El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, que impone nuevas obligaciones de vigilancia a bancos y entidades financieras —y que podría afectar directamente el flujo de remesas hacia México.
Aunque el documento no menciona explícitamente la palabra “remesas”, sus disposiciones apuntan con claridad al dinero que millones de migrantes mexicanos envían a sus familias cada mes.
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¿Qué dice exactamente la orden?
La orden, fechada el 19 de mayo de 2026, instruye al Departamento del Tesoro a emitir en los próximos 60 días un aviso formal a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con:
- Transferencias transfronterizas de bajo monto, señaladas como vehículos potenciales para financiamiento de actividades ilícitas.
- El uso de plataformas de pago entre particulares (peer-to-peer) y procesadores de pagos de terceros para envíos “fuera de los libros”.
- Patrones de retiros o depósitos repetitivos en montos pequeños que coincidan con ciclos de nómina —práctica conocida como “estructuración”.
Además, ordena reforzar los programas de identificación de clientes, incluyendo la posibilidad de que los bancos soliciten información sobre el estatus migratorio de los cuentahabientes cuando se detecten indicadores de riesgo.
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El impacto potencial para México
México es el tercer receptor de remesas a nivel mundial. En 2025, el Banco de México registró ingresos superiores a los 64 mil millones de dólares por este concepto, la gran mayoría provenientes de Estados Unidos.
La orden de Trump no prohíbe las remesas, pero abre la puerta a que los bancos aumenten la vigilancia, soliciten documentación adicional o incluso rechacen transacciones de migrantes sin estatus legal regular —que representan una parte significativa de quienes envían dinero a sus familias en México.
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ITINs en la mira
Uno de los puntos más sensibles del documento es la mención explícita del ITIN (número de identificación fiscal individual), que es precisamente el documento que usan miles de migrantes indocumentados para abrir cuentas bancarias y realizar transferencias internacionales.
La orden señala que su uso “puede identificarse como un factor de riesgo que requiere diligencia debida reforzada”, lo que en la práctica podría traducirse en mayores obstáculos para quienes dependen de este número para mover su dinero.
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Los plazos que marcan la agenda
Lo que viene
Los reguladores financieros federales —entre ellos la Reserva Federal y la FDIC— deberán emitir en los próximos dos meses guías específicas sobre cómo gestionar los riesgos crediticios asociados a la población migrante sin autorización de trabajo, lo que podría endurecer también el acceso a créditos hipotecarios y préstamos para migrantes mexicanos en Estados Unidos.
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