriores que establecían categorías de trámites, montos y procedimientos. Además, deja sin efecto artículos clave de la Resolución 433/2022, que requerían el pago de aranceles para obtener el Permiso Originario del ATIT.

La modificación no se limita a un gesto administrativo. La medida se enmarca en un enfoque que prioriza la eficiencia, la simplificación y la apertura, según señalan los considerandos oficiales. Los equipos técnicos del Ministerio de Economía y la CNRT sostuvieron que la eliminación de los aranceles no afecta la capacidad de fiscalización ni los mecanismos de control del Estado.

Un cambio operativo para el transporte de cargas

En lo concreto, la resolución implica que las empresas ya no deberán presentar comprobantes de pago para iniciar o completar trámites ante la autoridad regulatoria. La obligación de abonar aranceles era uno de los puntos que más impactaba en la operatoria cotidiana y podía generar demoras en procesos esenciales como las habilitaciones y la renovación de permisos.

En el transporte internacional, la medida reconfigura el trámite para la obtención del Permiso Originario ATIT, indispensable para operar cargas entre países limítrofes. Hasta ahora, los transportistas debían realizar un pago por cada solicitud, lo cual sumaba costos y tiempos. La eliminación del arancel mejora la previsibilidad operativa y acelera el inicio o la continuidad de servicios transfronterizos.

La resolución también se articula con una serie de decretos y normas recientes que redefinen los marcos legales del sector. Los decretos aprobados en 2024 reorganizaron registros, procedimientos y exigencias para los servicios automotores de pasajeros y cargas. La Resolución 1878/2025 complementa este proceso al eliminar un componente considerado anacrónico en el nuevo esquema regulatorio.

Desde una perspectiva sectorial, el impacto es notable. Por un lado, representa una reducción directa de costos administrativos en un contexto donde la competitividad está cada vez más influida por la eficiencia operativa. Por otro, facilita un acceso más ágil a la documentación necesaria para asegurar la disponibilidad de flota habilitada, especialmente en períodos de alta demanda.

La medida también envía una señal al mercado: el Estado apunta a un marco regulatorio menos orientado a la recaudación y más al funcionamiento operativo del sistema. En un sector sensible a los costos —combustibles, repuestos y mantenimiento—, la eliminación de aranceles no resuelve los desafíos estructurales, pero sí alivia un componente transversal a empresas grandes, medianas y pequeñas.

Con su entrada en vigencia inmediata, la desregulación del sistema arancelario abre una nueva etapa para el transporte automotor de cargas. Las empresas deberán esperar ahora la adecuación de los procedimientos internos de la CNRT y la actualización de los sistemas administrativos, que ya no exigirán comprobantes de pago. En un escenario donde la competitividad y la agilidad operativa se vuelven centrales, la resolución aparece como un paso que modifica la lógica tradicional de gestión y habilitación en uno de los sectores claves para la economía argentina.