Así fue la operación similar a Rápido y Furioso en México, pero con fentanilo en Nuevo México

Una nueva controversia sacude a las agencias de seguridad de Estados Unidos luego de que el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, solicitara una investigación independiente sobre una operación que presuntamente permitió la distribución masiva de fentanilo en el estado de Nuevo México durante dos años para rastrear a organizaciones criminales.

Aunque las circunstancias y los delitos investigados son distintos, el caso ha sido comparado con el polémico operativo “Rápido y Furioso”, desarrollado entre 2009 y 2011, cuando autoridades estadounidenses permitieron que miles de armas cruzaran ilegalmente hacia México con la intención de identificar a los líderes de los cárteles que las adquirían.

En ambos casos, el elemento que ha generado mayor polémica es la presunta decisión de permitir que actividades ilícitas continuaran temporalmente como parte de una estrategia de inteligencia, con el propósito de seguir la ruta de los responsables hasta niveles superiores de las organizaciones criminales.

La estrategia que marcó el caso Rápido y Furioso

El operativo “Rápido y Furioso” comenzó a gestarse el 26 de octubre de 2009, cuando altos funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos el entonces director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Kenneth Melson; la administradora de la DEA, Michele Leonhart; y el director del FBI, Robert Mueller, acordaron implementar una estrategia para combatir el tráfico de armas hacia México.

El plan consistía en no detener inmediatamente a los compradores sospechosos de adquirir armamento de alto poder. En cambio, los agentes debían seguir el recorrido de las armas hasta identificar a los integrantes de los cárteles mexicanos que finalmente las recibían.

La operación arrancó pocos días después, cuando una tienda de armas alertó a la ATF sobre un hombre que había comprado varios rifles AK-47. Conforme avanzó la investigación, las compras crecieron hasta sumar cientos de armas, mientras los agentes recibían instrucciones de limitarse a observar su traslado sin intervenir.

De acuerdo con investigaciones posteriores, alrededor de 2 mil 500 armas terminaron cruzando ilegalmente la frontera hacia México.

Sin embargo, la estrategia fue duramente cuestionada desde sus primeras etapas por agentes que consideraban insuficiente el marco legal para evitar que ese armamento terminara siendo utilizado en hechos violentos.

Las críticas se intensificaron en diciembre de 2010, cuando el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry fue asesinado y, durante la investigación, se determinó que una de las armas recuperadas estaba vinculada con el operativo.

La existencia de “Rápido y Furioso” se hizo pública en 2011 tras diversas filtraciones, lo que provocó una crisis política entre ambos países y abrió investigaciones tanto en Estados Unidos como en México.

Mientras el gobierno mexicano aseguró inicialmente desconocer la operación, posteriormente surgieron versiones encontradas sobre el grado de conocimiento que tuvieron autoridades nacionales. Años después, la Fiscalía General de la República reabrió el caso y obtuvo órdenes de aprehensión contra exfuncionarios mexicanos presuntamente relacionados con la estrategia.

La nueva investigación por el presunto libre tránsito de fentanilo

Quince años después de aquella polémica, una nueva denuncia vuelve a colocar bajo escrutinio las tácticas empleadas por agencias estadounidenses.

El administrador de la DEA, Terrance C. Cole, solicitó que la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia realice una investigación independiente sobre las acusaciones hechas por el agente especial David M. Howell.

Según el denunciante, entre 2023 y 2025 se permitió deliberadamente la venta y distribución de grandes cantidades de fentanilo en Nuevo México con el objetivo de seguir las cadenas de distribución y fabricación de esta droga sintética.

Las acusaciones, difundidas por medios estadounidenses, sostienen que la estrategia buscaba identificar a integrantes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de narcóticos, aun cuando el fentanilo ya representaba una grave crisis de salud pública en Estados Unidos.

Ante ello, Cole señaló que las decisiones operativas adoptadas por agentes que enfrentan diariamente a organizaciones criminales deben ser revisadas mediante una evaluación independiente y objetiva para determinar si existieron irregularidades.

Hasta el momento, la DEA no ha confirmado que dicha operación haya ocurrido en los términos denunciados, por lo que el caso permanece bajo investigación.

Similitudes y diferencias entre ambos casos

Aunque uno involucra armas de fuego y el otro presuntamente drogas sintéticas, ambos expedientes comparten un principio operativo similar: permitir que una actividad ilícita continúe bajo vigilancia con la intención de identificar a los responsables de mayor jerarquía dentro de organizaciones criminales.

No obstante, existen diferencias importantes.

En el caso de “Rápido y Furioso”, la operación fue confirmada oficialmente tras las investigaciones realizadas por el Congreso estadounidense y derivó en consecuencias políticas, judiciales y diplomáticas entre México y Estados Unidos.

En contraste, la presunta operación relacionada con el fentanilo aún se encuentra bajo revisión y su existencia depende de las conclusiones que arroje la investigación solicitada por la propia dirección de la DEA.

Pese a ello, el paralelismo ha reavivado el debate sobre los límites de las operaciones encubiertas y los riesgos de permitir que armas o drogas permanezcan en circulación como parte de estrategias de inteligencia. Para especialistas en seguridad, ambos casos ilustran el delicado equilibrio entre la obtención de información para desmantelar redes criminales y las posibles consecuencias de dejar que productos altamente peligrosos lleguen a manos de organizaciones delictivas.