Gobierno federal descarta expansión de la violencia por guerra de Los Ardillos y Los Tlacos en Chilapa, Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió este viernes que los ataques armados en la región de la Montaña baja de Guerrero se hayan extendido a otras comunidades. Esto luego de de que el gobierno estatal desmintiera un supuesto incendio en una localidad distinta a Xicotlán la noche anterior.

Durante su conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo precisó que el equipo de la Secretaría de Gobernación permanece en la zona para dar seguimiento a la población afectada, ante el regreso de las 118 personas desplazadas en el municipio de Chilapa.

La mandataria informó que el gabinete de seguridad la actualizó esa misma mañana sobre la situación en la región, en la que subrayó que la subsecretaria Rosa Icela Rodríguez ya regresó luego de encabezar el acompañamiento a las familias afectadas.

Asimismo, subrayó que el gobierno federal optó por el diálogo para facilitar el ingreso de fuerzas de seguridad y atención médica a las comunidades. El objetivo fue evitar enfrentamientos que pusieran en riesgo a la población civil.

El retorno a Xicotlán y el despliegue de seguridad

En días recientes, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, encabezó el acompañamiento a las familias y garantizó que las mesas de diálogo se mantendrán para asegurar que el regreso sea permanente. El operativo incluyó traslado en vehículos oficiales y entrega de alimentos, cobijas, colchonetas y artículos de higiene.

La Secretaría de la Defensa Nacional anunció la instalación de un corredor seguro entre Xicotlán y la cabecera municipal para garantizar el libre tránsito y el ingreso de suministros. Además, arrancó un censo de viviendas dañadas para evaluar afectaciones y apoyar en la reconstrucción.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, personal de derechos humanos del estado y funcionarios de la Mesa Estatal de Paz también participaron en el operativo. Las autoridades comprometieron acompañamiento psicológico y seguimiento emocional para las familias retornadas.

La crisis que obligó a cientos a abandonar sus hogares

La violencia en la Montaña baja de Guerrero se intensificó desde el 6 de mayo, cuando comunidades como Tula, Xicotlán, Alcozacán y Acahuehuetlán denunciaron agresiones armadas atribuidas a integrantes de Los Ardillos. Los pobladores reportaron ataques con armas de alto calibre, incendios de viviendas y sobrevuelos de drones, y algunos debieron refugiarse en cerros mientras continuaban las detonaciones.

Las autoridades federales reconocieron inicialmente 96 personas desplazadas, pero colectivos comunitarios y organismos civiles advirtieron que la cifra podría superar las mil personas en distintas localidades. Organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos calificaron la situación como una crisis humanitaria derivada del desplazamiento masivo.

La disputa entre grupos criminales en el fondo del conflicto

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la región permanece bajo tensión por la disputa territorial entre Los Ardillos y Los Tlacos. Aseguró que la Guardia Nacional, el Ejército y autoridades estatales mantienen presencia en la zona.

En videos difundidos en redes sociales, pobladores aseguraron que los ataques continuaban pese al despliegue anunciado por el gobierno federal. Algunas comunidades llegaron a pedir intervención internacional ante lo que describieron como falta de respuesta de las autoridades.

La exigencia de organizaciones civiles

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y otras organizaciones advirtieron que la violencia en la región refleja años de omisión institucional y exigieron medidas urgentes de protección. Además de los desplazamientos, denunciaron asesinatos y desapariciones vinculadas al conflicto en Xicotlán y Alcozacán.

Habitantes y colectivos civiles coincidieron en que la permanencia del despliegue de seguridad será la condición mínima para evitar que las familias vuelvan a abandonar sus hogares. El retorno de las 118 personas a Xicotlán representó el primer paso de una estabilización que las comunidades afectadas consideran aún frágil.

El caso de Xicotlán reavivó una problemática que durante años ha afectado a comunidades rurales e indígenas de Guerrero atrapadas en disputas entre grupos criminales. La región de la Montaña baja acumula episodios recurrentes de desplazamiento forzado que distintas administraciones no lograron resolver de forma definitiva.