
En 2020, la periodista Anabel Hernández publicó una columna en el medio alemán DW en la que dio a conocer que de acuerdo con documentos oficiales de una corte federal de Estados Unidos, se revelaba un aspecto poco conocido de la trayectoria criminal de Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”: además de ser uno de los narcotraficantes más violentos de México, también colaboró como informante confidencial de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
En el texto, Hernández sostiene que el operador de la organización de los Beltrán Leyva desempeñó un papel de doble agente, pues mientras continuaba formando parte de una de las estructuras criminales más poderosas del país, entregaba información a las autoridades estadounidenses sobre otros capos y sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado.
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La periodista explica que los documentos judiciales muestran que Valdez Villarreal colaboró con la DEA entre 2008 y 2010, periodo en el que la violencia entre los principales cárteles alcanzó algunos de sus niveles más altos debido a la ruptura entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva.
De acuerdo con la columna, el caso ilustra la complejidad de las relaciones entre organizaciones criminales, agencias de seguridad y autoridades de ambos lados de la frontera.
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La ruptura entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa cambió su destino
Edgar Valdez Villarreal nació en Nuevo Laredo, Texas, en 1973, y desde joven acumuló diversos antecedentes penales en Estados Unidos relacionados con posesión de marihuana, conducción bajo los efectos de drogas y otros delitos, aunque en repetidas ocasiones logró evitar penas de prisión.

Posteriormente se trasladó a México, donde inició su carrera dentro del narcotráfico en Tamaulipas y, con el paso del tiempo, se incorporó a la organización encabezada por Arturo Beltrán Leyva, convirtiéndose en uno de sus hombres de mayor confianza.
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Durante los primeros años de la década de 2000, “La Barbie” fue identificado como uno de los principales operadores armados de los Beltrán Leyva y participó activamente en la guerra contra el Cártel del Golfo y Los Zetas, enfrentamientos que coincidieron con una escalada de violencia caracterizada por ejecuciones, decapitaciones y otros actos de extrema brutalidad.
La columna señala que el primer acercamiento de Valdez Villarreal con autoridades estadounidenses ocurrió en 2004, cuando buscó negociar la eliminación de procesos judiciales pendientes en Texas.
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Según Hernández, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pretendía que colaborara para capturar a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a Arturo Beltrán Leyva, propuesta que inicialmente rechazó.
Sin embargo, el escenario cambió tras la fractura entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva. Fue entonces, asegura la periodista, cuando “La Barbie” retomó el contacto con las autoridades estadounidenses mediante un intermediario y comenzó a colaborar con la DEA.
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La información que entregó iba más allá del narcotráfico
En su columna, Anabel Hernández sostiene que la importancia de “La Barbie” como informante no se limitaba a su conocimiento sobre las operaciones de los Beltrán Leyva.
También habría proporcionado información relacionada con presuntos actos de corrupción dentro de las instituciones de seguridad mexicanas durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
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Entre los nombres mencionados por la periodista figura Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública federal, así como otros altos mandos policiacos con quienes, según la versión expuesta en la columna, Valdez Villarreal habría tenido contacto directo.
Hernández recuerda además que, tras la captura de “La Barbie” en agosto de 2010, el narcotraficante le envió una carta que fue publicada en el periódico Reforma en 2012, en la que afirmaba que García Luna y miembros de su círculo habían recibido dinero del narcotráfico y aseguraba que existían reuniones entre funcionarios y líderes criminales.
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La periodista también señala que uno de los funcionarios mencionados en la columna era Armando Espinosa de Benito, a quien identifica como un enlace entre agencias estadounidenses y autoridades mexicanas, y sobre quien plantea señalamientos relacionados con el manejo de información de inteligencia.
Finalmente, Hernández plantea una serie de cuestionamientos sobre el papel de las autoridades estadounidenses. Si la DEA recibió información de “La Barbie” entre 2008 y 2010 sobre presuntos actos de corrupción de funcionarios mexicanos, se pregunta por qué esas denuncias no derivaron entonces en acciones para frenar esas conductas.
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La columna concluye señalando que el proceso judicial que años después enfrentó Genaro García Luna en Estados Unidos podría ayudar a esclarecer no sólo las redes de corrupción dentro de México, sino también el nivel de conocimiento que tuvieron las autoridades estadounidenses sobre esos hechos y la forma en que administraron la información proporcionada por uno de los narcotraficantes más notorios del país.
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