Qué puntos de la Reforma Judicial aceptó cambiar el Gobierno y cuáles serán las consecuencias

La presidenta Claudia Sheinbaum aceptó modificar aspectos clave de la Reforma Judicial, los cuales, de acuerdo a especialista, fueron anunciados desde un inicio cuando se presentó en 2024.

Durante la conferencia matutina del 18 de mayo, la mandataria dio a conocer una propuesta de reforma que será enviada al Congreso para modificar puntos clave de la reforma, entre los que destaca el cambio de fecha de la elección judicial, que ahora ya no sería en 2027 sino en 2028.

Con este anuncio, el gobierno de México reconocer los problemas operativos y jurídicos señalados por especialistas desde el arranque de la discusión. Otros de los cambios principales es la reducción del número de candidaturas que integrarán las boletas electorales, con el objetivo de simplificar el proceso de selección y evitar la saturación tanto para las autoridades como para la ciudadanía.

Estos son los cambios que cambiarían en la reforma

Aplazamiento de la elección judicial

La iniciativa de reforma constitucional que enviará el gobierno de Sheinbaum tiene el objetivo de mover la próxima elección del Poder Judicial de 2027 a 2028, para evitar que coincida con otras elecciones estatales y municipales.

Esto busca reducir la logística y los costos para el Instituto Nacional Electoral (INE). También responde a las críticas surgidas tras la primera elección judicial en 2025, que enfrentó problemas como baja participación y boletas confusas.

Cambios clave en el modelo de elección

• Creación de una Comisión Coordinadora: Esta comisión evaluará a los candidatos y homologará criterios de selección de perfiles en los tres poderes, buscando transparencia y uniformidad.
• Reducción de candidaturas en boletas: Para facilitar la votación y mejorar la calidad de los perfiles, se reducirá el número de aspirantes que aparecen en cada boleta.
• Simplificación de boletas: La propuesta incluye boletas más simples, con mayor claridad sobre los poderes que postulan a cada aspirante y diferenciación de jueces y magistrados en funciones que buscan reelección.
• Capacitación permanente: Los jueces y magistrados deberán someterse regularmente a programas obligatorios de actualización y evaluación, implementados por el Tribunal de Disciplina Judicial y la Escuela Judicial.
• Replicación de reglas federales en los estados: Los poderes judiciales estatales deberán adaptar sus elecciones a estándares similares a los del ámbito federal.

Otros ajustes relevantes

• Cuando una vacante se produzca por renuncia, muerte o destitución, el cargo permanecerá vacío hasta la siguiente elección, en vez de ocuparlo automáticamente el segundo lugar.
• Se plantea que la elección judicial de 2028 podría coincidir con una eventual consulta de revocación de mandato, si llega a solicitarse conforme al artículo 35 constitucional.

Estas problemáticas ya habían sido advertidas y estas serán sus consecuencias

El académico Jesús Coronado, docente de Derecho en la Universidad Iberoamericana y presidente de la Asociación de Egresadas y Egresados de la IBERO, consideró que el hecho de proponer modificaciones a la reforma revela que existían errores estructurales en el diseño original.

Según el especialista, desde la discusión inicial se advirtió la dificultad de someter a votación popular una gran cantidad de perfiles judiciales sin herramientas claras para que la sociedad conozca y evalúe la trayectoria, experiencia y capacidades de quienes aspiran a cargos en el Poder Judicial.

Subrayó que “no basta con poner nombres en una boleta y esperar que la población pueda tomar una decisión informada sobre perfiles altamente técnicos”, señalando que estas deficiencias ya habían sido advertidas por expertos.

Enfatizó que la revisión de la reforma pone en evidencia la necesidad de fortalecer el análisis jurídico dentro del Poder Legislativo, especialmente cuando se debaten iniciativas que afectan la estructura del Estado. Recalcó que el Congreso requiere la incorporación de más perfiles técnicos en derecho constitucional y electoral, y no solo políticos, para prever consecuencias y evitar correcciones improvisadas durante la implementación.

Las modificaciones aceptadas por el Gobierno tendrán como consecuencia un calendario electoral menos saturado en 2027, mayor claridad para la ciudadanía al momento de votar y la posibilidad de que los perfiles judiciales sean mejor evaluados. Sin embargo, el ajuste también revela la urgencia de profesionalizar el trabajo legislativo y anticipar los efectos de reformas de gran calado, a fin de asegurar que los cambios estructurales cumplan su objetivo sin generar complicaciones adicionales.