SCJN y personas desplazadas, este es el caso que podría ordenar la protección de los exiliados

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo 1 de junio el Amparo en Revisión 269/2025, un caso con el que el Estado mexicano podría ser obligado a atender el desplazamiento forzado interno, una crisis que suma alrededor de 390 mil personas desplazadas desde 2016 y que, según el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, sigue sin una ley federal, sin una institución especializada y sin presupuesto integral para su atención.

El asunto llegó al Pleno de la SCJN después de que el Consejo Nacional de Litigio Estratégico promovió un juicio de amparo indirecto por omisiones legislativas e institucionales del Estado mexicano, según el comunicado del propio organismo difundido este 28 de mayo. De acuerdo con el Consejo, la Corte atrajo el recurso de revisión por su trascendencia.

La organización sostuvo en su comunicado que la crisis se ha mantenido “documentada pero ignorada durante más de una década”. También afirmó en un mensaje publicado en X que “cientos de miles de personas” permanecen desplazadas y que existen “cero leyes federales” para protegerlas.

El proyecto de la ministra Ríos González propone negar el amparo

Según el comunicado del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, el proyecto que presenta la ministra María Estela Ríos González propone negar el amparo. La organización señaló que esa propuesta sostiene que ni la Constitución ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen un mandato suficientemente específico para legislar en la materia.

El documento añadió que, bajo ese criterio, las recomendaciones reiteradas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) serían orientadoras. Para el Consejo, esa postura dejaría sin protección judicial una crisis humanitaria que, afirmó, ha sido señalada de forma reiterada por organismos internacionales.

La CIDH recomendó a México en 2013, 2015 y 2022 adoptar legislación federal sobre desplazamiento forzado interno, crear una institución encargada de proteger a las personas desplazadas y destinar presupuesto para su atención integral. De acuerdo con el Consejo, ninguna de esas recomendaciones ha sido atendida hasta ahora.

El crecimiento del fenómeno también destaca. Según datos que el Consejo atribuye al Observatorio Internacional de Desplazamiento Interno, en 2024 hubo un aumento de 129% en el número de personas desplazadas internas.

El litigio busca que la Corte reconozca obligaciones del Estado mexicano

La pregunta central del caso es si la Suprema Corte puede reconocer que la falta de un marco jurídico federal para atender el desplazamiento forzado interno produce violaciones concretas a derechos humanos. Según el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, eso incluye afectaciones a la salud, la educación de los hijos, el empleo, los medios de subsistencia y el derecho a una vivienda digna.

En su comunicado, la organización planteó que el desplazamiento forzado no implica una sola violación, sino “una cadena de vulneraciones que se acumulan y se agravan con el tiempo”. También pidió a la SCJN resolver con perspectiva de derechos humanos y “a la altura de la gravedad de la crisis”.

El Consejo afirmó que el Pleno “tiene la oportunidad” de ordenar la protección de los derechos humanos de las personas integrantes de grupos desplazados. Sostuvo que las víctimas y los organismos internacionales ya han documentado la crisis y que el Máximo Tribunal del país no debería permanecer al margen.