
La situación del senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, continúa generando cuestionamientos en el Senado de la República, luego de que la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, reconociera que desconoce cómo se realiza el pago de la dieta del legislador tras el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Durante una entrevista con medios de comunicación, Castillo señaló que el tema corresponde al ámbito administrativo del Senado y evitó precisar si Inzunza sigue recibiendo sus percepciones económicas o si ha presentado algún justificante formal por sus ausencias en la Comisión Permanente.
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“Es una cuestión de carácter administrativo”, respondió la legisladora al ser cuestionada sobre la situación financiera del senador sinaloense y la posibilidad de que continúe recibiendo su dieta pese a las restricciones financieras derivadas de la medida aplicada por la UIF.

Persisten las ausencias en la Comisión Permanente
La controversia se produce en medio de la prolongada ausencia de Enrique Inzunza en las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
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Aunque forma parte de este órgano legislativo, el senador no ha participado en las actividades parlamentarias desde finales de abril, cuando se hicieron públicas acusaciones en su contra por parte de autoridades estadounidenses.
Castillo justificó la operación de la Comisión Permanente al señalar que el órgano no funciona bajo una lógica estricta de propietarios y suplentes, sino que lo importante es mantener el número requerido de legisladores presentes para sesionar.
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Sin embargo, la ausencia del legislador ha generado cuestionamientos entre integrantes de la oposición, quienes han solicitado explicaciones sobre su situación jurídica y administrativa.
El dilema legal sobre el pago de la dieta
El caso ha colocado al Senado en una situación poco común. De acuerdo con diversos análisis jurídicos publicados en semanas recientes, la Cámara Alta tendría la obligación de cubrir la dieta correspondiente al legislador mientras conserve su cargo o no exista una determinación legal que suspenda sus derechos.
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No obstante, el congelamiento de cuentas bancarias abre un escenario complejo, ya que la Ley de Instituciones de Crédito establece restricciones para realizar operaciones financieras con personas incluidas en listas de cuentas bloqueadas.

Ante ello, las áreas administrativas del Senado habrían analizado alternativas legales para cumplir simultáneamente con las obligaciones laborales y fiscales del legislador sin contravenir las disposiciones financieras vigentes.
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Acusaciones y presión política contra Inzunza
La ausencia de Inzunza ocurre después de que fiscales federales de Estados Unidos lo señalaran, junto con otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Las acusaciones forman parte de una investigación abierta por autoridades estadounidenses.
Hasta el momento, el senador no enfrenta una imputación formal en México ni existe confirmación oficial de una ficha roja de Interpol en su contra.
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El legislador ha rechazado los señalamientos y posteriormente solicitó licencia temporal al Senado, mientras continúan las investigaciones tanto en México como en Estados Unidos.
Oposición exige explicaciones sobre recursos públicos
La situación también ha provocado críticas desde la oposición. La senadora priista Carolina Viggiano cuestionó que Inzunza continúe percibiendo recursos públicos mientras no se presenta a desempeñar sus funciones legislativas.
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Entre los principales cuestionamientos planteados por legisladores opositores destacan:
- La falta de asistencia de Inzunza a las sesiones de la Comisión Permanente.
- La incertidumbre sobre el pago de su dieta tras el congelamiento de cuentas.
- La ausencia de información pública sobre posibles descuentos por inasistencias.
- El impacto que el caso puede tener en la imagen institucional del Senado.

Senado mantiene reserva sobre el caso
Por ahora, la Mesa Directiva del Senado ha mantenido una postura cautelosa y ha remitido cualquier información relacionada con pagos, ausencias o procedimientos administrativos a las áreas correspondientes.
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Mientras continúan las investigaciones y el debate político en torno al caso, persisten las dudas sobre la situación administrativa del senador sinaloense y sobre los mecanismos que el Senado podría aplicar para cumplir con sus obligaciones legales en un escenario marcado por restricciones financieras y cuestionamientos públicos.
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