Sexilio en México: la violencia y discriminación que expulsan a personas LGBTIQ+ de sus comunidades

El desplazamiento interno en México ha experimentado un crecimiento acelerado en el último año. Casi el doble de personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares entre 2023 y 2024, de acuerdo con el informe “Travesías forzadas. Desplazamiento interno en México 2024”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Este fenómeno no distingue entre grandes ciudades o pequeñas localidades, un ejemplo es la Ciudad de México y las urbes fronterizas como Tijuana, las cuales se han consolidado como refugio para quienes buscan escapar de la violencia.

Las causas de esta situación son diversas, pero la egresión ligada al crimen organizado predomina, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). A esta problemática se suman los embates de desastres naturales, aunque en menor medida.

Solo en 2024, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró que, al menos, 28.000 personas tuvieron que dejar sus comunidades debido a las actividades de grupos criminales.

Además de la delincuencia, otras formas de violencia obligan a miles a desplazarse. La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jiménez-Damary, documentó tras su visita a México en junio de 2023 casos vinculados a desapariciones, feminicidios, violencia sexual, extorsión y reclutamiento forzado, de acuerdo con la UNAM.

Qué es el sexilio y cómo afecta a la comunidad LGBTIQ+

Entre las causas menos visibilizadas de la reubicación forzada en el país destaca la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género.

El sociólogo puertorriqueño Manuel Guzmán denominó a este fenómeno “sexilio”, que ocurre cuando personas LGBTIQ+ se ven obligadas a dejar sus lugares de origen para buscar un entorno más seguro y tolerante.

La doctora en Derecho por la Universidad La Salle, Alma Cosette Guadarrama Muñoz, detalla que este fenómeno se produce cuando no existe garantía al libre desarrollo de la personalidad, lo que obliga a quienes lo sufren a trasladarse a entidades con mayor protección institucional. Muchas veces quienes migran por estos motivos ni siquiera identifican que su movilidad es forzada.

Un ejemplo de estas trayectorias es el caso de Xux Ek Navarro, una mujer trans que, tras ser víctima de violencia en Guanajuato, solicitó refugio en Casa Frida, una organización dedicada a la atención de personas LGBTI+. Navarro relata que además de la agresión directa, enfrentó discriminación en el acceso a servicios médicos y laborales. Al buscar ayuda policial, no solo recibió burlas, sino que también fue responsabilizada de su situación por su identidad de género.

En México, la discriminación y la falta de protección estatal generan condiciones para que personas del colectivo deban abandonar sus hogares. La ausencia de políticas públicas específicas complica aún más el acceso a la justicia y la reparación para quienes huyen motivados por intolerancia y violencia de género.

Obstáculos legales y falta de datos

El marco normativo en el país no responde a la complejidad del desplazamiento interno. Aunque la ACNUR ha brindado asistencia desde 2019, en México no existe una ley federal que proteja a las personas trasladadas. Si bien en 2020 se intentó aprobar una iniciativa que contemplaba causas como orientación sexual e identidad de género, la iniciativa quedó archivada tras el cambio de legislatura.

Solo cinco entidades federativas —Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca— cuentan con leyes locales sobre desplazamiento; Oaxaca es la única que reconoce la discriminación por orientación sexual como causal. Diversos especialistas advierten que la ausencia de registros oficiales desagregados dificulta medir el impacto en la población LGBTIQ+.

Para atenuar esta carencia, la ACNUR ha colaborado con el INEGI y el CONAPO para que la Encuesta Intercensal de 2025 incorpore preguntas sobre movilidad interna. Los resultados, previstos para 2026, podrían aportar información detallada para diseñar mejores respuestas institucionales y atender las necesidades específicas de las víctimas.