Activista de Guerrero denuncia a Evelyn Salgado, 8 alcaldes y a Los Ardillos por crímenes de lesa humanidad en Corte Penal Internacional

Marcela De Jesús Natalina, activista defensora de derechos humanos, denunció ante la Corte Penal Internacional a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ocho alcaldes y al grupo criminal de Los Ardillos por crímenes de lesa humanidad.

Este proceso se llevó a cabo mediante la apertura de un examen preliminar de los hechos ocurridos en la Montaña Baja de Guerrero, en especifico en el municipio de Chilapa y zonas aledañas, donde de manera reciente se registraron ataques armados y con explosivos que provocó el desplazamiento de más de 2 mil personas.

Ante los hechos, la activista indígena llevó a cabo la denuncia al señalarlos como probables responsables de crímenes de lesa humanidad debido a los constantes ataques en contra de las comunidades que no han sido atendidos adecuadamente.

La denuncia atribuye a Los Ardillos una serie de actos que incluyen ataques armados coordinados, desplazamiento forzado de comunidades indígenas, amenazas colectivas, asesinatos, desapariciones, uso de armamento de alto poder, ataques mediante drones explosivos, control territorial violento y persecución contra comunidades indígenas organizadas.

Entre los principales señalados figuran el líder de la organización criminal, así como otros de sus principales operadores, de los cuales algunos han sido funcionarios públicos en el estado y hasta alcaldes:

• Celso Ortega Jiménez
• António Ortega Jiménez
• Jorge Iván Ortega Jiménez
• Bernardo Ortega Jiménez
• Así como a todos los integrantes de este grupo criminal

La denuncia no se limita únicamente al grupo criminal, ya que también señaló a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y ocho alcaldes municipales:

• Mercedes Carballo Chino, alcaldesa de Chilapa
• Ángel Aguilar Romero, alcalde de Acatepec
• Alberto Michi Campos, alcalde de Tixtla
• David Astudillo Morales, alcalde de Quechultenango
• Pedro Ojeda Reyes, alcalde de Ahuacuotzingo
• Gerardo Mosso López, alcalde de Mochitlán
• Jesús Vázquez García, alcalde de Mártir de Cuilapan
• Guillermo Matías Barrón, alcalde de Atlixtac

Los ediles y la gobernadora fueron señalados por presuntos actos de colaboración, tolerancia, facilitación u omisión deliberada ante la violencia continuada ya que que, pese al conocimiento público y reiterado de la situación, las habrían permitido la persistencia de los ataques y contribuido a condiciones de impunidad.

Cabe señalar que algunos de los alcaldes denunciados decidieron abandonar la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz implementada en Chilapa al acusar que ha dejado de cumplir su objetivo; sin embargo, integrantes del Consejo Nacional Indígena (CNI) apuntan a posibles intereses alineados con Los Ardillos.

Hechos concretos y pruebas presentadas

La denuncia detalla que, durante los primeros días de mayo, se registró una intensificación de las agresiones armadas en comunidades indígenas de la Montaña Baja.

Se documentaron ataques prolongados con armas de grueso calibre y el empleo de drones para lanzar artefactos explosivos sobre zonas pobladas por civiles.

Estos hechos provocaron que al menos 2 mil personas tuvieran que huir de sus casas para evitar ser heridos o morir durante las agresiones. Asimismo, señala que las principales comunidades afectadas fueron Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán, Coatzingo y otras localidades indígenas vinculadas al CIPOG-EZ.

Entre las pruebas presentadas destacan documentos oficiales de la Secretaría de Gobernación de México, que reconocen el desplazamiento de comunidades originarias, la violencia ejercida contra estos grupos y la existencia de mecanismos de diálogo con actores vinculados al conflicto.

Además, se integran testimonios de personas desplazadas, miembros de comunidades indígenas, defensores indígenas y representantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

Finalmente, señala que las agresiones ocasionaron la ruptura del tejido comunitario, la interrupción de actividades agrícolas y escolares, la pérdida de control territorial y graves daños a la integridad física, psicológica, social y cultural de las víctimas. Entre quienes han sufrido afectaciones se encuentran niñas, niños, mujeres indígenas, personas adultas mayores, campesinos, autoridades comunitarias y defensores indígenas.