Desplazamiento forzado en México: familias huyen por violencia, drones y reclutamiento de menores

La falta de una legislación federal y la ausencia de cifras oficiales sobre el desplazamiento forzado interno en México han dejado a comunidades expuestas sin un protocolo unificado de atención, según detalla el reporte “Geografías de la crueldad”, elaborado por el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Universidad Iberoamericana.

Este documento reúne la voz de más de 33 expertos de la academia, la sociedad civil y el periodismo, quienes coinciden en que el país carece de una respuesta integral para quienes han debido abandonar su hogar por la violencia.

Actualmente, solo existen leyes estatales en Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca que contemplan la prevención, atención o reparación de este fenómeno.

Violencias acumuladas y el desplazamiento forzado en México

El apartado “El continuo de las violencias. Desplazamiento y desaparición” resalta que ambos fenómenos suelen tratarse de manera independiente en el debate público.

Sin embargo, el análisis del PSC se asegura que son procesos que se retroalimentan y forman parte de un mismo patrón.

“Las desapariciones, el desplazamiento forzado y los homicidios forman parte de eventos continuos y acumulados de violencia que se entrelazan en las disputas por los territorios entre organizaciones criminales”, se explica.

En Zacatecas, el investigador Jairo Antonio López, de El Colegio de México, aportó un análisis basado en cuatro años de trabajo de campo y acompañamiento a víctimas.

El crimen organizado en el país fue identificado como la causa principal del desplazamiento interno, aunque en Chiapas la situación es más compleja por la existencia de conflictos sociales y territoriales históricos.

Por otro lado, el estudio también advirtió que hasta el momento no se ha logrado categorizar a las personas afectadas por sexo, edad o etnia, lo que dificulta la creación de políticas focalizadas.

Otro de los apartados, resalta los riesgos adicionales para periodistas, defensores de derechos humanos y las propias personas desplazadas que intentan denunciar estos hechos.

Los testimonios recogidos muestran patrones de reclutamiento obligado de menores, uso de drones para espiar comunidades antes de ataques armados, desplazamientos múltiples de familias y separaciones prolongadas.

En 2025, el PDH de la IBERO registró al menos 15 mil 795 desplazados internos en 73 incidentes repartidos en 11 entidades. El 83% de estos casos estuvo vinculado con la violencia de grupos criminales, siendo Sinaloa, Chihuahua y Michoacán los estados más afectados.

Las violencias casi nunca actúan por separado, sino que están relacionadas con violencia de género, familiar, despojo y falta de protección legal.